El día en que una macroterraza se comió tu plaza

Reproducimos este artículo aparecido en Diagonal y plenamente aplicable a nuestro barrio y nuestra ciudad:

El modelo urbanístico actual premia al ocio consumista y limita el espacio público.

Jon Aguirre: «Las ciudades en España registran una sobreexplotación de terrazas sin que haya un equilibrio entre el ocio consumista y el no consumista»

Leer a Pablo Rivas en Diagonal, 22-06-2015

A principios de 1989 la plaza de Santa Ana, epicentro del barrio de Huertas, a escasos 200 metros de la Puerta del Sol, en Madrid, no era el lugar que es hoy en día. A pesar de que era una zona más turística que otras del centro de la ciudad, los coches se agolpaban en sus hoy semipeatonalizadas calles, en sus esquinas el menudeo de hachís estaba al orden del día, y los locales de moda, gastrobares y restaurantes turísticos estaban aún en clara minoría. Eran meses en los que cada día una mezcla de maestros artesanos y supervivientes de la era hippie y de La Mo­vida erigían sus puestos dando pie a un conocido mercadillo.

Pero aquello no duraría. Ya se hablaba entonces de que el Ayun­tamiento socialista tenía otros planes para la plaza: dar licencias de terrazas a mansalva. Para más inri, en junio, Agustín Rodríguez Sa­ha­gún, del CDS, era investido alcalde tras una moción de censura al socialista Juan Barranco con el apoyo del PP. Los artesanos, unos 140, tenían una autorización para realizar sus labores firmada por el exconcejal del distrito Centro Francisco Herrera, fechada en 1982, año desde el que trabajaban en el lugar. Pero la Al­caldía decidió actuar y empezó el hostigamiento. Primero, con continuas visitas de los agentes; luego la cosa se puso más seria. El 14 de octubre la policía municipal procedió a desalojar la plaza.

Aquella tarde comenzó la ‘Batalla de Santa Ana’, que duró varios meses, se saldó con numerosos heridos, unas cuantas hogueras y barricadas en el barrio y acabó con la expulsión de los artesanos de la zona. En 1996, el Tribunal Supremo dictaminó que aquella expulsión fue ilegal, pero a quién le importaba seis años después. Hoy, el lugar cumple los requisitos básicos para ser una típica y productiva plaza de casi cualquier ciudad del Es­tado: está repleto de lucrativas terrazas que ocupan aceras y centro de la plaza con un mar de sillas en las que usted se puede sentar, si quiere –y tiene los euros correspondientes para una nada barata cerveza–. La plaza apenas tiene un árbol, no posee zonas ajardinadas que haya que mantener y donde usted pueda molestar a los turistas si decide tomarse un bocata de tortilla patria con sus hijos. Y los bancos brillan por su ausencia, no vaya a ser que le dé por sentarse a charlar en grupo sin consumir. Eso a las terrazas, porque como se tome una cerveza la ordenanza municipal le obsequiará con una multa de hasta 600 euros.

Ciudad en venta

“La ciudad tradicionalmente ha sido un espacio de reproducción social, donde se reproducen las relaciones, y no sólo de producción. Esto se enfrenta con el valor de cambio que supone la ciudad como el último de los espacios donde extraer rentabilidad: como ya no sabemos qué privatizar y además las grandes empresas han trasladado sus grandes factorías y la máquina del capital ha de seguir funcionando, pues los espacios de la ciudad se convierten en un recurso más a ser explotado”. Son palabras de José Mansilla, miembro del Observa­tori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) y del Institut Català d’Antropologia (ICA). Según afirma, las terrazas de los establecimientos hosteleros se utilizan para ocupar el espacio público, pero esto es sólo una parte de una forma de entender la ciudad que se establece mediante el urbanismo y las ordenanzas. Es el llamado modelo neoliberal, en el que la ciudad está en venta y sus espacios e infraestructuras también: si ha comprado una entrada para ver una obra en el teatro Calderón de Madrid y va en metro, se bajará en la estación Vodafone Sol y entrará en el tea­tro Häagen-Dazs Calderón.

‘Comportamientos incívicos’

El proceso ha sido similar en numerosas urbes. Barcelona es un claro ejemplo. “El Ayuntamiento en un momento entiende que se están produciendo determinados ‘comportamientos incívicos’”, relata Mansilla. “Con esta excusa empiezan a implementar lo que llaman medidas de urbanismo preventivo. Los bancos tradicionales se sustituyen por individuales, alejados unos de otros, de tal forma que son para sentarse unos momentos, no para conversar. Cie­rran los pocos espacios verdes que hay, los vallan, les ponen horario de entrada o los transforman en plazas duras, de paso, donde la gente no se pueda parar a hablar, aplanadas, de tal forma que sea mucho más accesible a posteriori sustituir esos bancos donde te sentabas por bares y terrazas”. Sin embargo, los ‘comportamientos incívicos’ no se tratan, “se desplazan del centro, porque no se interviene sobre las causas, sino sobre los efectos”, expone. De esta forma, la ciudad se convierte en un espacio desconflictivizado al servicio del sector turístico.

Jon Aguirre, arquitecto, urbanista y socio de la consultora y oficina de innovación urbana Paisaje Transversal, sostiene que “las terrazas pueden ser un elemento de vida urbana, pero cuando la vivencia del espacio público se reduce a éstas se está produciendo una privatización del espacio público”. Así, para él, las ciudades españolas registran una “sobreexplotación de terrazas” sin que haya un equilibrio entre el ocio consumista y el no consumista.

Tampoco existen políticas que favorezcan la apropiación del espacio público como un lugar de relación, “un espacio más democrático”, destaca Aguirre. “Encontramos un diseño muy restrictivo con el encuentro, sólo hay que pensar en plazas como Callao, Dalí o Sol, plazas duras de granito bajo la coartada de que es más fácil mantenerlas”, explica. Así, la ciudad quedaría “por una parte con una excesiva ocupación del espacio público por parte de actividades lucrativas y, por otra, una serie de plazas y espacios públicos dirigidos al tránsito y al control de las personas”.

El número de terrazas y su superficie en Ciutat Vella (Barcelona) ofrece un mapa de lo que sucede en numerosas urbes. En 2002 había 192 terrazas que ocupaban 3.494 m². En 2012 eran 317, con una extensión triplicada de 9.986 m², según la in­ves­tigación de Adrián Cor­dero Espacio público: entre la dominación y la(s) resistencia(s). En siete años, de 2005 a 2012, el número de licencias aumentó un 39% y la superficie de esas terrazas un 65%. Compa­rándolo con los bancos públicos, la ratio quedaba 1 a 9, goleada de las sillas privatizadas. Incluso descendió el número de bancos públicos: entre 2006 y 2012 el distrito perdió 39 unidades. Si atendemos al total de la Ciudad Condal, los resultados ofrecen las mismas conclusiones: entre 2012 y 2014 se pasó de 2.832 licencias de terrazas concedidas a 4.574.

Laboratorio urbano

Barcelona ha sido, afirma Mansilla, “un laboratorio de prácticas urbanas” Un ejemplo fue la ordenanza cívica de 2005, que fue copiada por numerosas urbes y se centraba en la ciudad al servicio exclusivo del turista: “Si quieres una ciudad postal para los turistas tienes que quitar a la gente de en medio. Sobramos. Si estoy celebrando el cumpleaños de mi hija en la calle tomando cervezas, hago feo”.

Este modelo de ciudad se viene agudizando desde hace décadas. Sin embargo, hay resistencias, “por ejemplo, El Campo de la Cebada o Esto es una Plaza –espacios autogestionados en Madrid–, aunque son experimentos muy controlados”, indica Aguirre. La alternativa pasa por la propia concepción del espacio. “Habría que impulsar una serie de mejoras en las plazas en cuanto a generar diseños que permitan esa relación entre las personas, desde poner bancos a árboles, pensar cuáles son las necesidades de un espacio público, pero haciéndolo con la vecindad”, opina el arquitecto, quien añade que esto debería ir acompañado de “un cambio en la gestión del espacio público, lo que atañe a las ordenanzas en relación con las terrazas, que deberían limitar las zonas en las que se han comido a las calles y plazas”.

Aguirre también destaca la idea del derecho a la infraestructura: “Hemos trabajado en una serie de políticas y protocolos de activación de espacios públicos en Donosti y vimos que hay que generar protocolos que permitan una gestión más comunitaria para que cualquier persona que quiera realizar un evento, sin carácter de macroevento, pueda hacerlo más fácilmente”. Desde Paisaje Transversal defienden la idea de que “uno cuida lo que siente suyo y, si no se generan lazos afectivos con el espacio y no hay una apropiación ciudadana de las plazas, la gestión será más costosa”. Por lo tanto, unos espacios públicos más habitables pasan –apuntan– por “generar nuevos marcos de gestión y corresponsabilidad del espacio público, y que éste dependa también de la vecindad”.

La lección de Lacaton & Vassal

El arquitecto, urbanista y socio de Paisaje Transversal Jon Aguirre propone como uno de los modelos a seguir el proyecto que se le encargó al estudio Lacaton & Vassal en la ciudad francesa de Burdeos: “Se les planteó la reforma de una plaza pública y ellos estudiaron qué es lo que pasaba allí. Llegaron a la conclusión, hablando con los vecinos, de que no había que cambiar nada, sólo trasladaron algunos bancos de sitio y pusieron un poco más de arbolado”.