El Ayuntamiento de Madrid ordenó este viernes el cese de actividad de 147 pisos turísticos en la ciudad. Otros 362 continúan abiertos, aunque el Consistorio anunció que los está investigando para comprobar que su actividad cumple las normas. La mayor parte de los 509 expedientes que se están tramitando afectan a alojamientos ubicados en los distritos de Centro, Salamanca, Moncloa y Chamberí. Por otra parte, el gobierno de Manuela Carmena ha puesto en marcha un programa de refuerzo de personal, de cinco meses de duración, para redoblar las labores de inspección de este tipo de pisos.
El grueso de los expedientes abiertos por el Ayuntamiento en estos meses se refiere a viviendas que se ubican en el centro de Madrid. De hecho, de las 509 investigaciones llevadas a cabo, más de 300 apuntan a pisos de centro, y otros 57 expedientes atañen a apartamentos en el distrito de Moncloa-Aravaca. Chamberí y Salamanca suman otros 53. El Consistorio estima que hay unas 8.000 viviendas de este tipo en la capital.
Durante esta fase de inspección, el gobierno municipal ya ha ordenado el cierre de 147 pisos —anunciada ya hace un mes—. El objetivo es avanzar en el plan de poner coto a la actividad de las viviendas turísticas porque, sostiene, está generando un incremento del precio de los alquileres y alimenta el fenómeno de la gentrificación: la paulatina salida de los barrios más céntricos de las clases medias y de los jóvenes por el encarecimiento de la vivienda.
“La exigencia de cumplimiento de la normativa urbanística incluye también el cumplimiento de la normativa sectorial en materia de seguridad, accesibilidad, sanidad y medio ambiente”, recalcó el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, para explicar las razones de las medidas adoptadas. En opinión del Consistorio, estas órdenes de cierre se han tomado “en defensa del consumidor y del usuario de estos servicios”. “Es importante detectar los alojamientos turísticos no legalizados para que se cumplan todos los requisitos necesarios de la actividad y se eviten fraudes al consumidor”, agregó Calvo.
Para la búsqueda de posibles viviendas turísticas ilegales, el Ayuntamiento ha incorporado arquitectos superiores, cuatro técnicos de gestión de la rama jurídica y ocho auxiliares administrativos que realizarán “tanto las inspecciones como la valoración técnica y jurídica necesaria para la tramitación de los expedientes encaminados al restablecimiento de la legalidad”.
La labor de inspección es clave para detectar prácticas ilegales en este ámbito. Y esta labor se suma al plan especial lanzado por el gobierno de Carmena en el pasado mes de febrero. El nuevo plan plantea incorporar medidas como prohibir abrir pisos para ese uso en edificios residenciales salvo que cuenten con un acceso independiente desde la calle. Esta medida podría afectar al 95% de las viviendas de este tipo en la ciudad, según los datos oficiales del Ayuntamiento.
En estos tres años, el gobierno municipal ha manifestado su preocupación por este fenómeno, que relaciona con la “sobreocupación turística” que se está produciendo, sobre todo en el centro. Por ello, mientras aprueba el nuevo plan especial, sigue vigente la moratoria aprobada por la junta de gobierno el pasado enero por la que se suspende durante un año la concesión de licencias turísticas en los principales barrios del centro.
Otra de las propuestas en la que trabaja el ejecutivo local es que las viviendas y apartamentos alquilados para un uso turístico durante más de 90 días al año se integren dentro del uso terciario hotelero, con lo cual requerirían una licencia urbanística.
Acceso al registro
El Consistorio sostuvo este viernes que ha pedido a la Comunidad información complementaria, ya que técnicamente es el Gobierno regional el que es competente en materia. Concretamente, ha solicitado acceder al registro de empresas turísticas de la Comunidad. Pero denunció que la Dirección General de Turismo “tarda en contestar” y en ocasiones las respuestas son insuficientes.
No obstante, desde el Gobierno regional respondieron que, más allá de ofrecer datos públicos al Ayuntamiento, la Comunidad “lo que no puede hacer es dar informaciones personales de los propietarios”. “No se puede improvisar sobre este tema, como hace el Ayuntamiento”, acusó la Comunidad, que añadió que han trasladado al Consistorio la posibilidad de “estudiar una fórmula de colaboración que respete la Ley de Protección de Datos y asegura, por lo tanto, los derechos de los ciudadanos”.
El pasado 18 de julio, la ministra de Industria, Turismo y Comercio, María Reyes Maroto, declaró que existe una “indefinición jurídica” en relación a la vivienda de alquiler turístico en España. La ministra se comprometió a “revisar” la normativa, para aclarar la definición de vivienda de alquiler turístico. Y que esta operación se llevará a cabo buscando el diálogo y el “consenso” con las comunidades autónomas.
Según portales inmobiliarios como Idealista.com, Centro, Salamanca y otros seis distritos de la ciudad alcanzan cifras récord, con subida de los alquileres de más del 7% solo en este año. La recuperación económica, el aumento de la demanda (entre otras cosas, por la dificultad para acceder a la compra) y la escasez de oferta son los ingredientes, según los expertos, que están causando este aumento de los precios.
