El Ayuntamiento de Granada desaloja seis cuevas del cerro de San Miguel
La policía detiene a un residente y justifica la acción en el «estado de ruina» de los alojamientos
La Policía Local de Granada ha desalojado seis de las cuevas que hay en el cerro de San Miguel, en la parte más alta del Albaicín, junto a la muralla que separa a este barrio del Sacromonte. Las ha desalojado y clausurado ante su estado de “ruina”, según argumenta el Ayuntamiento de la capital, que lleva años intentando desalojar el cerro. Un fuerte dispositivo policial ha sido necesario para acometer la actuación, que se ha saldado con un detenido y dos personas identificadas, según fuentes policiales.
No es la primera vez que el El Ayuntamiento de Granada, que es el propietario de los terrenos, lo intenta. La última fue en diciembre, pero una concentración lo impidió. En esta ocasión, los agentes y las máquinas han comenzado a trabajar antes de las 07.00 horas y ha sido por “sorpresa”, según algunos de los afectados. No a todos les había llegado la notificación y hay quien la había recurrido, explica Marisa Dávila, la abogada que se hizo cargo de sus casos hace meses.
La operación se ha llevado a cabo después que el Ayuntamiento recibiera de distintos juzgados de lo contencioso administrativo la orden de desalojo, según explica un portavoz de la Policía Local. La letrada cree “irregular” este desalojo por el modo en que se ha hecho. Algunos afectados intentan reabrir las cuevas.
En el cerro, que tiene unas impresionantes vistas de la ciudad, hay cuevas habitadas desde hace décadas y otras cuyos moradores son mucho menos continuos. Unas 60 se calcula que existen en toda la zona, pero no todos los habitantes tienen escrituras. El problema de la titularidad es bastante complejo en el paraje que no es urbanizable. La intervención de hoy se ha centrado en seis.
La concejal de Urbanismo, Isabel Nieto (PP), insiste en que no son viviendas las cuevas desalojadas y que su estado de “ruina” suponía un peligro para sus moradores que había que atajar. Ni tienen saneamientos, ni luz, ni agua, recalca. Stop Desahucios se ha concentrado frente al Ayuntamiento para protestar puesto que el amplio dispositivo policial (unos 50 agentes) impedía acceder a las cuevas desalojadas.
La oposición municipal cree hay intereses especulativos, aunque el gobierno del PP reitera que su intención es restablecer la zona y por ello han rellenado con grava, tierra y arena las cuevas para devolver el monte a su estado y volver a sembrar.
La Junta de Andalucía ha exigido, a través del delegado territorial de Vivienda, Manuel Morales (IU), al Ayuntamiento que proporcione alojamiento a los afectados, que son 17, según sostiene. La policía rebaja a 7 las personas sin posibilidad de acceder a una vivienda. El grupo municipal de IU considera “terrorismo del ladrillo” el desalojo y alerta de posibles operaciones urbanísticas, que el gobierno de la ciudad desmiente.
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