[PRENSA] La Junta de Andalucía cancela casi 10.600 viviendas turísticas irregulares
El Registro de Turismo andaluz bloquea automáticamente inscripciones en municipios con restricciones urbanísticas, reforzando el control sobre estos alojamientos
El PSOE denuncia que la VUT han crecido de forma «insostenible», un 8,8 % más hasta mayo en tasa interanual hasta más de 95.000, y Andalucía supone el 25 % del parque total de España
La Junta de Andalucía ha cancelado casi 10.600 Viviendas de Uso Turístico (VUT) desde febrero de 2024 hasta la actualidad, según ha informado este jueves el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal. Esta medida forma parte de una estrategia integral que busca reforzar el control y garantizar la legalidad en el sector turístico andaluz, combatiendo la oferta irregular que opera al margen de la normativa vigente.
El Gobierno andaluz ha implementado un sistema reforzado de inspección con medidas concretas que no solo incluyen las cancelaciones masivas, sino también mayor vigilancia y colaboración institucional entre administraciones. Una de las novedades más destacables es la incorporación de un grupo especializado de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma, que trabaja sobre el terreno junto a los inspectores turísticos para detectar y sancionar actividades irregulares.
«Las cancelaciones son la garantía de que quien no cumple no puede operar. El objetivo es claro: que el servicio que se presta sea reglado, en igualdad de condiciones con hoteles, hostales o apartamentos turísticos. Cuando un turista reserva en Andalucía, tiene derecho a encontrar una vivienda segura, legal y que cumple la normativa», ha subrayado Bernal durante su intervención, dejando patente la apuesta por la calidad y seguridad en la oferta turística de la región.
Nuevas mejoras tecnológicas en el Registro de Turismo
Una de las innovaciones más relevantes presentadas por el consejero ha sido la actualización del sistema informático del Registro de Turismo de Andalucía, que ahora incorpora avisos preventivos automáticos. Esta funcionalidad informa de manera inmediata al ciudadano cuando intenta registrar una VUT en zonas con limitaciones urbanísticas, como ocurre en municipios como Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz, Chiclana o El Puerto de Santa María.
«Esto supone menos burocracia y más seguridad jurídica para el ciudadano», ha explicado Bernal, destacando que el sistema emite una advertencia automática sobre las consecuencias legales y la apertura inmediata de expediente de cancelación en caso de intentar registrar una vivienda en zonas restringidas, evitando así trámites innecesarios y posibles sanciones futuras.
La colaboración institucional ha sido otro de los pilares fundamentales en esta estrategia. La Junta ha firmado ya convenios con ocho municipios (Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Jerez de la Frontera, Almería, Alhaurín el Grande y El Puerto de Santa María), y tiene otros 23 en fase de tramitación. Estos acuerdos permitirán compartir datos y coordinar actuaciones entre las administraciones local y autonómica, multiplicando la eficacia de las medidas de control.
Tensiones competenciales con el Gobierno central
Durante su comparecencia en comisión parlamentaria, el consejero andaluz ha querido desligar expresamente las VUT de la problemática de acceso a la vivienda en España, entrando en el debate nacional sobre este asunto. «El señor Sánchez viene a Andalucía a atacar nuestra principal industria, el Turismo, y le culpa de que los ciudadanos tengan problemas para encontrar una vivienda. Ni el turismo ni las VUT son el problema. La clave está en una mala legislación estatal que desprotege a los propietarios y ahuyenta la oferta de alquiler habitual», ha manifestado.
Bernal ha sido tajante al recordar que «la competencia en materia turística corresponde a la Junta de Andalucía y el Gobierno de España no puede proceder a la cancelación de ninguna VUT». El consejero ha contrapuesto las más de 10.500 cancelaciones efectuadas por el Gobierno andaluz frente a «cero» por parte del Ejecutivo central, cuestionando la eficacia real de las medidas anunciadas por Pedro Sánchez.
Además, ha señalado que el Registro Único propuesto por el Gobierno central cuenta con «informes demoledores del Consejo de Estado» y un expediente abierto por la Unión Europea por posible invasión de competencias autonómicas. «La única administración competente para cancelar licencias a una VUT es la Junta de Andalucía«, ha remarcado el consejero.
¿Cómo afecta la cancelación a propietarios y turistas?
Las cancelaciones masivas llevadas a cabo por la Junta tienen consecuencias directas tanto para propietarios como para usuarios. Para los propietarios, la cancelación implica la imposibilidad de comercializar legalmente su vivienda como alojamiento turístico, con las consiguientes pérdidas económicas y posibles sanciones en caso de continuar con la actividad.
Para los turistas, la medida busca garantizar que los alojamientos que contratan cumplen con todos los estándares de calidad, seguridad y servicios establecidos en la normativa. Esto reduce riesgos relacionados con estafas, condiciones inadecuadas o problemas de seguridad que podrían surgir en viviendas no reguladas.
Las plataformas digitales de comercialización también se ven afectadas, ya que según la normativa vigente y los recientes anuncios del Gobierno central, deberán verificar que las viviendas anunciadas cuentan con los registros correspondientes, pudiendo incurrir en responsabilidades si promocionan alojamientos irregulares.
El futuro de la regulación turística en Andalucía
El consejero ha dejado entrever que estas medidas son solo el comienzo de una estrategia más amplia para ordenar el sector. La Junta trabaja en un nuevo marco normativo que actualice la regulación de las viviendas turísticas, adaptándola a los desafíos actuales del mercado y las nuevas tendencias de consumo.
Entre los aspectos que se están considerando figura la posible limitación temporal de las licencias, requisitos más estrictos para la concesión de nuevos registros y un régimen sancionador más severo para las infracciones. Todo ello con el objetivo declarado de garantizar la convivencia entre el desarrollo turístico y la calidad de vida de los residentes.
La iniciativa andaluza se enmarca en un contexto nacional e internacional de creciente regulación de estos alojamientos, con ciudades como Barcelona, Madrid, Lisboa o Ámsterdam implementando diferentes modelos de control que buscan equilibrar la actividad turística con la sostenibilidad urbana y el acceso a la vivienda.
El PSOE censura la gestión de la Junta
La diputada socialista Isabel Aguilera ha acusado al consejero de «presumir de datos que falsean la realidad», ya que, a pesar de las cancelaciones, la VUT han crecido de forma «insostenible», un 8,8 % más hasta mayo en tasa interanual hasta más de 95.000, y Andalucía supone el 25 % del parque total de España.
Además, ha asegurado que hay unas 17.000 «operando de manera ilegal en Andalucía», casi un veinte por ciento del total, que son las que el Gobierno va a pedir a las plataformas que retiren los anuncios, y ha denunciado que la Junta «ha permitido que dos de cada diez operan de forma ilegal».
Ha destacado que los datos -10.000 contra 17.000- ponen de manifiesto que el Gobierno le «dobla la eficacia a la Junta» en el control de los incumplimientos en las VUT y ha añadido que la Junta tiene una inspección raquítica ya que en 2024 inspección el 3,2 % del total de estas viviendas.
En representación de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha señalado que no están en contra de las VUT sino que ha cuestionado la gestión de la Junta a la que ha pedido que cambie el sistema de declaración responsable y someta todas las autorizaciones a una revisión con licencias temporales porque hay muchas zonas tensionadas.
La diputada de Vox, Cristina Jiménez, ha alertado de que hay un marco regulatorio dispar y desigual en España para afrontar el problema de la VUT, que en algunos casos como el anuncio de revocar licencias puede contraer la oferta y perjudicar al turismo, ha alertado.
