[PRENSA] La Asociación de Vecinos del Albaicín alerta de las «graves tensiones urbanísticas» que provocará el hotel en el Cerro de San Miguel
El colectivo vecinal cuestiona los planes puestos en marcha por la Junta y el Ayuntamiento y recuerda que tanto el Plan Especial del Cerro de San Miguel como el PEPRI Albaicín están paralizados mientras avanza la operación que permitirá vender el antiguo Centro de Menores para convertirlo en establecimiento hotelero.
La Asociación de Vecinos del Albaicín ha advertido de que las «maniobras de reclasificación de suelo» en el Cerro de San Miguel, a petición de la Junta, para que el antiguo Centro de Menores pueda convertirse en hotel, como informó El Independiente de Granada, van a generar «graves tensiones urbanísticas» en una zona del barrio de «gran valor» patrimonial y paisajístico que debería destinarse «al disfrute de todos los ciudadanos».
El colectivo expresa su preocupación tras conocer la intención de la Consejería de Justicia, propietaria del edificio situado junto a la ermita, de «venderlo y venderlo bien caro», objetivo para el que «está maniobrando de acuerdo con el Ayuntamiento, para que pueda construirse un hotel; convirtiendo toda la ladera, en suelo urbano».
Esas «maniobras de reclasificación del suelo del entorno», además de las «tensiones urbanísticas» ya señaladas, «encarecerán notablemente las expropiaciones que el Ayuntamiento ha de llevar a cabo ahí».
En este sentido, la asociación recuerda que, según el planeamiento urbanístico general vigente,que es el PGOU de 2001, esa ladera y su coronación están clasificadas como “Suelo No urbanizable de Protección Ecológica – Parques Rurales” y fueron incluidas enteramente en un Area de Actuación (ARR-01) para su ordenación. Esto debía haberse tramitado en el primer cuatrienio de vigencia del PGOU; es decir, hace veinte años, precisa el colectivo vecinal que añade que la mitad aproximadamente de ese suelo es de titularidad municipal. Y esta administración, el Ayuntamiento, «ha consentido a lo largo del tiempo un proceso de ocupación, parcelación, movimientos de tierras, ejecución de cuevas, incluso el desarrollo de actividades de pública concurrencia, sin ningún tipo de licencia».
Por su parte, la Consejería de Cultura con competencia y responsabilidad en el control de las actuaciones sobre esa zona, que es entorno de BIC, «ha mirado hacia otro lado de manera sistemática, ignorando las excavaciones y construcciones ilegalmente ejecutadas en conducta bien distinta a su rigor para con el resto del barrio», le reprocha el colectivo que recuerda que «las presiones y denuncias de nuestra Asociación de Vecinos forzaron el inicio de tramitación del Plan Especial del Cerro de San Miguel, en desarrollo de la ARR-01 citada, cuyo Avance se aprobó en noviembre de 2023 y ahora se encuentra detenido. Igual suerte ha corrido la revisión del Plan de Protección (PEPRI) vigente, cuyo Avance se aprobó en octubre de 2022. Pese a nuestras demandas no se dan explicaciones oficiales de esta paralización».
La asociación cree que detrás de esa paralización está el objetivo de aprobar en primer lugar la revisión del PGOU, que es el documento que aún clasifica ese suelo como no urbanizable protegido, mientras que en el avance de esta revisión ya viene reclasificado como urbano, que es lo que se precisa para poder construir un hotel. Y para justificarlo se alega que se está obligado a ello por el Plan de la aglomeración urbana de Granada (POTAUG) que clasifica este suelo como “Zona de Asentamientos”. Pero este argumento es «falaz», advierte el Albaicín, «puesto que el POTAUG manifiesta muy claramente (Art. 2.9 de su Normativa) que ninguna de sus disposiciones implica una determinada clasificación de suelo, siendo ello competencia del planeamiento general; y además dice que tienen que ser clasificados como suelos rústicos todos aquellos para los que el planeamiento vigente prevea un régimen especial de protección por sus valores paisajísticos, ambientales o culturales».
Estas modificaciones habrán de someterse a la habitual tramitación de cualquier instrumento urbanístico: exposición al público para alegaciones, «que ya sabemos de qué servirán y dónde irán a parar», y sometimiento a informes vinculantes de diversas administraciones. ¿Cuáles?, se pregunta para responder: «Pues diversas Consejerías de la Junta de Andalucía, es decir, informes de quien quiere que se pueda hacer un hotel para vender más caro». «El zorro cuidando del gallinero», resume la presidenta de la asociación, Margarita Marín Beltrán.
