[PRENSA] El Ayuntamiento de Granada actualiza la ordenanza que regula la ocupación de la vía pública, «adaptándola a las necesidades reales de la ciudad y a la evolución de su actividad urbanística y económica», según el concejal de Urbanismo
El Ayuntamiento de Granada ha dictaminado favorablemente en la comisión municipal de Economía y Hacienda la modificación de la ordenanza fiscal número 9, que regula la tasa por ocupación de terrenos de uso público con materiales de construcción, andamios, vallas, escombros y otros elementos auxiliares de obra, con el objetivo de «adaptar esta normativa a la nueva realidad urbanística de la ciudad y a las necesidades actuales del sector de la construcción».
La modificación responde a la necesidad de actualizar una regulación aprobada en 2002, pensada en su origen para obras menores, y que ya no se ajustaba a la situación actual de Granada.
En los últimos años, la ciudad ha experimentado un importante incremento de la construcción de vivienda, la rehabilitación de edificios y los procesos de regeneración urbana, con actuaciones de mayor complejidad que requieren plazos de ejecución largos, en muchos casos superiores a los 18 meses y que habitualmente se prolongan durante más de dos años.
El concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, ha señalado que era necesario adaptar esta ordenanza a la Granada de hoy, «para ofrecer un marco más claro, proporcionado y ajustado a la realidad actual, que dé seguridad jurídica tanto al sector como a los propios técnicos municipales y facilite el desarrollo de proyectos que mejoran la ciudad».
Entre las principales novedades de la modificación destaca el cambio en el cálculo de la tasa por ocupación de la vía pública, que introduce una rebaja en determinados supuestos. A partir de ahora, cuando la ocupación se realice en espacios que no estén incluidos en el callejero fiscal municipal, se aplicará el valor correspondiente a la calle más cercana de menor categoría, y no el de mayor valor, como ocurría hasta ahora.
Este mismo criterio se aplicará cuando la ocupación se sitúe en la confluencia de varias calles con distinta valoración, eliminando así la aplicación automática del valor más alto. La modificación de la ordenanza aclara los supuestos en los que procede la aplicación de la reducción del diez por ciento cuando la ocupación de la vía pública tenga como finalidad exclusiva trabajos de reparación, conservación o mantenimiento de fachadas.
Asimismo, se eliminan los recargos automáticos previstos en el artículo 4, concretamente en los apartados d), e) y f), que penalizaban la duración de las obras o la permanencia de las instalaciones en la vía pública. Estos supuestos pasan a regularse, en su caso, a través del régimen sancionador municipal, lo que permite «una aplicación más proporcionada, clara y ajustada a cada situación concreta», señalan desde el Ayuntamiento.
Mejoras
La reforma incorpora además mejoras orientadas a «reforzar la claridad y la seguridad jurídica de la ordenanza, como la actualización del concepto de sujeto pasivo conforme a la legislación vigente y la precisión de los supuestos en los que se considera que se impide totalmente el paso de personas o vehículos».
En este sentido, la modificación afecta a los artículos 2, 3, 4 y 5 de la ordenanza, introduciendo cambios en el sujeto pasivo, el cálculo de la cuota, las normas de aplicación y el devengo de la tasa, con el objetivo de lograr una aplicación más clara, equilibrada y adaptada a la realidad actual.
Catalina ha subrayado que «esta actualización se ha trabajado de la mano del sector promotor y constructor y ha sido consensuada con la Asociación de Promotores y Constructores, lo que refuerza su eficacia y su adecuada aplicación».
«Con esta modificación damos un paso importante para ofrecer reglas claras, aportar seguridad jurídica, incentivar la actividad de empresas y profesionales del sector y acompañar el crecimiento urbano de Granada, siempre desde el uso ordenado del espacio público», ha concluido el edil.
Con el dictamen favorable de la comisión este martes, el Ayuntamiento de Granada ha resaltado que avanza «en la modernización de sus ordenanzas fiscales, adaptándolas a las necesidades reales de la ciudad y a la evolución de su actividad urbanística y económica».
