El equipo de Gobierno de Granada ha acordado declarar la caducidad del contrato de adjudicación de la Casa Ágreda a la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE) y reiniciar el procedimiento para devolver a la ciudad este bien de Interés Cultural (BIC) del siglo XVI.
El portavoz municipal, Baldomero Oliver (PSOE), ha informado hoy en rueda de prensa de que el objetivo de la decisión abordada en la Junta de Gobierno Local obedece al que considera incumplimiento de distintas cláusulas contractuales por parte de la referida oenegé.
«El Ayuntamiento de Granada va a hacer ahora ya sí las cosas bien para reclamar a esta asociación la devolución de la casa», ha dicho el portavoz del equipo de Gobierno, que ha recordado que la forma de cesión del inmueble patrimonial, ubicado en el histórico barrio del Albaicín, planteaba «inseguridad jurídica» a la administración.
La declaración de caducidad, ha añadido, pretende «consolidar» la posición del Consistorio ante una actuación, iniciada en su momento por el PP, que el nuevo equipo de Gobierno del PSOE consideró «viciada de partida».
A su juicio, se produjo la adjudicación de un contrato en un procedimiento «con dudas», informes técnicos «contradictorios», y actualmente la asociación no habría cumplido con sus obligaciones.
Este nuevo paso del Gobierno local se produce pocos días después de que la Fiscalía restara su «plena conformidad» con el sobreseimiento y archivo acordado por el Juzgado de Instrucción 9 de Granada en relación a la causa abierta precisamente para aclarar el intento de cesión de la Casa Ágreda del Albaicín, por la que declaró como investigado el exalcalde José Torres Hurtado (PP).
El Ministerio Público consideró en una breve nota que la referida resolución judicial -que ha sido recurrida en apelación- estaba «jurídicamente fundamentada».
El auto sobre el que la Fiscalía expresó su conformidad recogía entre otras consideraciones que «no parecía» que se quebrara «el interés legitimo de los ciudadanos» al destinar a un fin de interés social el referido edificio patrimonial.
Aunque el juez hablaba de posibles «eventuales disfunciones o irregularidades de naturaleza meramente administrativa», concluyó que el procedimiento seguido para la cesión de la casa -otorgamiento de derecho de superficie con opción de compra por el valor y con el coste de rehabilitación- «se atemperaba a la normativa vigente».
Fuente: La Vanguardia (EFE)
