El cobro del canon del agua, objeto de controversia política

Cualquier ciudadano al que le llegue el recibo del agua doméstica, podrá apreciar que el mismo contiene varios conceptos de cobro perfectamente diferenciados y que están en relación con el ciclo urbano del agua.

Es decir, desde que se capta la misma hasta que llega a las viviendas para su utilización, pero también desde que desaparece por el desagüe hasta que, una vez depurada, vuelve al medio natural. En resumen, el coste del agua, del alcantarillado, de la depuración y del canon autonómico de depuración.

Y son precisamente los dos últimos apartados los que han generado no poca controversia política, pues no en vano hay razones más que suficientes para ponerlos en tela de juicio. La tarifa de depuración se corresponde con el tratamiento, como su nombre indica, de las aguas recogidas a través de la red de alcantarillado municipal. De ahí que en buena lógica sólo debería aplicarse en aquellos municipios donde se depuran efectivamente estas aguas. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Municipios como Peligros o Pinos Puente donde no se depura el agua, al usuario se le grava con una tarifa de vertidos cuando este concepto no figura en las ordenanzas fiscales.

Pero más problemática es la aplicación del canon autonómico de depuración, que quedó establecido por la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. En su artículo 80 establece que «los ingresos procedentes del canon de mejora quedan afectados a la financiación de las infraestructuras de depuración declaradas de interés de la Comunidad Autónoma». También que el importe de este canon deberá repercutirse íntegramente sobre el contribuyente, haciéndose constar de forma diferenciada en la factura o recibo».

Un cálculo elaborado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en base al consumo medio diario de 140 litros y a un precio por metro cúbico de canon a 0,03 euros, más un euro al mes por vivienda, la Junta habría ingresado desde mayo de 2011 hasta mayo de 2012 unos 63,3 millones de euros. Teniendo en cuenta las subidas siguientes, este estudio fija a finales de 2015 una recaudación próxima a los 300 millones de euros. Cantidad que recoge solo el consumo doméstico, pues si se tiene en cuenta el de la industria, el comercio o los edificios públicos, aumentaría en un 40%.

Por todo ello, desde la Diputación Provincial se considera «escandaloso que la Junta cobre el canon de depuración y que la mayor parte de los pueblos no tengan aún depuradoras», afirma José Antonio Robles, diputado de Medio Ambiente. Añade que resulta aún más kafkiano que sea esta misma administración «quien te cobre el canon, que someta a los ayuntamientos a la figura del cobrador del frac, y luego multe a los consistorios por no depurar sus aguas, cuando es consciente que ellos por sí mismos no tienen la capacidad de inversión para sufragar estas infraestructuras».

Datos de la Junta

Inmaculada Oria, delegada territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, ofrece sus propias cifras. Según ha declarado días pasados, a fecha 31 de diciembre de 2013, la Junta había ingresado un total de 133 millones de euros en toda Andalucía por este concepto. En el mismo periodo, ha ejecutado obras en la región por un total de 201 millones de euros, cifra ligeramente superior al importe ingresado por el canon; todo ello realizado «con un enorme esfuerzo presupuestario con la finalidad de llegar al horizonte 2015 con el mayor grado de cumplimiento de la directiva europea», señalaba a este respecto.

Oria hizo también un llamamiento a la cooperación entre instituciones para gestionar el agua «como un bien público que no debe utilizarse como elemento de confrontación entre administraciones».