La Policía desalojará el martes las cuevas

GranadaiMedia, 02-12-2013

El Ayuntamiento de Granada ya ha notificado la orden de desalojo a los habitantes de las ocho cuevas del cerro de San Miguel alto que se encuentran más próximas a la muralla nazarí. La expulsión se producirá el próximo martes a las 9 de la mañana, siempre y cuando sus habitantes no consigan paralizar el decreto municipal.

Un grupo de afectados se ha dirigido a un gabinete jurídico para tratar de frenar la orden de desalojo y se ha entrevistado con el concejal de IU, Francisco Puentedura, para buscar su complicidad. El edil ha manifestado su intención de presentar un recurso de reposición para tratar de invalidar la decisión adoptada por la Concejalía de Urbanismo “mientras no haya una garantía jurídica”.

A primera hora del martes se les ha hecho llegar el aviso de desahucio a los últimos afectados por el decreto, entre ellos al joven búlgaro Borislav Petrov Peshev, preocupado ante la situación que se le presenta a partir del día 10.

Borislav, licenciado en arqueología y fotógrafo de profesión, ocupa la cueva más próxima a la muralla nazarí desde hace 10 años. Él fue testigo del desalojo y sellado de algunas de las covachas que se enterraron en enero de 2007. En aquella ocasión su cueva se salvó de ser sepultada. “Entraron las máquinas pero no tocaron nada en esta cueva. No entiendo por qué ahora, sin haber estado aquí ningún técnico, deciden que está en ruina”.

La cueva no da la impresión de que se vaya a desplomar, por dentro ofrece seguridad. Sus condiciones tampoco son de insalubridad. Dispone de un pozo séptico y un depósito de agua en el exterior y ha puesto en marcha un sistema de depuración de agua. “Nunca se ha desprendido nada. No hay peligro de ningún tipo”, insiste el joven búlgaro al que no le han ofrecido ningún tipo de asistencia social en el momento de comunicarle el desalojo. “No nos han comentado nada de eso, sólo que abandonemos la casa y yo no quiero dejar la cueva donde he invertido tiempo y dinero”. Borislav, sin trabajo estable en la actualidad, asegura no disponer de medios para pagar una casa de alquiler en la ciudad.

GranadaiMedia ya estuvo la semana pasada en la zona para recabar la opinión de algunos de los residentes.

El decreto de desalojo y el informe de Cultura
Según el decreto municipal al que ha tenido acceso Granadaimedia, los ocupantes deberán tener sus enseres fuera de sus cuevas antes del martes próximo al objeto de que la empresa contratada para la restauración “pueda ejecutar las obras a las que se refiere el decreto de ruina física inminente” con fecha del 26 de julio de 2010. Serán las primeras de un total de cincuenta que el Ayuntamiento de Granada pretende sellar.

La Concejalía de Urbanismo ha emplazado a la Policía Local a que acuda al lugar para “prestar el auxilio, cobertura y protección que fuera necesario en los trabajos de desalojo”. También se hace constar en el escrito que no cabe recurso alguno contra la resolución, una cuestión que pretenden rebatir los afectados.

El decreto deja la puerta abierta a la vía contencioso administrativa pero no habla en ningún momento de la puesta en marcha de dispositivos de ayuda social para atender a los desahuciados, tal y como dijo la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, en la última Junta Municipal de Distrito.

El pasado 27 de septiembre la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, organismo dependiente de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, informó “favorablemente” la propuesta de intervención presentada por el Ayuntamiento de Granada. La resolución, acordada por unanimidad, no entra a analizar la problemática social que entraña el desalojo. Es un informe preceptivo por ser un lugar de especial protección arqueológica. Tan sólo se advierte de que no se utilice maquinaria pesada -como ocurrió en 2007-, se lleve tierra externa para la restauración, se tomen las medidas de ventilación oportunas para evitar que se pueda producir el desplome y se controle el movimiento de tierras por ser zona de protección arqueológica.

Enredo sobre la propiedad
Entre los afectados figuran ciudadanos de origen subsahariano aunque también hay jóvenes de otras muchas nacionalidades, incluida la española. En el cerro de San Miguel son pocos los que tienen escrituras que acrediten la propiedad de sus cuevas. En la parcela de 25.000 metros cuadrados donde se encuentran las cuevas, el Ayuntamiento sólo reconoce la propiedad particular de siete familias, según un informe que realizaron técnicos de Urbanismo en 2011.

En dicho documento se hace un repaso histórico sobre lo acontecido en el lugar desde la posguerra, cuando familias de represaliados de los pueblos de la provincia buscaron refugio en el cerro. Ya entonces el propietario de los terrenos, un particular, mantenía disputas con los moradores por la propiedad.

Es desde mediados de los cincuenta cuando el control pasa al Patronato de Santa Adela, un organismo benéfico controlado por las autoridades franquistas de la época que, con los años, decide vender algunas cuevas a particulares mediante contratos de compraventa.

Según el informe técnico, el citado patronato dejaba en manos del comprador la obligación de inscribir su cueva en el registro de la propiedad. El problema se plantea cuando muchos de ellos, analfabetos, que rubricaron su contrato con una huella, no repararon en la necesidad de legalizar con las máximas garantías su situación.

El concejal de IU Paco Puentedura sostiene que hubo “mala fe” por parte del Patronato al incluirlas de nuevo en el paquete que se subastó a mediados de los ochenta y que adquirió el Ayuntamiento de Granada. Años después, en 1991, el Consistorio cedió las cuevas a la empresa municipal de vivienda Emuvyssa mediante una encomienda de gestión.

Y así se ha llegado al momento actual después de décadas en las que el Ayuntamiento ha ido dejando pasar el tiempo sin intervención alguna y sin preocuparse en exceso por la titularidad de las cuevas. Los contratos de compraventa elevados o no a escritura pública, los múltiples traspasos entre particulares mediante documento privado, las dobles inmatriculaciones… todos esos documentos son papel mojado para el Ayuntamiento que no ha tenido en cuenta las alegaciones de los que allí viven.

En opinión de Puentedura, se ha creado una situación de “inseguridad jurídica” que obliga a realizar otro tipo de actuaciones. Invita al equipo de gobierno a que acuda a los tribunales para aclarar la titularidad de cada cueva, una por una. También a que complete los informes periciales y certifique el estado real de cada cueva: sus condiciones de seguridad y habitabilidad, quién es su propietario, si está ocupada o no, y qué intervención social está prevista en cada caso.

Mientras tanto los afectados están convencidos de que el gobierno municipal oculta su intención de construir un complejo turístico, una actuación que Isabel Nieto negó con rotundidad hace unos días.

Mientras el foco de atención se centra en el cerro de San Miguel alto, los ocupas de un solar situado entre la Cuesta Chapiz y la calle veredillas de San Agustín, denominada el huerto mágic0, fueron desalojados el pasado lunes por agentes de la Policía.