[PRENSA] Los propietarios de pisos turísticos de Granada piden al juez la suspensión de la medida que congela las licencias
La asociación AvitarGranada, que reúne a los propietarios de pisos y viviendas turísticas de la provincia, ha anunciado este martes en los juzgados de Granada la denuncia que va a interponer contra el Ayuntamiento de Granada contra el acuerdo de 26 de julio de regulación de pisos turísticos y la cancelación de licencias nuevas en Granada de forma temporal mientras se modifica el PGOU. El presidente de la asociación, Antonio Jesús Castillo, ha dicho que es el «único remedio» al no recibirles en el Ayuntamiento para dialogar y buscar soluciones a la problemática. «Ha tomado una medida política sin darse cuenta que hay una ley y que además de los políticos hay que respetar las normas. Nosotros no somos un hotel y decir eso es una barbaridad jurídica», ha asegurado.
Y es que el Ayuntamiento ha modificado los criterios de interpretación para exigir a las viviendas turíticas los mismos requisitos que a un hotel y acabar así con el problema de las viviendas diseminadas en comunidades de vecinos al exigirles entradas y suministros independientes. Es una de las medidas que ha tomado antes de la innovación del PGOU, que sigue en trámite a la espera de la aprobacón definitiva. Así, se va a cambiar el articulado para ampliar la definición de establecimiento hotelero por una denominación «aglutinadora de toda la casuística existente», utilizándose a partir d ela innovación el témrino más amplio de «alojamiento turístico (hospedaje)». Esto lo hace el Ayuntamiento tras recibir las competencias de la Junta para regular los pisos turísticos, un fin en el que están varias capitales, como Sevilla o Málaga, y en el que Granada también trabaja ya que no aunque no hay ese problema, ha llegado el momento de regularlo. De hecho, se informó de que de las 131 solicitudes recibidas en un mes, solo se habían dado tres permisos ya con las nuevas herramientas de control municipal.
Esto ha levantado a los propietarios de pisos turísticos, que piden a la justicia que eche para atrás ese decreto municipal ya que no se han declarado aún zonas tensionadas en base al estudio externo que encargó y han tomado las decisiones antes de tener ese estudio.
En el recurso contencioso administrativo interpuesto este martes contra el acuerdo plenario de 26 de julio sobre los criterios de interpretación del PGOU sobre las viviendas de uso turístico, se solicita como medida cautelar la suspensión de la ejecución del acuerdo municipal ya que limita el libre ejercicio de una actividad comercial.
«No somos los culpables de todo»
«En Granada hay problema de vivienda, sí, pero el Ayuntamiento de Granada lleva 25 años sin hacer vivienda social porque no hay suelo y ahora resulta que quieren quitarnos nuestras viviendas para destinarlas a lo que en muchos años no ha hecho la administración en Granada, es una barbaridad», ha dicho Castillo, que lamenta que se les califique de «culpables» de asuntos como el incremento del precio de los alquileres o la falta de viviendas, e insiste en la labor de rehabilitación que han hecho los propietarios de viviendas turísticas en barrios como Albaicín o Centro.
Castillo lamenta que se les culpe de lis problemas de Granada: «Suciedad, ruido, pintadas, turistificación, nos dicen que somos los culpables de todo y pedimos diálogo, consenso. ¿Dónde eestá la mano tendida? Llevamos cuatro meses pidiendo una reunión y nadie nos atiende», dice. Además, denuncia que estas decisiones «benefician» solo a los hoteles cuando los pisos alojan al 48% d elos turistas que vienen a la ciudad, «pero nadie nos reconoce, solo se pone alfombra de plata a los hoteles, que se llevan todo el dinero de Granada y no dejan nada. Hasa el ketchupo lo traen de fuera». «Han buscado un culpable, que somos nosotros», denuncia.
Defienden que su actividad es legal, pagan sus impuestos en Granada, que han comprado sus viviendas con mucho esfuerzo y que muchas mujeres y jóvenes «se ocupan de esta misión que hace que no se tengan que ir fuera de Granada. ¿Y no merecemos ni siquiera que se nos escuche?», dice Castillo.
Cautelarmente han pedido al juez que paralice el acuerdo de 26 de julio porque desde el 8 de agosto más de 200 personas con vivienda cerrada habiéndola dado previamente la licencia la Junta de Andalucía. «Alguien va a tener que pagar eso después. Si esto tarda 2, 3 o 4 años va a haber alguien que va a tener que indemnizar por haber hecho una barbaridad jurídica», explica el presidente de AvitarGranada, que pide retirar ese acuerdo, sentarse con el Ayuntamiento y buscar un consenso.
Reconocen que hay que regular el sector. «El problema de la turistificación es global y habrá que sentarse con todos. Nosotros hemos dicho que en zonas donde haya mucha asistencia turística regular la entrada a esas zonas, como otras ciudades con tasas, grupos más pequeños, horas determinadas de acceso», dice, añadiendo «más control policial y recorridos por los que acceder».
Dice que solo ha habido tres denuncias en su portal sobre avisos para reclamar los problemas. «Hay problmas con la vivienda pero se están equivocando de puerta, que la vivienda es mía», concluye.
Sentencia del TS sobre el rechazo de las comunidades de vecinos
«Nosotros cumpliremos siempre con la justicia. Si con tres quinto denuncian, ningún problema, también acuerdo para que no todo el edificio sea vivienda turística, pero no así, solo disparar y disparar», asegura respecto a la sentencia del Tribunal Supremo que avala que las comunidades de vecinos puedan rechazar el uso de viviendas turísticas en el bloque con tres quintas partes de los vecinos.
Según dos sentencias del Pleno de la Sala de lo Civil del TS las comunidades de vecinos pueden prohibir que se abran viviendas turísticas de alquiler en sus bloques con una mayoría de tres quintos adoptada en junta de comunidad. Es el primer pronunciamiento sobre la reforma del régimen de propiedad horizontal. “Las decisiones, adoptadas por unanimidad, resuelven la controversia entre las audiencias provinciales, evidenciada en las dos sentencias recurridas de signo opuesto, sobre si la prohibición de las actividades turísticas ha de adoptarse por mayoría de tres quintos o por unanimidad de los propietarios”, recalca en un comunicado.
Regulación en otras capitales andaluzas: 10% de tope en Sevilla
En Andalucía, Granada está inmersa en la regulación de las viviendas turísticas al igual que otras capitales como Sevilla o Málaga, donde el problema es más acuciante. Este mismo lunes, en Sevilla, salía adelante en el Pleno la nueva orden de limitación de pisos turísticos, que fija en el 10% el tope máximo de estas viviendas en todos los barrios de la ciudad. Eso hace que por ejemplo en su centro histórico solo tres barrios puedan sumar más viviendas turísticas ya que hay 11 barrios totalmente saturados. En el resto de la ciudad, hay zonas de crecimiento que podrían aumentar las viviendas turísticas en 94 barrios. Según sus estudios, a Sevilla le caben aún 22.780 pisos turísticos más pero en zonas no tensionadas.
Granada ya tiene en su poder el estudio externo encargado a la empresa Espacio Común S.A. sobre la distribución de las viviendas turísticas en la ciudad precisamente para conocer cuáles son las zonas tensionadas y para tomar medidas por barrios y zonas de forma que podría ser similar a la de Sevilla. Pero por ahora no se han hecho públicos los datos de dicho informe.
