Desalojo, carga policial y reapertura de cuevas

Momento en el que la Policía Local se repliega ante el acoso de un grupo de jóvenes indignados. GiM2014

GranadaiMedia, 21-03-2014

Siete años después del primer desalojo en el cerro de San Miguel, el Ayuntamiento de Granada lograba esta mañana su propósito de sellar siete del medio centenar de cuevas sobre las que reclama su propiedad. El principal argumento de Urbanismo para echarlos se apoya en un informe de los técnicos municipales en el que se alude a la ruina inminente de las viviendas y al riesgo para la integridad de las personas; cuestiones que sus habitantes han puesto en duda durante los últimos años.

El desalojo se hizo por sorpresa, sin anuncio previo y sin esperar -en alguno de los casos- a que acabara el procedimiento judicial. Eso denuncian los propios afectados –una veintena- y también su abogada Marisa Dávila. La forma de proceder del gobierno municipal que preside José Torres Hurtado desarmaba la movilización ciudadana y reducía la presencia de periodistas, claves para que no se frustrara la operación como ya ocurrió en diciembre.

Bastó que las máquinas, primero, y los antidisturbios de la Policía Local de Granada, después, abandonaran el lugar -no sin incidentes- para que los afectados, con ayuda de otros compañeros, echaran mano de las palas y los picos para reabrirlas.

Sobre el perímetro de las siete cuevas se arrojó durante toda la mañana montones de tierra, incluso los residentes denunciaban la destrucción de los techos de algunos refugios que la propia Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía advertía en un informe que se debían conservar con la oportuna ventilación.

Sorpresa o no tanta…

El desalojo a primera hora de la mañana, sobre las 5:45 horas, se produjo con algún incidente. Un joven que opuso resistencia y que ni siquiera era uno de los afectados por el cierre de las cuevas, pero sí solidario con sus vecinos, fue detenido y trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional junto a otros dos senegaleses. Estos últimos fueron más tarde puestos en libertad tras comprobar que disponían de la documentación en regla.  El joven arrestado no quiso la asistencia jurídica que le prestaba el colectivo Abogados en Red y permanece detenido a la espera de pasar a disposición judicial.

Entre las personas obligadas a abandonar las cuevas se encuentran jóvenes españoles y una comunidad de extranjeros, entre ellos un búlgaro, un francés y varios senegaleses. Una de las cuevas enterradas servía de culto religiosa a la comunidad senegalesa.

“Nos dijeron que teníamos diez minutos para desalojar las cuevas y que si no lo hacíamos nosotros, lo iban a hacer ellos”, relata Lidia, quien sostiene que en ningún momento se les ha presentado orden de desalojo y que incluso estaba en plazo –hasta el 11 de abril- para recurrir la decisión. Casi todos prefirieron recoger sus enseres y amontonarlos a unos metros de sus cuevas, fuera del alcance de las excavadoras. Uno de los senegaleses se quejaba de que no hubiese podido sacar todos sus enseres.

A poca distancia del movimiento de tierras, una veintena de jóvenes –los propios afectados y residentes en la zona-, seguían los pormenores de la intervención sobre el terreno de las dos excavadoras y los cuatro dumper de carga. En ocasiones rompían la calma con gritos de indignación, algún que otro insulto, cánticos de protesta e incluso lloros; todo ello bajo la atenta mirada de los antidisturbios municipales que se desplegaron por todo el cerro para impedir el acceso de público.

Boris, uno de los expulsados, contaba a GranadaiMedia que ayer por la noche les llegó un aviso “fiable” de que el desalojo se iba a producir esta misma mañana. “La verdad es que no le dimos crédito y por la hora, a las 22:00, era imposible llamar a la gente para pedir ayuda”.

Dos letradas de Abogados en Red se personaron en el lugar para conocer la versión de los afectados.  También logró romper el cerco policial una comitiva de Stop Desahucios que informó a los allí presentes de que habían convocado sobre la marcha una protesta en la plaza del Carmen, frente al Ayuntamiento de Granada, para denunciar lo que consideraban un desalojo “ilegal”.

La tensión subió entre los cueveros cuando sobre las 14:30 horas se dieron por concluidos los trabajos y tenía lugar el momento del repliegue policial. Los afectados pudieron comprobar el estado en el que habían quedado las que hasta ahora venían siendo sus viviendas. La franja de cuevas situada en la parte superior del cerro quedó sepultada por toneladas de tierra. Una herida abierta de color marrón contrastaba con el verde primaveral de los alrededores de la muralla nazarí.

Muchos de los allí presentes  y otros que llegaron ya sin obstáculos desde la Cruz de la Rauda persiguieron a la treintena de agentes que de espaldas se retiraban, entre insultos y abucheos, hacia sus vehículos situados en la explanada que se encuentra detrás de la ermita de San Miguel.  Uno de los mandos advirtió de que se iba a producir una carga si no deponían su actitud que, hasta entonces, se limitaba a descalificar a los agentes.

Ya en la ermita los agentes decidieron cargar contra los jóvenes con un tipo de munición que dispara pequeñas bolas y un polvo picante. Varios jóvenes se vieron afectados, también por algún porrazo y los impactos de bolas que dejaron pequeñas señales en el cuerpo.

Un joven mostraba a GranadaiMedia una pequeña herida en la cabeza por la que iba presentar una denuncia. El portavoz de la Policía Local de Granada explicó a los medios que los agentes tuvieron que cargar porque no los dejaban acceder a sus vehículos.

Sin servicios sociales municipales

Una vez que la Policía abandonó el lugar, los cueveros iniciaron las labores para reabrir las cuevas. Aunque algunos de ellos habían facilitado sus datos a la abogada para ser realojados de forma provisional en viviendas públicas, la intención de casi todos ellos era mantenerse en el lugar.

La letrada Marisa Dávila, que pertenece al colectivo Abogados en Red, aseguraba por la mañana que en el momento del desahucio ningún técnico del Ayuntamiento había acudido a ofrecer información a los cueveros sobre opciones de atención en los Servicios Sociales, como se había comprometido la concejal de Urbanismo Isabel Nieto.

En rueda de prensa posterior, la edil de Urbanismo confirmó que, en efecto, no se había notificado a las personas afectadas la existencia de un servicio de realojo, pero que existe y que “cada uno de ellos, en caso de estar interesado, debe solicitarlo en Servicios Sociales”. Claro que también indicó Nieto que no había ningún detenido… cuando el portavoz de la Policía Local estaba afirmando lo contrario.

Sobre este asunto, el colectivo Abogados en Red precisó que ha sido la Junta de Andalucía la que se ha interesado por el realojo de los 20 afectados, como “medida de carácter extraordinaria y temporal”, ante la “falta de respuesta” del Ayuntamiento de Granada. Por la mañana el delegado de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Manuel Morales, exigía al Ayuntamiento que prestara ayuda a los afectados como “autoridad competente”, si bien dejó claro que su departamento podría actuar si el gobierno local se desentendía.

Vulneración del derechos

El colectivo Abogados en Red presentará mañana una denuncia en el juzgado de guardia por entender que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y se ha procedido al derribo de las cuevas cuando sólo había autorización judicial de entrada y clausura. “Lo que se ha hecho es destruir”. Según fuentes del citado despacho, en uno de los casos el recurso de revisión no se había resuelto, mientras que en otro, un contencioso administrativo, se había solicitado la justicia gratuita.

El desalojo de hoy forma parte de un plan más amplio que incluye la recuperación de cerca de medio centenar de cuevas sobre una superficie de 25.000 metros cuadrados. La concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, comunicó hace meses en una de las asambleas vecinales que la idea era cerrarlas todas de forma progresiva para recuperar

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, ha denunciado “la actitud inhumana, caciquil y típica del terrorismo del ladrillo” del gobierno municipal tras la orden de desalojo. El portavoz de IU critica “que hayan aparecido agentes de la Policía Local a las seis de la mañana despertando a los moradores, a familias con menores y desalojando sin dar la oportunidad a la presentación de recursos que establece el procedimiento administrativo”.

Puentedura ha criticado “que el Ayuntamiento haya actuado sin ni siquiera preveer la intervención de ningún trabajador social y dejando a cuatro familias en la calle”.

Concentración ante la Subdelegación del Gobierno. Foto: GiM

Concentración nocturna

Convocados por Stop Desahucios, varios centenares de personas se concentraron al caer la noche, hacia las 21.00 horas, en las puertas de la Subdelegación del Gobierno, en repulsa al desahucio de las cuevas. Los manifestantes se propusieron pasadas las 21.30 horas volver al cerro de las Cuevas de San Miguel a pasar la noche, y desconvocaron oficialmente la concentración.