[PRENSA] Tapian el centro de menores de San Miguel para evitar okupaciones
Los ladrillos, tras el cristal, impiden cualquier acceso por uno de sus laterales, por donde las ventanas que están a pie de calle han quedado completamente selladas por bloques y cemento y también por mallas metálicas para dificultar aún más su entrada. El resto del edificio permanece ‘blindado’ por la verja metálica que lo rodea, al igual que sucede con las demás puertas del centro.
La subasta de las instalaciones quedó desierta el pasado mayo al no haber ninguna oferta en el inmueble, que salió a la venta un mes antes por más de 2,5 millones de euros. Cabía la posibilidad, aún en trámite, de que el espacio pudiese tener un uso hotelero. Pero los vecinos no tardaron en expresar su descontento ante la posibilidad de que el espacio pudiese convertirse en alojamiento turístico por los problemas que habría, entre otros motivos, en su acceso. La asociación Albayzín Habitable realizó una concentración de protesta a la que asistieron alrededor de 300 personas, elaboró y divulgó un manifiesto y promovió una mesa política electoral para abordar este tema. Otra de las razones que alegaron los ciudadanos es que este punto del Albaicín es esencial y que guarda una gran tradición en sus fiestas.
Según confirma la administración autonómica, no se ha publicado, por el momento, ninguna nueva subasta, por lo que el futuro del centro de menores de San Miguel vuelve a estar en el aire. Cinco años después de que cerrase sus puertas, no se ha aclarado que será de él.
Se han barajado distintos proyectos para la recuperación del entorno en los últimos 25 años. Entre ellos, desarrollar zonas verdes, miradores o poner fin de las chabolas irregulares. No obstante, ninguno ha llegado a ejecutarse.
Los vecinos volvieron a pedir en 2020 que se pusiera fin a los problemas de okupaciones de las cuevas que hay cercanas al lugar y el Ayuntamiento de Granada recuperó el proyecto urbanístico, pero no se concretó. Los ciudadanos del barrio denunciaron ante este periódico los problemas de botellones y suciedad que sufrían en el mirador y las inmediaciones del centro, así como las acampadas en los solares cercanos. Dos incendios forestales arrasaron parte del lugar en 2022. El fuego originado presuntamente en una barbacoa se extendió desde el entorno de la ermita de San Miguel Alto hasta la abadía del Sacromonte y calcinó 172 hectáreas de arbolado y matorral. Dos excursionistas fueron detenidos. Los ciudadanos ya habían avisado que estas prácticas similares eran habituales en los alrededores tiempo antes.
Cambio de uso
La parcela cuenta con 1. 660 metros cuadrados y está calificada como equipamiento comunitario religioso, aunque se encuentra en trámite dentro del PEPRI Albaicín para cambiar a uso hotelero. El edificio está en pie desde 1970. El precio por el que salió a la venta en un primer momento fue de 2,5 millones de euros y en la segunda subasta, de 1,9 millones. Según la documentación de la Junta, fue en 2024 cuando la Dirección de Patrimonio solicitó al Ayuntamiento de Granada el cambio de calificación de la parcela de este centro a uso terciario, en concreto, hotelero.
Su actividad como centro de menores cesó en 2021, pero el rastro de lo que un día fue aún permanece en sus jardines y fachadas. El cartel que lo identifica como lugar de acogida sigue en su puerta principal. También los neumáticos de colores que un día decoraron sus jardines, aunque ahora están cubiertos de vegetación.
Las ramas crecen a su alrededor, mientras las cenizas y la maleza calcinada se acumulan junto a su fachada, en la parte que ha sido tapiada, por donde había un mayor riesgo de entrada de personas ajenas a la propiedad.
Varios candados protegen la entrada al centro de menores infractores de San Miguel Alto. Rodean el portón principal e impiden el paso a los jardines, … donde se acumulan los restos de latas, las litronas y los plásticos. La suciedad mancha el interior de unas instalaciones que están desiertas desde 2021 y el rastro de los grafitis y las fogatas llega hasta sus ventanas exteriores, que han sido tapiadas. La Junta de Andalucía, propietaria del inmueble, ha tomado esta decisión por el riesgo de okupación que presentaba el edificio.
