Confusión en torno al desalojo de las cuevas
Un ciudadano subsahariano realiza obras para adecentar la cueva donde se aloja. Foto: JESÚS OCHANDO
El gobierno municipal de José Torres Hurtado asegura contar ya con autorización judicial para desalojar dos de las siete cuevas del cerro de San Miguel alto, según ha publicado este miércoles el diario Granada Hoy. Sin embargo, el Ayuntamiento podría estar adelantándose a los acontecimientos.
Según ha podido saber GranadaiMedia de fuentes cercanas al procedimiento, lo que han hecho distintos jueces -la petición de orden de desalojo es individual y compete a varios juzgados- es iniciar los trámites de notificación de la causa que se sigue por la vía contencioso administrativa a dos de los ocupantes de las cuevas cuya titularidad reclama el Ayuntamiento. En dicha notificación se da traslado al ministerio fiscal para que informe y se permite a la defensa presentar alegaciones. Se trata de un procedimiento de urgencia que no reconoce la obligación de dar audiencia a los ocupantes.
La defensa anunció en su día que tenía previsto presentar un peritaje técnico para tratar de desmontar el informe municipal que sirve de argumento al gobierno local para proceder al desalojo y que no es otro que el mal estado de las cuevas y el riesgo para la integridad de las personas que allí viven.
Esta mañana la Policía Judicial se ha personado en el cerro de San Miguel pero no ha podido hacer entrega de las notificaciones al no estar presentes las personas contra las que se dirige el procedimiento.
A preguntas de los periodistas, la concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, ha asegurado esta mañana en su visita al Sacromonte que está pendiente de autorización judicial para desalojar los “agujeros artificiales”. “No son viviendas cuevas sino agujeros”, ha recalcado para tratar de justificar una actuación con la que, según ha manifestado, “estaban conformes los propios afectados” antes del intento frustrado de expulsión por la vía administrativa. Nieto ha dado a entender que fue a raíz de la intervención de los concejales de IU cuando “se movilizaron y se hicieron fuertes”.
La intención del gobierno local sigue siendo la de echar a todos ellos del cerro, convertido -según ella- en un “queso gruyere”, pero sólo actuará cuando los distintos jueces se hayan pronunciado, no de forma individual.
Los afectados ya negaron en su día las afirmaciones de la concejal de Urbanismo. Nunca han estado conformes en abandonar sus cuevas y tampoco se les ha facilitado una alternativa, aseguran. También cuestionan que las viviendas estén en mal estado y aclaran a la concejal que tanto sus cuevas como las del Sacromonte son artificiales, todas ellas excavadas sobre el terreno, ninguna de ellas es natural.
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