La decisión de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía de rechazar la propuesta del Ayuntamiento de Granada para sellar con hormigón las cuevas del cerro de San Miguel frena al gobierno municipal en su intento por desalojar a los moradores. La semana pasada la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Granada, organismo dependiente de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, echaba por tierra las dos propuestas para expulsar a los que allí residen, según adelantó Europa Press.
La decisión de cerrar en distintas fases medio centenar de cuevas que el Ayuntamiento de Granada considera de su propiedad se fundamenta en el mal estado de las cuevas y en la peligrosidad que entraña vivir en ellas, argumento que niegan los propios moradores. Ellos mismos reabrieron sus refugios horas después de que se tapiaran y la Policía Local abandonara el lugar no sin incidentes.
Desde la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada se proponía tapar con hormigón las cuevas o declarar el uso residencial de un paraje que tiene especial protección arqueológica, una opción que desde el PSOE e IU se ha visto como un intento de resucitar el proyecto de convertir la zona en un complejo turístico. El gobierno municipal lo niega y asegura que sólo pretende evitar una desgracia y regenerar el paisaje del cerro de San Miguel, un proyecto que quedó en entredicho cuando en marzo -en una nueva intervención policial para echar a los moradores- las excavadoras enterraron todo lo que encontraron a su paso: árboles, puertas de hierro, plásticos, tejavanas de PVC y colchones.
La concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, ha criticado una vez más los obstáculos que, a su juicio, pone la Junta de Andalucía, a la que hace “responsable” en el caso de que ocurra una desgracia, según ha declarado a Europa Press.
Las diferencias de criterio sobre lo sucedido en el cerro de San Miguel son bien conocidas. La Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, que sí autorizó el pasado mes de septiembre el sellado con tierra de las ocho primeras cuevas, expresó en marzo su malestar por no haber podido supervisar la intervención que se produjo en marzo. Este nuevo contratiempo paraliza de momento el objetivo del gobierno municipal de expulsar a sus moradores. Nieto ha anunciado que presentará una nueva propuesta.
Precisamente hoy uno de los jóvenes detenidos en el desalojo de las cuevas ha declarado ante el juez de instrucción por un supuesto delito de atentado contra la autoridad.
Más protección frente a la “especulación”
También hoy el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, ha exigido al alcalde de Granada y a su gobierno municipal que abandonen el proyecto “especulador” que tienen con el Cerro de San Miguel y sus cuevas” y ha pedido que se proteja esta zona por el alto valor paisajístico, ecológico y cultural. Para evitar cualquier tentación “especuladora”, IU ha pedido a la Junta de Andalucía que cree una figura de protección que no sólo afecte a la muralla que pasa por la zona sino que” se extienda a las cuevas y a el Cerro de San Miguel”. De este modo, ha opinado Puentedura, “se evitaría cualquier proyecto especulativo y se respetaría esta zona como un espacio libre para la ciudad”.
“Sin presiones urbanísticas en la zona y con una figura de especial protección, el Ayuntamiento de Granada se verá obligado a promover y facilitar un proyecto de intervención que rehabilite el espacio y acabe con la situación de infravivienda”. También IU ha pedido al Ayuntamiento que “actúe en la zona de dominio público del Cerro de San Miguel para evitar que se degrade más este espacio”, lo que requiere que urgentemente se adopten medidas que recuperen las veredas del monte, y los cauces naturales de desagüe, para que cuando llueva no se embalse el agua y provoque problemas de seguridad en la cuevas, y también ha exigido limpieza en el monte “para evitar riesgo de incendios en verano y que no se convierta en un estercolero o escombrera”.
