Más gasto por la atención social del Albaicín

Fernando Egea y Juan García Montero informaron a los vecinos del traslado de los servicios sociales del Albaicín.

GranadaiMedia, 29-01-2014

Al Ayuntamiento de Granada le costará 3.000 euros al mes (36.000 euros al año) el alquiler del local del colegio propiedad del Ave María, situado en la Carretera de Murcia, que acogerá a partir de la próxima primavera el centro comunitario de los servicios sociales del Albaicín.

La noticia, que ya avanzó GranadaiMedia el pasado viernes, ha sido transmitida este martes a los vecinos por el propio concejal de Familia y Bienestar Social, Fernando Egea, quien ha asistido a la Junta Municipal de Distrito celebrada en la sede de la Asociación de Vecinos de Haza Grande, presidida por su compañero de gobierno Juan García Montero.

Con anterioridad, el gobierno municipal había enviado una nota de prensa a los medios, informando del traslado pero obviando el coste del alquiler, así como la inversión necesaria para adaptar la antigua Escuela de Magisterio que hace unos años se trasladó al distrito Norte.

Hasta ahora este servicio se ha prestado en edificio municipales –antes en el centro de la Plaza Aliatar y en la actualidad en el Callejón del Gallo-, por lo que no entrañaba gasto alguno para la ciudad más allá de su mantenimiento y los honorarios del personal, costes estos últimos que debe seguir asumiendo el Ayuntamiento.

García Montero desveló el importe del alquiler a preguntas del concejal socialista Miguel Ángel Fernández Madrid.  Lo que no ha trascendido es el coste de la obra para convertir los 200 metros cuadrados de inmueble en ocho oficinas de atención social y dos salas multiusos, además de la instalación de una rampa de acceso. El concejal de Familia afirmó que el gasto no es muy elevado pero no dio cifra alguna. Fuentes consultadas por GranadaiMedia aseguraron sin embargo que el elevado coste de la inversión, unido al pago de un alquiler, dificultó la operación en un primer momento.

Egea explicó que la búsqueda de un nuevo local que reuniera las condiciones adecuadas para prestar dicho servicio –el edificio del Callejón del Gallo incumplía la normativa desde que se abrió en mayo de 2011 en contra de la opinión de los vecinos– era una de sus prioridades desde el primer día por ser “una demanda de los vecinos”. “[El local del patronato Ave María] es un edificio amplio y bien situado, está en un punto intermedio entre los cuatro barrios (Albaicín, Sacromonte, Fargue y Haza Grande), y tiene muy buena accesibilidad porque paran al lado los autobuses 7, 35 y F”, subrayó.

La presidenta de los vecinos del Fargue, Mª Ángeles Ruano, felicitó al gobierno local por la nueva ubicación al igual que su homólogo del Albaicín, Manuel Vargas. La portavoz del Bajo Albaicín, Loli Santos, concedió un “voto de confianza” pero reclamó al concejal que reconociera su equivocación en el traslado del centro al callejón del Gallo, recordándole que se hizo “sin contar con la opinión de los vecinos”. “Se hubieran ahorrado un dineral de habernos consultado”, opinó.

El portavoz municipal de IU, Francisco Puentedura, cuantificó en 600.000 euros lo que habían costado las distintas adaptaciones del edificio del Callejón del Gallo, una cuantía que el presidente de la Junta Municipal de Distrito, Juan García Montero, minimizó aclarando que todo ese dinero no salió de las arcas municipales sino de programas europeos. El concejal popular se esforzó en quitarle hierro a la cuantía del alquiler del nuevo edificio, destacando la gestión del gobierno municipal por concentrar en el complejo de los Mondragones distintas dependencias municipales que, según dijo, “ha ahorrado mucho dinero en alquileres a la ciudad”.

El concejal socialista Miguel Ángel Fernández Madrid solicitó información sobre lo que se lleva gastado en el Callejón del Gallo, además de interesarse por los detalles de la operación de alquiler y una obra de adaptación que cuestionó por no haberse consultado previamente con los vecinos. Fernández Madrid planteó la posibilidad de que los servicios sociales regresen a su anterior sede, el centro cívico de la Plaza Aliatar, al objeto de ahorrar dinero público. Dicho opción fue descartada por Egea.

Por su parte, los artesanos que tienen sus talleres en el Callejón del Gallo mostraron su preocupación ante la posibilidad de que el traslado deje sin vigilantes de seguridad un edificio que ya fue desvalijado tras su primera inauguración y posterior cierre. Queda pendiente el uso que se le dará a las oficinas que queden libres.

Con posterioridad se trataron otros puntos de interés para los vecinos que requieren de soluciones. De forma resumida, el gobierno municipal mantiene su intención de desalojar las cuevas del cerro de San Miguel que considera de su propiedad. La presencia de Paco Puentedura (IU), concejal que se ha manifestado en contra de expulsar a sus habitantes, avivó los reproches de algunos de los asistentes.

La polémica sobre la futura ordenanza de vados por la que algunos vecinos se siente perjudicados, la ausencia de transporte público de autobuses los fines de semana en la Carrera del Darro o la negativa de la Concejalía de Movilidad a restituir el sentido del tráfico descendente por San Juan de los Reyes fueron una vez más motivo de perenne discusión.