En Barcelona, un viajero puede saber si el piso turístico que ha elegido para pasar sus vacaciones es legal o no con tan solo introducir la dirección en un buscador. El Ayuntamiento de la ciudad condal habilitó el verano pasado un registro en el que se incluyen todas las viviendas de uso turístico que tienen licencia para operar como tal (barcelona.cat/habitatgesturistics), dentro del plan de choque contra la oferta sumergida que tanto ha crecido en los últimos años.
Leer en Granada Hoy, 22-02-2017
Y eso es precisamente lo que proponen los empresarios turísticos de Granada. Durante la reunión de la Mesa contra la Competencia Desleal -la cuarta que se celebra desde su constitución y la primera desde la entrada en vigor del decreto de viviendas con fines turísticos-, la Federación de Empresas Hostelería y Turismo propuso al Ayuntamiento de Granada crear un registro similar, para facilitar el control de la oferta bajo cuerda y garantizar sus derechos a los viajeros.
En el encuentro -que contó con la participaron el delegado de Turismo de la Junta, Guillermo Quero; la concejal de Turismo del Ayuntamiento, Raquel Ruz; y representantes de la Diputación, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y la Agencia Tributaria, así como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado- se volvió a poner de manifiesto la importancia de la colaboración institucional para frenar la competencia desleal que suponen este tipo de alojamientos. Esa cooperación ha dado sus frutos. Desde 2014, la Guardia Civil ha realizado 186 inspecciones en esta materia, y ha facilitado la regularización de 1.839 establecimientos que no cumplían con las condiciones para ofrecer este tipo de servicios.
Los empresarios también reconocieron como una herramienta útil el decreto de viviendas con fines turísticos de la Junta de Andalucía, que ha empezado a dar resultados y que ha conseguido que miles de plazas que hace nueve meses eran alegales, sean ahora completamente ilegales por no estar inscritas en el Registro de Turismo. Además, la nueva normativa permite a la Agencia Tributaria, que considera que los propietarios realizan una actividad económica y tienen que tributar por ello, iniciar actuaciones.
Con todo, el presidente de la Federación de Hostelería, Trinitario Betoret, lamentó que el decreto sea «tan laxo» en algunos apartados, y que las exigencias que plantea a los propietarios de esas viviendas no sean las mismas que al resto de los empresarios turísticos. Además, en declaraciones a Efe, Betoret indicó que mientras que en las zonas rurales casi todas las viviendas están ya «normalizadas», en el centro urbano resulta «mucho más difícil», puesto que es más complejo identificar a los propietarios o gestores.
En este sentido, los empresarios advirtieron del riesgo de despoblamiento que sufren los centros urbanos como consecuencia del avance de los pisos turísticos, dado que muchos propietarios obtienen una mayor rentabilidad al alquilar sus inmuebles por unos días y no por temporadas más largas.
