El abogado Fernando Mir frente a una de las cuevas del asentamiento jipi ubicadas en las tierras de su cliente. /
El abogado del dueño de las fincas espera «auxilio institucional» para ejecutar la sentencia y precintar esas moradas.
Los okupas de una docena de cuevas situadas en dos fincas del entorno del Camino del Avellano de Granada tendrán que buscar otro cobijo. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de la capital ha ordenado su desalojo para que el propietario de esos terrenos, Antonio L. R. M., un particular que los heredó de su familia y que actualmente reside en América, recupere su posesión.
Lo que exactamente ha dispuesto la magistrada del referido órgano judicial, Inmaculada Lucena, es que los «ignorados ocupantes» de esas viviendas clandestinas «cesen en la posesión de la referidas fincas, y entreguen la posesión de las mismas» al propietario de los terrenos.
Así, la jueza ordena a sus moradores que las dejen «libres y expeditas» y a disposición del dueño de esas parcelas. Una de ellas es conocida como Carmen del Batán o del Tío Conejo, y la otra es un «pedazo de tierra» en el pago de la Ribera del Darro, según especifica la resolución, que advierte además a los okupas de que se procederá al «lanzamiento» en caso de que no abandonen sus ‘casas’ de motu proprio.
Auxilio Institucional
La sentencia fue dictada el pasado 16 de julio y aún no se ha ejecutado. Los okupas, de hecho, siguen allí. Para poder ejecutarla de forma efectiva y evitar que los demandados u otras personas regresen a las cuevas tras su desalojo, el abogado del dueño de las fincas, el letrado Fernando Mir, considera preciso el «auxilio institucional» del Patronato de la Alhambra y el Generalife.
Y es que la solución no es fácil: pasaría por cerrar o precintar las cuevas, una actuación que se presume costosa y para la que, además, serían necesarios permisos específicos de la Junta de Andalucía, dado que la zona está protegida por su ubicación próxima a la Alhambra.
El problema de estas cuevas, que se hallan en zona del paraje de la fuente del Avellano, donde además de esas cavidades en el terreno hay unas ruinas de un molino junto a una explanada, no es nuevo.
De hecho, en 2018, según explicó Mir, el Patronato de la Alhambra formuló una denuncia en la vía penal por la okupación tanto de estas cuevas y de otras que están en sus terrenos y en los de otros propietarios. A raíz de esa denuncia, que acabó siendo archivada, la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada realizó un informe, tras el que el Consistorio emitió una serie de decretos que ordenaban a los dueños de las fincas «el desalojo de las cuevas, la retirada de escombros y clausura de dichas cuevas».
Paralelamente, según Mir, se instó por el Patronato un procedimiento de deslinde, en el que se concretaron y aclararon los linderos de las fincas de unos y otros. Así, una vez bien delimitados los terrenos, se produjo una reunión en la que todos los afectados acordaron que cada uno iniciara su propio procedimiento civil para recuperar la posesión de sus fincas.
El que inició Antonio L. R. M. es el que ha desembocado en esta sentencia. Existe otro, no obstante, promovido por el Patronato y que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia número 17 de Granada.
IDEAL ha tenido acceso al informe que elaboró el Ayuntamiento para determinar definitivamente qué cuevas eran de unos y de otros. Así, las numeradas del 1 al 10 pertenecen a Patronato y del 11 al 20 al cliente de Fernando Mir, que pertenece al Bufete Mir Abogados.
El procedimiento judicial que ha culminado en esta orden de desalojo comenzó hace ya dos años. La demanda de Antonio L. R. M. se presentó en 2019 y, en un principio, se tramitó por error un procedimiento de desahucio. Se llegaron incluso a realizar notificaciones de la demanda a algunos okupas, pero al advertir el juzgado que se estaba siguiendo un proceso equivocado, decretó su nulidad y hubo que volver a empezar con la notificación y requerimiento a los moradores de las cuevas. Este trámite se efectuó el pasado mes de junio y esta sentencia es su colofón.
Remisión
Ahora, el fallo habrá de ser remitido al Ayuntamiento «para seguir con el procedimiento administrativo», aclara Mir, que insiste en que por las exigencias formales que vienen recogidas en las resoluciones municipales, cerrar las cuevas requiere de proyectos técnicos y permisos de las administraciones y ello supondrá un coste y una complejidad difíciles de asumir para un particular.
Por eso, a su juicio, «lo más operativo y práctico» sería que las actuaciones se hicieran «de forma conjunta» con el Patronato, una vez que este obtenga también sentencia a su favor. De hecho, está tratando de contactar con el letrado de la Junta de Andalucía en busca de esa solución común.
El Patronato de la Alhambra también acudió a la justicia hace dos años
La situación en el entorno del Camino del Avellano preocupa desde hace tiempo al Patronato de la Alhambra y Generalife (PAG), que no ha estado de brazos cruzados. Es más, según fuentes del monumento nazarí, gracias a las denuncias y acciones que impulsó la Alhambra en su día «se va a conseguir que esa zona se desocupe favoreciendo la seguridad de la zona, tanto de personas como del patrimonio».
Las mismas fuentes detallaron que el PAG también acudió hace dos años a la justicia y actualmente permanece a la espera de que el proceso culmine y se dicte una resolución.
En concreto, el 18 de julio de 2019, previa autorización de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, se dio traslado al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía para el ejercicio de acción civil frente a la ocupación de las referidas cuevas, ubicadas en el emplazamiento Camino Fuente del Avellano.
A través de un decreto, fechado el 19 de octubre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 17 de Granada admitió a trámite la demanda interpuesta y ahí se inició el procedimiento judicial del PAG para la recuperación de la posesión de dichas cuevas.
Ese procedimiento «se encuentra actualmente en curso», indicaron las fuentes, al tiempo que garantizaron que el Patronato de la Alhambra siempre respetará «los procedimientos legales conforme dicte la justicia».
