El juez Ruiz Martínez concluye que no hubo delito en la cesión onerosa del inmueble del Albaicín a la oenegé AIDE. Establece que la operación «se atempera a la normativa vigente».
Leer en Granada Hoy, 22-10-2016
La operación urbanística que culminó en la cesión, finalmente frustrada, de la Casa Ágreda del Albaicín a AIDE (Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo) no escondió ningún delito. Así se desprende del auto que ha dictado el juez de Instrucción 9 de Granada, José Luis Ruiz Martínez, para decretar finalmente el sobreseimiento provisional y archivo de la causa.
En la resolución, fechada el pasado jueves y a la que ha tenido acceso este diario, el magistrado concluye que, al margen de «eventuales disfunciones o irregularidades de naturaleza meramente administrativa», el procedimiento seguido para la cesión «onerosa» de Casa Ágreda «se atempera a la normativa vigente».
En la causa estaban siendo investigados el exalcalde de la ciudad, José Torres Hurtado (PP), y la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto, aparte de dos altos cargos de ese área y un representante de la oenegé, que tiene su sede en París. Todos ellos habían defendido la legalidad de la cesión, que dejó sin efecto el nuevo regidor de Granada, Francisco Cuenca (PSOE) nada más aterrizar en la Alcaldía.
Tres eran los posibles delitos que se investigaban en este caso, que llegó a los juzgados tras una denuncia de la Fiscalía de Granada: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Pero ninguno de los ilícitos ha sido contemplado en las conductas de los implicados.
En opinión del magistrado, la «fórmula contractual» que el Ayuntamiento de Granada eligió para ceder el palacete, del siglo XVI y que está ubicado en la cuesta de Santa Inés de la capital, pudo ser «discutible como otras, pero en ningún caso per se acreedora de ilicitud de índole alguna».
Dicha fórmula (derecho de superficie con derecho a compra por un período de 40 años) se conformó como una alternativa más en la cesión del inmueble, «justificada -aclara el auto- en la imperiosa necesidad de asegurar la rehabilitación del edificio merced a unas obras con un coste ciertamente elevado, que en caso de no llevarse a punto en plazo, entrañarían el retorno del inmueble al Patrimonio Local».
También se refiere el magistrado al viaje que realizaron a Rabat, en noviembre de 2015, dos concejales populares con motivo de la I Semana Hispano-Marroquí de Amistad y Cooperación, para destacar que «no observa indicio alguno de ilicitud» en la participación en aquella cita. A su juicio, acudieron «en seno de los vínculos de hermandad y buena vecindad que inspiran las relaciones entre los reinos de España y alauita». Fueron concretamente, Fernando Egea y Francisco Ledesma, entonces concejales de Asuntos Sociales y de Economía y Hacienda, respectivamente, los participantes, y no ninguno de los investigados.
El magistrado recuerda en sus razonamientos el aforismo clásico de que «el que puede lo más puede los menos», para indicar que «le hubiese sido factible a los otra hora regidores del Consistorio capitalino la adjudicación directa y gratuita del inmueble, sin necesidad de acudir a un concurso público, a una organización no lucrativa y con fines de interés social». Por eso, en su opinión, «no parece que se haya quebrado el interés legítimo de los ciudadanos granadinos al destinar a un fin de interés social el edificio merced a la recepción de una significativa cantidad para las arcas públicas», aparte, como agrega, de lograr también la rehabilitación de un inmueble singular «del que se albergaba un cierto temor de que se viniese abajo y que periódicamente demandase la realización de obras -de mero mantenimiento- para impedir el derrumbe del mismo».
De este modo, el juez no considera necesario practicar las diligencias complementarias que había pedido el abogado del Grupo Municipal Vamos Granada, personado como acusación popular en la causa, en la que también estaba personado como parte acusadora el empresario Ramón Arenas.
El juez justifica que fuese el departamento que dirigía Isabel Nieto -Urbanismo- el que se hiciera cargo de este asunto «en atención a la absoluta orfandad de recursos humanos» de la Concejalía de Patrimonio. Asimismo, establece que la mesa de contratación que intervino en este caso «en ningún caso fue una mesa constituida ad hoc» o incardinable en las normas que regulan los contratos.
En cuanto a la valoración nueva que se hizo del palacete frente a las anteriores (el inmueble finalmente fue tasado en 1,6 millones y la opción de compra se supeditó a la ejecución de obras de rehabilitación por 5 millones), el magistrado resalta que «resultaba necesario requerir una valoración nueva y actualizada del inmueble» .
La Casa Ágreda está catalogada en el Plan Albaicín y los trámites para que sea declarado BIC por la Junta se han iniciado después de su adjudicación. Se trata de una mansión propiedad municipal de casi 3.400 metros cuadrados construida sobre un solar de algo más de 1.661 metros cuadrados. No ha vuelto a albergar actividad desde que en 2007 las hermanas de la Divina Infantita lo abandonaron.
AIDE, como recuerda el auto, giró una visita al inmueble en 2014 y remitió una carta al alcalde ofreciéndose a rehabilitarlo a cambio de su uso. Esta oenegé agrupa asociaciones internacionales de ayuda humanitaria y al desarrollo «con una vocación social, cultural, filantrópica, de carácter apolítico e implantación en numerosos países». Su proyecto era ubicar allí un centro cultural y social. Fue un «mandatario verbal» de la AIDE quien, «conocedor de la aparente y secular falta de uso/destino, deterioro y abandono» del inmueble, intervino en todos los trámites, pero sin ostentar «representación legal de signo alguno», mientras que el exalcalde fue quien delegó y encomendó a la exedil de Urbanismo la tramitación de la cesión.
El grupo municipal de Vamos Granada, personado como acusación, anunció ayer mismo que recurrirá el archivo de la causa al entender que el juez ha actuado «precipitadamente» y «sin haber recibido declaración de tres de los denunciados por la Fiscalía y sin haber oído a un solo testigo».
Torres Hurtado y Nieto convencen al juez
El exalcalde y la exedil testifican que «jamás favorecieron la concesión del inmueble a AIDE». Granada Hoy tiene acceso a sus declaraciones.
«El objetivo era que no se cayera el inmueble, esto es rehabilitarlo». Las explicaciones que el exalcalde Torres Hurtado y su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, dieron al juez del caso Ágreda, en sus respectivas declaraciones, han inclinado la balanza a su favor casi de forma inmediata. Ambos insistieron en que el único fin que perseguían al impulsar aquella operación de venta era garantizar la conservación del edificio y negaron cualquier relación previa o trato de favor hacia los adjudicatarios. Sólo unos días después (Nieto declaró esta misma semana), el instructor ha dado carpetazo a la investigación.
Al principio de este verano, los dos responsables municipales y otros altos funcionarios de Urbanismo sumaron esta causa al resto de investigaciones abiertas contra ellos en los juzgados de la capital y que provocaron unos meses atrás su detención y la dimisión de sus cargos. De hecho, su paso por la sede judicial para responder ante el juez en las últimas semanas es una imagen que se ha repetido en los últimos tiempos. A diferencia de otras investigaciones, como la Nazarí o la del caso Serrallo (para Isabel Nieto), esta vez sus declaraciones han puesto punto y final a la causa.
A través de sus respuestas a las preguntas de la Fiscalía, tanto Torres Hurtado como Nieto, confrontaron las tesis de las acusaciones, basadas en varias claves:
1 El proceso de la venta de la Casa Ágreda fue encomendado al área de Urbanismo que dirigía Isabel Nieto, aunque inicialmente fuera competencia de Patrimonio, con Eduardo Caracuel como edil responsable. La Fiscalía cuestionó la «arbitrariedad» de hacer este cambio, pero tanto Torres Hurtado como Nieto insistieron reiteradamente en que este proceso, en el que había que incluir una obra de rehabilitación, era más apropiado para Urbanismo y no para la otra Concejalía, que además «no tiene técnicos suficientes o conocimientos suficientes».
También se puso en tela de juicio la idoneidad de escoger al director de Obras Municipales, Manuel Lorente, para que se encargara de hacer la valoración del edificio. Los dos ediles defendieron su «capacitación» para ello, dado que había que tener en cuenta en el precio la necesidad de realizar estas obras de rehabilitación.
2 El Ayuntamiento de Granada escogió un procedimiento para la adjudicación del inmueble (derecho de superficie con opción de compra) que era inédito hasta ese momento y que era coincidente con la propuesta de la ONG. Esto despertó sospechas y recelos, al parecer, entre los propios miembros de la corporación, pues la Fiscalía le preguntó a Torres Hurtado por las «dudas» que el edil de Patrimonio parecía tener sobre «el tipo de procedimiento a seguir en la licitación». El exalcalde respondió ante el juez el pasado 29 de septiembre que «no recuerda que en ninguna reunión del Ayuntamiento Caracuel hiciese alguna manifestación al respecto».
Pero además, tanto Torres Hurtado como Nieto defendieron la legalidad de ese concurso y la garantía que en él había para los intereses municipales, algo determinante para el archivo del caso. Ambos insistieron en que la fórmula más habitual en estas situaciones es optar por una cesión gratuita cuando el destinatario acredita un destino sin finalidad de lucro, como parecía ser el caso. Pero que en esta ocasión, para garantizar que el edificio no se cayera (dado su mal estado actual) y de paso asegurar unos ingresos al Ayuntamiento, se optó por sacarlo a concurso como una venta, aunque fuera en condiciones poco habituales.
El precio era más bajo que el de otras valoraciones de años anteriores porque, justificaron ambos, había que agregar el coste que tendría la rehabilitación para los adjudicatarios.
3 Otra cuestión clave en el interrogatorio a los investigados fueron las dudas sobre sus posibles relaciones previas al concurso con los responsables de la ONG. Ambos las negaron tajantemente, aunque Torres Hurtado solo reconoció haber tenido un «contacto totalmente informal» con el representante de la organización, también investigado en el caso. Ambos insistieron en que fue precisamente Caracuel el que tuvo reuniones previas con los interesados. Y sobre el viaje a Marruecos que la ONG sufragó a otros dos ediles, los investigados aseguraron que nada tuvo que ver con la adjudicación de la Casa Ágreda y que ellos mismos renunciaron a participar en aquel evento.
