[PRENSA] Podemos recurre la venta de la Junta del Centro de Menores de San Miguel para convertirlo en hotel
Podemos Granada capital ha recurrido en alzada el acuerdo de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía para evitar la enajenación del antiguo Centro de Menores de San Miguel Alto, tras reunirse con la plataforma vecinal Albayzín Habitable.
El portavoz de la formación morada, Salvador Soler, ha afirmado que “además de hacer daño social al barrio del Albayzín, y daño económico al patrimonio público, el procedimiento parte de premisas tramposas.”
El recurso solicita la paralización inmediata de la licitación y la exclusión del inmueble de la subasta, al considerar que la Junta pretende desprenderse de un bien público de gran valor social, urbano, paisajístico y patrimonial sin justificar por qué no puede destinarse a un uso público, social, cultural, educativo, vecinal o dotacional.
El inmueble cuenta con una parcela de unos 1.660 metros cuadrados y cerca de 958 construidos. Aunque actualmente figura calificado como Equipamiento Comunitario SIPS-Religioso, la documentación de la licitación indica que está en tramitación el Plan Especial ARR-01 “Cerro de San Miguel”, dentro del PEPRI Albaicín, que propondría su cambio a uso hotelero. Para Soler, esto significa “regalar valor público a manos privadas”.
El recurso advierte de que la Junta no está vendiendo solo un edificio público en desuso, sino un inmueble situado en un enclave privilegiado acompañado de una expectativa urbanística que «podría incrementar notablemente su valor». Por ello, se exige que la Administración explique por qué lo vende ahora, antes de que el eventual uso hotelero esté definitivamente aprobado, y si la tasación incorpora correctamente esa futura plusvalía.
Dirección de Podemos Granada capital.
El tipo de salida de la primera subasta asciende a 2.524.077 euros, mientras que la segunda partiría de 1.893.057,75 euros. El recurso sostiene que vender el inmueble antes de consolidar el cambio de uso podría permitir que una plusvalía generada por decisiones públicas acabe beneficiando a un operador privado, y no al conjunto de la ciudadanía andaluza.
Explica el portavoz morado que la operación se produce en un contexto de “fuerte presión turística sobre Granada y especialmente sobre barrios históricos como el Albaicín y el Sacromonte”. La posible conversión del antiguo centro público en un hotel de lujo refuerza un modelo basado en la explotación turística de enclaves sensibles, en lugar de priorizar vivienda, dotaciones públicas, espacios culturales, zonas verdes y servicios para la población residente.
Para Soler esto es “urbanismo a la carta”, al vincularse la venta del inmueble con una expectativa de cambio de uso a hotelero. El planeamiento urbanístico «no puede utilizarse para aumentar el valor económico de un bien público ni para facilitar una operación patrimonial concreta, sino que debe responder al interés general y a las necesidades reales de la ciudad».
El recurso advierte que, si del expediente resultara acreditada la omisión consciente de informes esenciales, el perjuicio económico al patrimonio público, el favorecimiento de intereses privados o la utilización desviada del planeamiento urbanístico, podrían existir responsabilidades no solo administrativas, contables y patrimoniales, si no, también, de grave responsabilidad penal.
