PRENSA: Cuevas de San Miguel, solución pendiente
Urbanismo calcula que para finales de enero o principios de febrero habrá concluido la actualización del inventario y del estado de las cuevas. Será entonces cuando abordará el diseño de la estrategia con los grupos de la oposición. El trabajo con los vecinos ya ha comenzado.
Leer en El Independiente, 05-12-2016
La asociación de vecinos del Bajo Albaicín recordó en su boletín publicado a mediados de octubre, a propósito de la convocatoria de la comisión de trabajo para abordar la problemática en el entorno de las Cuevas de San Miguel, que el PGOU aprobado en 2001 apuntaba que «el Cerro de San Miguel, en su conjunto, debe ser un espacio público, un parque, en ladera, con unas características paisajísticas muy concretas». El PGOU fijaba un espacio temporal para ello, el primer cuatrienio tras la aprobación, es decir, para 2005 o 2006. Como recordaba el colectivo, una década después, no se ha cumplido y la situación es «insostenible».
Intentos para afrontar esa ‘problemática’ ha habido muchos en el pasado, todos fallidos, y ahora el Ayuntamiento trata de reactivar una solución que, dadas las características del entorno, su protección, y la singularidad de las cuevas es, cuanto menos compleja.
La reunión de la citada comisión de trabajo fue muy tensa y la temperatura de ese encuentro dice mucho de las dificultades para abordar una solución que satisfaga a todos. Muchos puntos de vista: el objetivo municipal de regularizarlas, acabando con los casos de ocupación ilegal; las quejas de los vecinos de los inmuebles del entorno, no solo por la ocupación de cuevas sino por la presión turística; y los derechos de propietarios que litigan desde hace años con el municipio para demostrar que efectivamente lo son y que exigen saneamiento o alumbrado público.
Urbanismo calcula que para finales de enero contará con una actualización del inventario de las cuevas. P.V.M.
Desde 2013 no se ha actualizado nada, según explica a El Independiente de Granada el concejal responsable del área de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid. Ahora la Concejalía trabaja en esa actualización. Inventario, estado de las cuevas…Calcula que para finales de enero o principios de febrero estará finalizado el trabajo. En ese momento se sentará con los grupos municipales para trazar una estrategia. «Después se tomarán las decisiones que tengamos que tomar pero, ante un tema tan sensible, cada uno tendrá que aportar su visión».
«La fuerza no es la solución», apunta en todo caso el concejal, que esgrime las últimas intervenciones en ese sentido del anterior gobierno del PP para reforzar su posición. Aunque aclara al respecto que en ningún caso amparan ocupaciones ilegales y que si, llegado el momento es necesario desalojar cuevas, «se dará la orden».
Pero cree que cualquier acción requerirá de medidas complementarias, con un papel muy activo de los Servicios Sociales que, en muchos casos, podrán llevar a cabo una labor de mediación.
Lo que sí tiene claro el gobierno local es que se trata de suelo público, verde, que debe ser para uso y disfrute de la ciudadanía. En el Plan Albaicín figura como suelo no urbanizable y ahora que el Ayuntamiento se plantea desbloquear ese plan, «seguirá siendo suelo no urbanizable», despejando uno de los mayores temores de los últimos años, la tensión urbanística que amenazaba la zona.
Al mismo tiempo insiste en no se pueden permitir los efectos negativos que actividad no regularizada está provocando en el entorno. Cita un huerto con riego por goteo que está afectando a un paño de muralla, en el que han llegado a aparecer humedades.
Francisco Naveros es uno de los propietarios que litiga con el Ayuntamiento para hacer valer la propiedad de su cueva. Hay dobles inmatriculaciones, como su caso. Contrariamente a lo que se pueda pensar, Naveros reclama una intervención al Ayuntamiento, pero para acondicionar la zona con saneamiento o alumbrado público. Asegura, para justificarlo, que fue en la etapa de Gallego Burín cuando se instalaron darros, ahora perdidos, y que hay documentación que certifica que hubos postes para la iluminación. «Aquí no hay okupas, son familias», dice para denunciar los problemas a los que se enfrentan las personas que viven en el entorno.
Explica que son 53 cuevas y que solo en una decena de casos hay contenciosos con los propietarios. Expone estas cifras para preguntarse por qué no se negocia con los que no tienen procesos en marcha, y referirse a lo que considera una falta de voluntad histórica para resolver estos problemas.
«¿Qué proyecto tiene el Ayuntamiento para el Cerro de San Miguel?» Y tras esa pregunta explica que está al frente de una asociación cultural, ‘Espacios libres, espacios verdes’ que sí tiene muchos proyectos para revitalizar el entorno. Como un mercado de antigüedades para «levantar el Albaicín el domingo por la mañana», una especie de Portobello londinense.
Y apunta a los intentos de edificar en la zona, recalificándola, como uno de los mayores peligros a los que se enfrenta.
Según los vecinos, hay 53 cuevas y de ellas, 10 litigan por su propiedad con el Ayuntamiento. P.V.M.
La Junta recuerda que su labor es «eminentemente inspectora y técnica»
La Administración autonómica detalla en una reciente respuesta a una pregunta de la parlamentaria autonómica de IU María del Carmen Pérez las peticiones que ha recibido en los últimos años del Ayuntamiento y los dos informes más recientes elaborados por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, ambos desfavorables.
En su respuesta, fechada el 10 de noviembre, la Consejería de Cultura recuerda que son los propietarios de los terrenos integrantes del Patrimonio Histórico los que tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos. Los terrenos en los que se encuentran las cuevas de San Miguel, en el entorno de la muralla de San Miguel declarada BIC, son propiedad del Ministerio de Cultura que, en su momento, transfirió a la Junta su gestión. Recuerda que por ello cualquier actuación deberá ser informada por la Comisión de Patrimonio y que la Junta, en todo caso, ejerce «una labor eminentemente inspectora y técnica desde el punto de vista patrimonial tanto del BIC de la muralla como de su entorno».
Y en ese mismo documento llama la atención una de las propuestas que planteó el anterior equipo de gobierno en 2014: la «eliminación de las cuevas o un cierre efectivo de cada cueva con hormigón en masa que impida su posterior apertura y a continuación extender tierras ajenas a la zona regenerando el talud natural con una posterior hidrosiembra», o bien«eliminar la protección y declararlo suelo residencial».
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