No sólo los residentes en las cuevas legales o los propios periodistas que quisieron informar del desalojo tuvieron dificultades el jueves pasado para acceder al cerro de San Miguel alto. La Policía Local de Granada impidió la entrada del arqueólogo de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía que acudió a supervisar los trabajos para sellar las cuevas, según ha informado a GranadaiMedia la propia delegada Ana Gámez.
El técnico de Cultura era el encargado de controlar el movimiento de tierras al encontrarse las cuevas en una zona de especial protección arqueológica. Tres de las siete cuevas que fueron selladas, se hallan precisamente pegadas a la muralla nazarí.
“La Policía Local tenía orden de no dejar pasar a nadie y tampoco pudimos contactar con el arqueólogo municipal”, asegura Ana Gámez, convencida de que si hubiese accedido el técnico de Cultura “el desalojo no se hubiese hecho de ese modo”. “Se hubiera procedido a las catas arqueológicas y no hubiera entrado maquinaria pesada”, explica. Tampoco se adoptaron medidas de ventilación en las cuevas taponadas para evitar su desplome con el paso del tiempo.
En la resolución de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Delegación de Educación y Cultura, con fecha de 27 de septiembre, se hacían las siguientes consideraciones a la solicitud de intervención del Ayuntamiento de Granada:
Según Ana Gámez, el Ayuntamiento de Granada solicitó la “exención” de la cautela arqueológica, a lo que Cultura no accedió. ”Nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Granada para pedir explicaciones. No sólo no se han realizado los trabajos de cautela arqueológica sino que nos consta que se utilizó maquinaria pesada”, puntualizó la delegada de Cultura, muy molesta por la “mala fe” de la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, tras afirmar que todo se había hecho siguiendo las directrices marcadas por la Junta de Andalucía.
“Lo utiliza a su conveniencia. Con el Pepri (Plan Albaicín) deciden archivarlo y responsabilizan a Cultura por ello y ahora, que no quieren asumir el auténtico despropósito que supone la forma de desalojar las cuevas, insinúan que cuentan con la aprobación de Cultura”.
Ana Gámez se desmarca así de la actuación llevada a cabo en el cerro, dejando claro que su delegación sólo tiene competencias sobre el terreno por ser zona de especial protección arqueológica, “no sobre las personas ni tenemos nada que ver con la forma en la que se ha llevado a cabo el desalojo”. El arqueólogo de la Junta de Andalucía acudió al cerro al día siguiente para informar sobre la situación en la que se encuentra la zona afectada por el sellado y la posterior apertura de las cuevas.
Cualquier que visite el lugar podrá comprobar que la intervención sobre el cerro, lejos de haber mejorado, ha alterado más su paisaje. Las excavadoras enterraron todo lo que encontraron a su paso: árboles, puertas de hierro, plásticos, tejavanas de PVC, sofás, colchones… Las cuadrillas de jóvenes que en los últimos días han escarbado en los accesos de las covachas han amontonado los destrozos con intención de retirarlos.
El Ayuntamiento de Granada quiere ahora taponar las entradas de las cuevas con hormigón pero será la Comisión Provincial de Patrimonio Histórica la que decida si la fórmula es la adecuada. “Pongan lo que pongan, abriremos las cuevas”, desafían los afectados y amigos que allí se han acercado a desescombrar.
También hay vecinos en Cuevas Coloradas y en el Albaicín que ven cómo con los años se ha deteriorado el paisaje por la acción de los que allí se refugian. Se ha convertido en un lugar marginal e inseguro, según denuncian. Hay cierto reparo a identificarse por temor a represalias. Padecen molestia a diario. Cuando no es el ruido procedente de la música son los problemas en el suministro eléctrico por las tomas ilegales de luz, sostienen. Lo han denunciado en reiteradas ocasiones y alguno se plantea mudarse de vivienda. “Al final, el desalojo no ha servido para nada”, lamentan.
Lo cierto es que la obra de la primera fase del “proyecto de regeneración del paisaje” no ha salido gratis. En total se han gastado algo más de 17.000 euros sin contar el coste del despliegue policial que durante toda la mañana cercó el cerro en una operación en la que participaron más de 50 agentes.
La concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, ha negado “rotundamente” que se impidiera la entrada al arqueólogo de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía el día del desalojo de las siete cuevas del cerro de San Miguel alto. La edil del PP reconoció que no se tuvo en cuenta el reparo de la administración autonómica a la solicitud que el Ayuntamiento había presentado de exención de la cautela arqueológica. “Efectivamente no la hubo pero nosotros tuvimos un arqueólogo a pie de obra. La actuación que se hizo era la que estaba autorizada por la Junta de Andalucía, no hubo ningún tipo de excavación o actuación que requiriera precauciones, prevenciones o prospecciones arqueológicas”. A continuación reproducimos el audio con su respuesta a la delegada Ana Gámez.
