Las cuevas de la discordia

Granada lleva años intentando desalojar las grutas de San Miguel. Solo unos pocos de sus moradores tienen la titularidad

El País, 22-12-213

La majestuosa imagen de la Alhambra desde el mirador de San Nicolás, en el Albaicín, es la más conocida de Granada, pero no es la única. Entre sus singulares estampas, destaca una mucho menos explotada desde el punto de vista turístico que no tiene nada que envidiarle. Se trata del cerro de San Miguel, en la parte alta del Albaicín, junto a la muralla nazarí que separa el barrio morisco del Sacromonte. Allí, los habitantes de las cuevas, unos que vienen y van y otros que llevan años o incluso generaciones en el cerro, se enfrentan desde hace años a una compleja relación con el Ayuntamiento de la capital, propietario de los 25.000 metros cuadrados de la parcela.

El Consistorio, que gobierna el PP, quiere desalojar las cuevas. No todas, ya que de las aproximadamente 60 que hay, ocho propietarios tienen escrituras. Cada caso es diferente. Hay quienes están empadronados pero no tienen escrituras y otros que las habitan desde hace años. El embrollo, sin duda, está en la titularidad y en el uso de unas cuevas que el Ayuntamiento quiere desalojar alegando “ruina inminente”, según un informe de 2010.

El pasado día 10, ocho de las cuevas tenían que haber quedado vacías, según notificó el Ayuntamiento a sus moradores por vía administrativa. Son las que están más próximas a la muralla. Todo quedó en un intento fallido. Más de 200 personas se concentraron en apoyo a sus moradores. Y la decisión ha sido recurrida entre otros motivos por darle solo 10 días desde la notificación.

El terreno, que tiene unas impresionantes vistas de toda la ciudad y, por supuesto, de la Alhambra y su bosque, es según el plan de ordenación urbana vigente no urbanizable. Cuenta con especial protección paisajística y es zona de influencia arqueológica. De ahí que el equipo de gobierno municipal desmienta posibles intereses especulativos a los que aluden los grupos de la oposición como PSOE e IU que piden aclarar las “verdaderas intenciones” del Ayuntamiento en este asunto. Actualmente está abandonado y carece de servicios.
Modificaciones en el planeamiento vigente y el plan especial del Albaicín —paralizado desde hace años— tanteaban un cambio de uso para regenerar la zona con senderos, un mirador y, en opinión de la oposición, puede que otras construcciones más. El concejal de IU Paco Puentedura no descarta “un pelotazo urbanístico”, algo que niega con rotundidad el Ayuntamiento. Para la responsable de Urbanismo de Granada, Isabel Nieto, se trata de impedir que esas personas vivan en una situación “peligrosa”. Así, ha llegado a decir que son “habitáculos ruinosos, no viviendas y el Ayuntamiento no puede tener a personas viviendo como si fueran perros”. Unas declaraciones que obviamente no han sentado nada bien a quienes están en las cuevas.

Preciso es aclarar que hay algunas con saneamientos y otras no. Que las condiciones son diferentes y que algunas de las que no tienen escrituras están bastante cuidadas. Hace unos meses se derrumbó una de las cuevas que no estaba habitada. En cualquier caso, lo más inmediato es para la mayoría parar los desalojos. Y después acabar con el tema de la titularidad. Si es municipal, como alega el Consistorio, hay personas dispuestas incluso a pagar algún tipo de alquiler social.

Poco antes de mediados del pasado siglo, algunas familias comenzaron a buscar refugio en las cuevas del cerro y ya entonces había problemas con la propiedad. En los cincuenta, el patronato benéfico de Santa Adela se hizo con el control y vendió algunas mediante contratos de compraventa. El comprador debía inscribir su cueva en el registro de la propiedad, pero no todos formalizaron la situación legal entonces.

En 1985, explica Puentedura, el patronato subastó ese terreno que adquirió el Ayuntamiento. Mientras, han seguido los traspasos, contratos privados de compra… operaciones que han sembrado dudas sobre la propiedad.

Tras varios intentos de desalojo, el último en 2007 con un amplio dispositivo policial, el Ayuntamiento decidió elaborar un informe jurídico sobre la titularidad de las cuevas con el que no están conformes muchos de sus habitantes. Algunos continúan su batalla en los tribunales, a los que también parece que va a recurrir el Ayuntamiento para poder desalojar. Los afectados cuentan con el apoyo de, entre otros, la plataforma Stop Desahucios.

La orden administrativa de desalojo por el decreto de ruina ha sido impugnada por IU en el Ayuntamiento. El estado de insalubridad de las cuevas no ha sido constatado por los técnicos, según sostienen los afectados, que reclaman una intervención en la zona pero contando con ellos.

«Tapiar no es la solución»

Pyve es un carpintero francés que habita desde hace varios años una de las cuevas que el Ayuntamiento quiere desalojar. Su vivienda, aunque no la considere así el Ayuntamiento, está en “buenas condiciones”, asegura, y se queja de que ningún técnico municipal haya estado en su interior. “Que presenten el proyecto de regeneración, no veo solución en tapiar”. Él es uno de los residentes habituales de la zona, como un fotógrafo búlgaro que lleva 10 años en otra o Inma Martín, estudiante. Ella reside solo desde hace dos meses en la cueva de una amiga que sí está empadronada. Pide que se tenga en cuenta la situación de cada persona y se dé alternativa social al desalojo.

Marisa Dávila, de Abog@dos en Red, asegura que no se les ha dado plazo suficiente para alegar y se ha hecho cargo del caso con la intención primera de paralizar el desalojo.

La pretensión del Ayuntamiento es regenerar la zona tapiando las cuevas y recuperando la flora autóctona. La Consejería de Cultura no ha entrado en el fondo del proyecto, si bien ha pedido que no emplee maquinaria pesada como ocurrió en 2007. Ante la negativa de los vecinos a marcharse, al menos en esta última intentona, el Ayuntamiento ha anunciado que acudirá a la vía que sea necesaria. El alcalde, José Torres Hurtado, asegura que no permitirá que las cuevas —que considera propiedad municipal— se derrumben y ocurra “una desgracia”. Por su parte, la Consejería de Fomento y Vivienda ha remitido un escrito al Consistorio en el que ofrece colaboración para rehabilitar infraviviendas, como en otros municipios de la provincia. El Ayuntamiento insiste en que esas cuevas no son viviendas e insta a la Junta a que sea ella la que ofrezca viviendas sociales a sus moradores. El problema perdura desde hace años, aunque quienes allí viven no se niegan a regenerar el espacio. Las situaciones son tan distintas que piden que se estudie cada caso en particular y solicitan un proyecto que respete la singularidad del lugar. Por el momento, su intención es defender las cuevas.