PRENSA: El Ayuntamiento «no puede actuar» en las cuevas ocupadas en la colina de la Alhambra «por ser propiedad privada»

Isabel Nieto reitera que «no tiene nada que hacer» en este asunto salvo que haya «una situación ruinosa» por la que sí podría requerir al propietario que actúe.

Leer en Ideal, 13-02-2016

El Ayuntamiento de Granada ha aclarado que no puede actuar en las ocupaciones ilegales que se han producido en las cuevas abandonadas del barrio del Sacromonte, en la prolongación de la colina de la Alhambra, por ser de propiedad privada, por lo que tendrían que ser los propietarios los que tomaran cartas en el asunto.

Así lo ha señalado a Europa Press la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto (PP), después de que los vecinos del barrio hayan reclamado soluciones para estos asentamientos ilegales que se han intensificado en el último año en cuevas que «no reúnen las condiciones mínimas de seguridad e higiene».

Nieto ha relatado que en el Cerro de San Miguel el Ayuntamiento procedió al desalojo de las cuevas que eran propiedad municipal por motivos de seguridad, a tenor de su estado ruinoso. «Hubo un expediente de investigación patrimonial para averiguar cuáles eran de propiedad pública, estuvimos un año investigando», ha recordado la edil.

Ha mantenido que el Ayuntamiento «sólo sabe cuando se ocupa algo» de su propiedad, pero «no si es de propiedad privada y lo consiente el propietario». Si no están de acuerdo, «deben presentar en el Juzgado una solicitud para el desalojo», ha agregado.

De este modo, el Ayuntamiento «no tiene nada que hacer» en este asunto salvo que haya «una situación ruinosa» por la que sí podría requerir al propietario que actúe.

Los vecinos del Sacromonte advierten de que los ocupas de estas cuevas «están en peligro», puesto que se abandonaron hace 50 años y hoy en día no son seguras.

Estos lugares no cuentan con luz ni saneamientos y «hay gente que incluso tiene que encender hogueras dentro para calentarse».

Los vecinos aclaran que el Sacromonte «siempre ha sido un barrio de cuevas» y «no solicitan que se expulse a estas personas, sino que se haga un plan habitacional si realmente necesitan una vivienda y se regularice su uso, acondicionándolas para una vida «digna y segura».