[PRENSA] El Albaicín, bajo vigilancia policial y vecinal: así se combate el vandalismo
Pintadas hechas con rotuladores en los muros de la cuesta de San Gregorio, en el Albaicín. Foto: Pablo Jiménez
Las denuncias vecinales, las cámaras y el rastreo en redes centran la respuesta frente a los grafitis en una zona protegida como Bien de Interés Cultural.
El Albaicín convive desde hace años con pintadas en fachadas, muros y algunos de sus elementos más históricos. Como barrio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) cualquier acto vandálico sobre su patrimonio tiene consecuencias legales. Además de la actuación policial, con el tiempo se han establecido diferentes vías de comunicación para que la primera respuesta muchas veces parta de los propios vecinos.
La colaboración ciudadana se ha convertido en uno de los instrumentos más útiles para detectar a quienes realizan estos actos. Fotografías, vídeos o un aviso inmediato permiten identificar a los autores en un entorno donde capturarlos in fraganti resulta complicado. Esa implicación vecinal ha crecido en los últimos años, especialmente en el Albaicín, donde existe una mayor concienciación sobre el valor histórico de sus calles y edificios.
Qué puede hacer un vecino si ve una pintada
El primer paso es avisar con rapidez. La vía más directa es una llamada al 092, el teléfono de la Policía Local, que activa la alerta que permite movilizar a una patrulla en cuanto resulta posible.
También se pueden utilizar otros canales que el propio cuerpo tiene habilitados. Entre ellos destacan los mensajes directos a través de redes sociales oficiales, donde un responsable policial está pendiente de forma continua.
Además, existen vías presenciales. Semanalmente se atienden en los centros cívicos consultas vecinales y denuncias, una tarea que se implementa con una oficina móvil que recorre los diferentes distritos de la ciudad para recoger incidencias.
En cualquier caso, lo más importante es aportar pruebas. Las imágenes o grabaciones resultan especialmente útiles para identificar a los autores. Así lo confirma la propia Policía Local, en donde se recibe multitud de material remitido por vecinos, lo que ha permitido a los agentes avanzar en numerosas investigaciones.
Hay otro aspecto a destacar a la hora de valorar la eficacia del servicio y la inmediatez de la respuesta. Si una pintada se realiza sobre un edificio público o un elemento patrimonial de titularidad pública, la actuación policial se inicia de oficio. Sin embargo, si se trata de una propiedad privada es necesario que el dueño presente una denuncia para que el procedimiento continúe. Si el propietario borra la pintada sin denunciar, el caso puede quedarse sin recorrido.
Cómo actúa la Policía Local
La respuesta policial se articula con diferentes mecanismos. El primero es la vigilancia mediante las cámaras instaladas en puntos considerados conflictivos. Actualmente existen dispositivos en el entorno del Arco de las Pesas o los aljibes, y está prevista la instalación de hasta 17 cámaras adicionales en otros puntos sensibles del barrio.
La Policía también analiza contenido publicado en redes sociales, donde en ocasiones los propios autores difunden las pintadas. Para ello, cuentan con personal encargado de rastrear este material y localizar su origen.
Otro elemento que resulta muy eficaz es el trabajo pericial. Existe un especialista que analiza las firmas y trazos de las pintadas, lo que permite vincular distintas acciones a una misma persona. Este trabajo se coordina además con policías de otras ciudades a través de canales de colaboración, lo que ha permitido identificar autores que actuaban en diferentes puntos del país.
Junto a toda esta labor se mantiene la presencia policial en la calle como medida disuasoria. Sin embargo, desde el cuerpo se reconoce que no es la más eficiente para combatir acciones que suelen realizarse de forma rápida y en horarios poco previsibles. La estrategia se apoya más, por tanto, en la investigación posterior que en la intervención directa.
Un delito contra el patrimonio
Las pintadas en un barrio como el Albaicín no se consideran una simple infracción administrativa. Están tipificadas como delitos contra el patrimonio, lo que implica que pueden ser perseguidas incluso fuera de la ciudad o la provincia. En este sentido, no existen impedimentos para tramitar sanciones aunque los autores residan en otros sitios. La normativa penal permite actuar a nivel nacional e incluso internacional.
