[PRENSA] Los vecinos del Cerro de San Miguel llevan al Constitucional una operación policial contra enganches ilegales
Un agente de Policía durante la operación que tuvo lugar en 2023 / GPMedia
La Asociación de Vecinos de las Cuevas de Sacromonte ha presentado, junto a varios afectados, un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por violación de derechos fundamentales al considerar que sufrieron daños en sus viviendas, insultos y restricción de movimientos durante una intervención policial contra los enganches ilegales y de abastecimiento de agua que tuvo lugar en 2023 y que se extendió durante más de cinco horas en el entorno de San Miguel Alto y el Sacromonte.
Aquella jornada, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, junto a operarios de limpieza, accedieron a patios y jardines cerrados y anexos a las viviendas-cueva de la zona y lo hicieron, según la denuncia a la que ha tenido acceso Efe, sin consentimiento de los moradores ni orden judicial.
Los denunciantes aseguran que ese operativo dañó las estructuras de las viviendas, destruyó enseres, incluyó el corte de suministros básicos legalizados y restringió la libertad de movimiento de los residentes durante cinco horas.
Durante el tiempo que duró el operativo, los moradores denuncian haber sufrido un trato degradante y verbalmente vejatorio en el que fueron calificados de guarros y desgraciados.
En el recurso de amparo, en el que están representados por la letrada María Gallego, los vecinos denuncian la vulneración de sus derechos fundamentales durante esta intervención municipal y la desprotección judicial sufrida por los afectados.
Esta actuación ante el TC responde al archivo de las diligencias penales por parte del Juzgado de Instrucción 4 de Granada y la confirmación de dicho archivo por la Audiencia, dos instancias que han desestimado según Gallego la práctica de diligencias clave.
El recurso ha invocado la violación de los derechos a la inviolabilidad del domicilio, a la integridad física y moral, a un proceso con garantías y a la igualdad ante la ley y ha denunciado una interpretación «restrictiva» del concepto constitucional de domicilio que deja fuera de protección zonas como los patios.
Según los recurrentes, la actuación municipal responde a un plan sistemático de presión y acoso institucional sobre los residentes de estas viviendas tradicionales que busca forzar su desalojo sin garantías judiciales.
