El PSOE de Granada exige «más transparencia» en las subvenciones a asociaciones de vecinos
Ana Muñoz concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Granada. 2014
Presentará un listado de alegaciones a la ordenanza que regula las ayudas públicas concedidas por el Ayuntamiento de Granada
La concejala del grupo municipal socialista, Ana Muñoz Arquelladas, ha presentado el conjunto de alegaciones que el PSOE elabora contra la ordenanza que regulará la concesión de subvenciones en concurrencia competitiva a las asociaciones de vecinos de la capital.
Muñoz ha manifestado que dichas alegaciones “pretenden solucionar los principales problemas de la normativa ideada por el área de Participación Ciudadana, nacida sin consenso y sin garantizar ni la transparencia necesaria en un asunto donde se habla de gestión de dinero público, ni la pluralidad necesaria. El objetivo de nuestras alegaciones no es otro que el de asegurar un verdadero modelo de participación ciudadana en Granada”.
La concejala del PSOE ha explicado que su grupo va a pedir que se elimine el criterio de tener un número mínimo de 30 socios en la asociación para ser objeto de ayudas. Para Muñoz, “si el objetivo general de la normativa es la promoción y el fomento de la participación ciudadana en el movimiento vecinal, el parámetro del número de asociados debe ser tenido en cuenta, pero incluyendo un índice corrector y no un tope mínimo, pues no es lo mismo la capacidad de captación de socios en barrios despoblados, dispersos o pequeños como El Fargue, Sacromonte, como la que pueda haber en otros como Albayda o Chana”.
Otra de las alegaciones presentadas hace referencia a la línea de subvenciones destinada a sufragar gastos de luz, agua, alquiler, etc., para aquellas asociaciones que no disponen de cesión municipal para su sede. En este caso, la ordenanza no prevé la concurrencia competitiva, lo que para Ana Muñoz “supone un error. Esto no puede ser un ‘café para todos’. En este caso, el Ayuntamiento debe primar a las asociaciones que tengan más actividades y, por lo tanto, más gastos en sus sedes. Por esa razón proponemos que el 50% del importe máximo de la subvención se prorratee entre las asociaciones que justifiquen su condición de beneficiarias. El resto, deberá distribuirse atendiendo a criterios que deberán hacerse públicos de manera anual, en los que se atenderá, como mínimo el horario de apertura de la sede y la cantidad de actividades que en ella se desarrollen”.
En este sentido, la edil ha destacado que “otra de nuestras alegaciones busca que la ordenanza tenga en cuenta la capacidad de dinamización económica que puedan tener las asociaciones de vecinos. Sabemos que éstas no son agentes de creación de empleo, pero sí pueden organizar actividades de todo tipo que propicien la contratación de personas que desempeñen funciones de monitores de talleres, etc. Si eso se produce así, esa asociación deberá tener una significación especial dentro de los criterios de concesión de las ayudas por parte del área de Participación”.
La ordenanza prevé que las ayudas sean valoradas por una comisión en la que “el señor Aguilera, ha dejado fuera a los grupos de la oposición. No entendemos por qué. Por esa misma razón hemos sugerido que, en aras a la transparecia y la seguridad jurídica que exige el manejo de dinero público, todos los grupos políticos con representación municipal estemos presentes en dicha comisión. De esta manera evitamos que pueda existir cualquier velada sospecha de arbitrariedad en la concesión de las ayudas, salvo que el señor Aguilera tenga un interés claro en hacer de la comisión un instrumento opaco, para lo cual deberá explicar el motivo”, ha criticado Muñoz.
Por último, la representante del PSOE ha puesto de manifiesto su disconformidad con que la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos quede fuera de la regulación de la ordenanza. Arquelladas ha dicho que “este ente representativo del movimiento vecinal debe ser tratado como cualquier asociación más, concurriendo en régimen de concurrencia competitiva para optar a las ayudas que pudiera recibir del Consitorio. A nuestro juicio, la concesión de cualquier ayuda – y la Federación recibe 9.000 euros todos los años- debe ser atendida y concedida en base a criterios objetivos de valoración, para lo que es necesaria esa competitividad”.
En suma, dice Muñoz, “la actual redacción de la ordenanza no suple los defectos con los que fue concebida: opacidad, parcialidad y carente de consenso; fomenta la arbitrariedad y no tiene en consideración criterios de Igualdad, de transparecia, de verdadera participación, en suma. Por ese motivo ya les adelanto que, cuando el PSOE vuelva a gobernar, esta ordenanza, como el resto de la normativa sobre participación publicada por el PP será derogada para lograr una verdadera activación de la ciudadanía con el movimiento vecinal”.
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