[PRENSA] Los 1.664 pisos que salieron de Airbnb vuelven al mercado y reclaman indemnizaciones millonarias
En Granada, Avitar, la entidad que aglutina a los propietarios de este tipo de piso, ya ha dicho que iniciaría una vía de asesoramiento, apoyo y reclamación jurídica para todos los afectados en la provincia. De hecho, van a hacer un convenio con el Colegio de Economistas para la peritación judicial de cada vivienda.
Ellos calculan que sólo inscribirse en el registro, ahora anulado, costó entre 100 y 250 euros por casa. A eso hay que sumarle las pérdidas de aquellos que no llegaron a tiempo o cuyo registro fue denegado. En este punto, si se multiplican esos 33.000 euros de media por la cifra total de pisos ‘expulsados’ de las plataformas, la cifra asciende a más de 54 millones de euros. Desde Avitar exigen el restablecimiento de derechos de las viviendas revocadas, además de estas reclamaciones por daños y perjuicios.
Calculan que cada afectado puede haber perdido de media 33.000 euros
«Lo que no puede aceptarse es que las administraciones legislen primero, dañen después y solo rectifiquen cuando los tribunales les obligan. Cada norma anulada tiene consecuencias. Y esas consecuencias no pueden pagarlas siempre los ciudadanos», afirman desde Avitar.
Desde la Consejería de Turismo de la Junta, que siempre ha sido crítica con este registro, consideran que la sentencia del Supremo les da la razón en que las competencias en esta materia son de la administración autonómica y no de la estatal. Indican, asimismo, que en Andalucía el 89% de los propietarios de viviedas de uso turístico son particulares y no grandes tenedores. «En su mayoría son clase media andaluza que han ahorrado para tener un ingreso extra con una segunda vivienda», recalca. Además, consideran que el registro tampoco ha servido para aumentar la oferta de alquiler residencia, a pesar de que se hayan cancelado 15.300 registros de pisos turísticos.
Por su parte, Avitar considera que las administraciones siguen una «estrategia de acoso, criminalización e improvisación normativa» contra la vivienda turística y reclaman diálogo, seguridad jurídica y regulación. Además, animan a todos los afectados a acudir a esta asociación para recibir información y que sus servicios jurídicos estudien cada caso para ver lo que pueden reclamar.
La Junta considera que esta decisión judicial les da la razón sobre que las competencias en este tipo de vivienda son autonómicas
Desde la patronal nacional, que defiende que esta normativa europea tenía como objetivo mejorar la calidad de los datos sobre servicios de alquiler, critica que el modelo español introdujo un doble control sobre actividades ya registradas, lo que provocó que miles de viviendas de uso turístico que estaban legalmente inscritas en sus autonomías vieran condicionada su capacidad de operar por el nuevo registro.
Hay que recordar que el registro único no declara ilegales a las viviendas no inscritas, sino que les prohibía anunciarse en plataformas digitales como Booking o Airbnb. Aunque es cierto, que sí podían seguir operando al modo tradicional, es decir, colgando un cartel de se alquila en el balcón, también lo es que actualmente la inmensa mayoría de los alquileres vacacionales se registran a través de estas webs, por lo que la capacidad de acción de las viviendas que se quedaban fuera se reducía casi al mismo.
En Granada, según los datos del registro de la Junta hay 9.600 pisos turísticos inscritos, que ahora vuelven a estar activos. Los datos del Ministerio de Vivienda muestran, además, que en el conjunto de Andalucía, desde que se puso en marcha este nuevo registro, se revocaron casi 22.000 solicitudes de pisos para entrar en el registro.
La región andaluza es la que más pisos de este tipo tiene, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, de las más de 329.000 viviendas en esta situación que había en el conjunto del país en noviembre del año pasado, más de 91.700 estaban en Andalucía. Casi la mitad, más de 48.000, están en Málaga. Le sigue en cifra total Cádiz, con cerca de 15.000, Sevilla con algo más de 8.000 y Granada. En la comunidad valenciana, la región desde la que el Gobierno se denunció el registro, hay los mismos apartamentos para alquiler turístico que en la provincia de la Costa del Sol y en el resto de autonomías la cifra está lejos no solo de la del total del territorio andaluz, sino incluso de la de Málaga.
El registro continúa activo en la web del Ministerio
Si se consulta la web del Ministerio de Vivivienda todavía está activa la venta del registro único y remite a la web de los registradores de la propiedad, que eran los encargados de tramitar la inscripción. Ahí se puede acceder a registro. Se explica que a través de un procedimiento de registro único, se permite obtener un número asignado a cada inmueble o unidad parcial, que es obligatorio para que se pueda llevar a cabo su oferta en las plataformas en línea de alquiler de corta duración.
Hace casi un año entraba en vigor el Registro Único para viviendas de alquiler turístico. El Gobierno defendía entonces que se trataba de la aplicación … de una normativa europea. Mientras que desde algunas autonomías, entre ellas Andalucía, denunciaban que se estaba duplicando la gestión, porque era una competencia de cada región y ya existía un registro. En Granada se denegó este número de registro a al menos 1.664 viviendas (los últimos datos facilitados por Vivienda son de febrero). Ahora, el Tribunal Supremo ha tumbado la normativa estatal, los afectados pueden volver a anunciarse en plataformas online y desde las asociaciones del sector anuncian reclamaciones por las pérdidas que se han producido en estos meses.
