[PRENSA] La Junta cancela más de un centenar de pisos turísticos en Granada en lo que va de año
La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una ciberpatrulla de policías, grupo Titán, para perseguir los pisos turísticos ilegales así como un aumento de los inspectores mientras los ayuntamientos idean fórmulas para limitar el uso de estas opciones de vivienda, que en el caso de Granada se enfrentan también a la anulación por parte del TSJA del decreto municipal aprobado por el pleno de la capital en 2024, que sirvió de base par paralizar la concesión de licencias y que, a juicio de los datos del Gobienro autonómico, parece haber servido.
En la provincia, la Junta ha cancelado en el primer trimestre del año un total de 252 viviendas de uso turístico (VUT), mientras que en la capital la cifra para el mismo periodo es de 127, cifras ambas que distan de ser las más destacadas, pero cada una con sus matices: así, la provinicia queda a gran distancia de otras como Mälaga, que lidera las cancelaciones con 678 en los primeros cuatro meses, o Cádiz, segunda con 438, y se queda a pocas cifras de Almería (259); la situación a nivel de capitales es algo diferente, pues solo Sevilla supera a la ciudad de la Alhambra en este sentido, con 132 viviendas canceladas por parte de la Junta.
El pasado año, la Junta de Andalucía canceló un total de 1.287 VUT en la provincia, la segunda cifra más alta de Andalucía, solo por detrás de Málaga (2.426), mientras que en la ciudad fueron 854 frente a una capital de la Costa del Sol donde se cerraron 854. La situación, pues parece haberse frenado, aunque aún falta conocer los datos definitivos de este 2026.
Hay otro dato a destacar y es que en lo que va de año, las actuaciones de oficio de la administración igualan a las denuncias de parte, que suelen ser de los propios interesados o de vecinos y personas cercanas. Las irregularidades que cometen los alojamientos sancionados suelen ser no estar dadas de alta en el registro oficial de la Junta, precisamente por carecer de las condiciones necesarias para incluirse.
De cualquier forma, es evidente, que hay mucha contestación social al uso de estas viviendas, sobre todo en los cascos históricos de las capitales andaluzas, donde se han multiplicado. A esto se suma la confrontación política entre el Ejecutivo central y el Gobierno andaluz por la competencia en su cancelación y que ha obligado también a intervenir a la Unión Europea por el conflicto de competencias. En medio, la campaña electoral a la Junta donde los partidos plantean diferentes propuestas al respecto.
La situación pasa también por los tribunales y además del caos granadino el TJSA, en una sentencia del pasado 18 de febrero, falló a favor del Ayuntamiento de Málaga que ha establecido que este tipo de alojamientos no pueden superar el 8% del total del parque de viviendas en determinados barrios. Un litigio que propiciaron los empresarios del sector en desacuerdo con las medidas restrictivas del alcalde Francisco de la Torre. El Alto Tribunal andaluz entiende que las razones que justifican las restricciones son “la protección del derecho a la vivienda, la preservación de la función residencial de determinados barrios, la prevención de la saturación turística y la garantía de la convivencia vecinal”.
