[PRENSA] Los edificios de Granada ante un terremoto como el de Venezuela
Un estudio estadístico liderado por expertos universitarios revela que en las construcciones previas al año 1994 cerca del 93% de los edificios sufrirían daños moderados aunque reparables
Los ingenieros creen suficiente la normativa de 1994 para «salvar vidas», pero instan a aplicar el Eurocódigo8 para también limitar los daños y los costes de reparación
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Leer en Granada Hoy, 5 julio 2026
Las imágenes de edificios viniéndose abajo en Venezuela como castillos de naipes, y muchos de ellos con parecidos físicos bastante razonables con los que se ven en las ciudades españolas, ha puesto de nuevo el foco en las normativas antisísmicas para la construcción de viviendas en España. Partiendo de la base de que en España, la zona de mayor riesgo para sufrir un terremoto de intensidad fuerte es el eje Granada-Murcia, pero que el máximo sería inhabitual que superara los 6,5 grados, uno menos que en país sudamericano, los edificios de la ciudad y su Área Metropolitana aguantarían la sacudida y no se vendrían abajo salvo excepciones. Eso sí, la factura sería carísima puesto que cerca del 93% de las construcciones mayoritarias, las levantadas antes de 1994, sufrirían daños de carácter moderado, y el coste para su reparación, de media, se acercaría a los 10.000 millones de euros.
Estas son las conclusiones a las que ha llegado un estudio publicado el 2023 por la revista Journal of Earthquake Engineering (Diario de Ingeniería de Terremotos) elaborado por expertos universitarios en la materia de las universidades de Granada, Valladolid y Politécnica de Madrid, Manuel Pérez-Docampo, Leandro Morillas, José Antonio Balmori-Roiz y David Escolano. El estudio, según ha explicado a esta redacción Morillas, profesor titular en el Departamento de Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica, es un acercamiento «meramente estadístico» que no tiene en cuenta el estado físico actual de los edificios, pero que combina una serie de parámetros para acercar una predicción del comportamiento de los edificios en caso de temblor catastrófico. Por ello se ha asociado a cada edificio un «conjunto de 50 curvas de capacidad para idealizar su probable comportamiento lateral», y a partir de ahí determinar una serie de «estados de daños».
La estimación estadística que realiza este estudio, sin tener en cuenta un trabajo de campo y de inspección previo del estado de los edificios, indica que en un terremoto de una magnitud máxima de 6,5, que es el máximo que calculan los sismólogos del IGN que podría darse en Granada (teniendo en cuenta una probabilidad del 10% cada 50 años y un periodo de retorno de 475 años), la mayoría de daños en Granada serían moderados y reparables, pero estarían muy extendidos, tanto que el coste medio de los arreglos alcanzaría los 9.376 millones de euros. Casos de colapsos de edificios como se ha visto en Venezuela se estima que serían prácticamente nulos.
Este mapa estadístico clasifica las edificaciones de viviendas en Granada y su Cinturón por su año de construcción, tipo de estructura y número de plantas, de lo que los dos primeros parámetros infieren el material tipo con el que se construyó. De ahí distingue entre un código color azul, que representaría el riesgo más bajo y donde los edificios de viviendas no sufrirían daños, mientras que el color verde supondrían «pocos daños». El nivel amarillo significaría que la construcción tendría un nivel de daños bajo, que sube en el naranja con «daños reparables». El nivel rojo indicaría que el edificio no colapsaría pero sufriría «daños no reparables», que estarían «extendidos por el edificio en tabiques y falsos techos. En algunos casos, podrían dañar de tal manera la estructura que el edificio quedaría «vencido» y que obligaría a una demolición. En Granada apenas hay edificaciones en riesgo de «colapso» o «daño completo» salvo en el caso de edificios previos a la normativa de 1968 construidos con hormigón armado y de ocho o más plantas, algo muy excepcional en la capital y su cinturón.
Daños y costes importantes
El estudio concluye que los edificios construidos antes de 1968, cuando entró en vigor la primera normativa antisísmica de edificios, sufrirían daños entre extremos y moderados en su totalidad. De ellos, el 7,3% no colapsarían pero quedarían dañados de tal forma en su estructura que conllevarían un posterior derribo y reconstrucción. Por otro lado, el 92,7% de las viviendas sufriría daños moderados, como caídas de tabiques, falsos techos e incluso fachadas, pero sin venirse abajo por completo y reparables. El estudio categoriza las construcciones de esta época son de «mampostería sin refuerzo» y de dos plantas o menos, y que en la capital y el Cinturón suponen el 9,2% del parque de viviendas, y que son las que mayor riesgo corren de una ruina irreversible. De hecho, el modelo estima que el modelo de vivienda que podría colapsar en Granada sería una tipología que no hay: anteriores a 1968 de ocho plantas o más construidas con hormigón armado.
En el caso de las viviendas construidas desde ese año hasta 1994, que responden a lo que el estudio llama «código moderado» de protección antisísmica, se repetiría el patrón del código previo a 1968, con daños generalizados reparables en el 92,9% de los edificios y sin detectar patrones que lleven a pensar tanto en colapsos como en daños irreparables en las estructuras. Es más, el 7% sufrirían un riesgo bajo. Ya con los códigos modernos, de 1994 en adelante, los porcentajes de daños graves quedan drásticamente reducidos al 10,9%, con daños «bajos» en el 86,3% de los edificios, y no sufirirían ningún tipo de problema el 2,8% de ellos. «Esta tendencia puede explicarse por la evolución de las normativas sísmicas, pero también debe estar relacionada con la gran cantidad de edificios de gran altura construidos entre 1960 y 1994», incide el marco de estudio.
Esto permite evaluar económicamente los costes de reparación, que de media en el Área Metropolitana subirían hasta los 9.376 millones de euros. Los percentiles según el daño del edificio, entre el 5% y el 95%, arrojarían un coste mínimo de arreglos que iría de los 4.149 millones de euros en el primer caso, a los 13.085 en el que los destrozos sean catastróficos. Asumiendo, según el estudio, un costo fijo de 600 euros por metro cuadrado, los costes de reparación estimados tras un sismo similar al de Venezuela en Granada y sin Cinturón se situarían en los 32.612 euros por hogar y 17.664 euros por personas.
Tipos vulnerables
El marco propuesto pronostica y cuantifica los daños sísmicos y las pérdidas por terremotos a partir de datos geoespaciales catastrales, basándose en teorías fundamentales de la ingeniería sísmica, justifica el estudio, que añade que «en comparación con otras metodologías, el marco presentado es computacionalmente rápido», ya que evalúa 287.503 viviendas «en minutos en un ordenador doméstico», y además «se basa en procedimientos sólidos basados en desplazamientos, considera las irregularidades en la estructura de los edificios, proporciona un enfoque probabilístico para los daños y pérdidas sísmicas, puede ampliarse para incluir indicadores ambientales, ocupacionales o sociales».
«Si bien la tipología más vulnerable son los edificios anteriores a la entrada en vigor de la normativa en 1968 (daños extensos y pérdidas entre el 40% y el 80%), el mayor coste económico se debe a los daños sísmicos en edificios de hormigón armado con normativa moderada y alta, que representan el 75% del coste total de las reparaciones, concluyen los autores del trabajo», concluye este estudio, que incide en que «este problema podría explicarse porque la superficie bruta construida según códigos moderados y altos representa el 40% y el 42% de la superficie bruta total en el área metropolitana». «La mejora más notable en el comportamiento sísmico se relaciona con las disposiciones de los códigos de la década de 1970, mientras que el código actual parece más eficaz para reducir los costos de reparación en estructuras de corta duración», valoran.
«En este caso de estudio, la primera expansión urbana con edificios de hormigón armado combina la mayor edificabilidad con la mayor pérdida económica. En otros municipios, las áreas donde se concentran las pérdidas económicas son el centro urbano, donde se ubican los edificios más antiguos y donde la mayoría de los daños son generalizados. El marco de trabajo señala áreas urbanas bien delimitadas donde se concentran las pérdidas económicas, debido a una desafortunada combinación de edificios vulnerables y alta edificabilidad o a la antigüedad de los edificios», finaliza.
Granada, ante los terremotos: «Llevamos veinte años de retraso en la implantación del Eurocódigo»
El estudio «GIS para la evaluación rápida de pérdidas sísmicas: estudio de caso del área metropolitana de Granada» tiene en consideración las normativas antisísmicas para la construcción de edificios en España para, mediante una posterior introducción de variables estadísticas, valorar el comportamiento de las edificaciones en caso de seísmo. Así, el primer código de construcción que considera «la acción sísmica» data de 1963, pero no es hasta cinco años más tarde, en 1968, cuando al «coeficiente sísmico del 10% de peso del edificio» se le añadió nuevos criterios técnicos, en especial que «las estructuras de mampostería como no conformes con el diseño sísmico». Estas eran la gran mayoría de construcciones en cascos antiguos de ciudades y pueblos. Esta norma «ya llegó tarde», afirma.
Desde ese año la reglamentación se fue revisando hasta que en 1994 se dictaron los códigos sísmicos modernos, y revisados en 2002, y que son la normativa imperante. «Esa norma que tenemos ahora está obsoleta con respecto a la normativa europea», advierte Leandro Morillas, profesor de Estructuras en la Escuela de Ingeniería de la UGR. Es decir, para el estudio se marcan una primera etapa hasta 1968, fecha de la primera normativa antisísimica, una segunda hasta 1994, y otra de ese año en adelante. Ahora, muchos expertos abogan porque España implante el Eurocódigo 8, que son el conjunto de normas europeas estandarizadas que regulan el diseño, cálculo y dimensionamiento de estructuras de edificación y obra civil en toda la Unión Europea. «Tenemos que adaptarnos a ello, pero vamos adaptándonos con un retraso de 20 años», incide.
«Las normativas de los 2000 están basadas más en el único objetivo de salvar vidas, y el Eurocódigo 8 es mucho más detallado y también tiene el objetivo de controlar el daño y las pérdidas económicas», resume el profesor universitario a este diario. Más técnicamente, en el estudio en el que participó se describe que la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE) española, la del año 2002, «es bastante limitada hoy en día ya que carece de disposiciones sobre numerosos sistemas de resistencia lateral, aislamiento sísmico, reglas de diseño de capacidad, etcétera». Esta normativa, revelan en el análisis realizado, se revisó en 2015 tras el terremoto de Lorca pero «aún no se aplica en el código vigente», advierten.
En Granada «tenemos muchísimos edificios de época de la autarquía, en Los Pajaritos, las colonias del Zaidín, que son de ladrillos, de materiales muy pobres, en un momento que no había materiales, no había cimientos y no había nada. Y luego también en la parte de la gran expansión de Camino de Ronda», comenta Morillas, que rememora el terremoto de L’Aquila, en Italia, del año 2009, donde hubo «muchos daños», y que el Área Metropolitana «es un entorno muy parecido». «O sea, yo sí que creo que si hubiera un terremoto de cierta intensidad en Granada tendría muchas consecuencias», sentencia.
Por ello implantar el Eurocódigo «mejora el detalle» de los edificios, así como «la ductilidad de las estructuras, de estribos, de armadura, de nudos…». Todo ello tiene «la finalidad de hacer que los edificios, digamos, se puedan mover más y que resistan mejor un movimiento. Que sean más elásticos y se puedan deformar más sin romperse», comenta. Este Eurocódigo evita también que los edificios que lleguen a colapsar, que son casos aislados en el caso de Granada, sufran en efecto pancake que un piso «aplaste» al de abajo. «Son aprendizajes que en las construcciones de los 70-80 no se sabía, o no se había puesto a prueba», explica.
¿Y se puede de alguna manera adaptar los edificios más vulnerables a daños a las nuevas normas antisísmicas? Morillas apunta a la dificultad que conlleva y que ni colectivos o colegios profesionales han pedido «de forma explícita» unas normas de este tipo. «No hay un plan al igual que sí los hay para poner aerotermia o para poner ventanas», añade.
Otro efecto estudiado a posteriori fueron las consecuencias del terremoto de Lorca y la influencia en los daños estructurales que tuvieron los bajos comerciales. Morillas explica que se les «llama planta blanda y es porque las plantas de abajo son diáfanas, pues tienen escaparates, por ejemplo. Tienen huecos grandes y arriba está más macizo, pero la fuerza del terremoto es más intensa en las plantas bajas. Al tener menos muro, tienen menos solidez», explica de forma didáctica el profesor, que acaba concluyendo con que los edificios modernos ya sí están preparados para esos vaivenes.
