Miguel Ángel Fernández Madrid. Concejal PSOE en Granada Hoy, 28-11-2013
«No entendemos de igual forma el alcance y los límites que debe tener la conservación, protección y revitalización» del histórico barrio de la ciudad
HAY territorios que, por diferentes motivos, (culturales, históricos, sociales, económicos…), se convierten en un escenario donde el conflicto puede llegar a definir buena parte de su identidad. Este es el caso del barrio del Albaicín. En el pasado hubo conflictos por el derecho y el uso del agua, como atestiguan los numerosos documentos de carácter judicial que se conservan. Hoy, como ayer, existen conflicto -a veces verdaderos enconamientos- por la altura de los edificios, (la contemplación del paisaje natural o monumental a través de las ventanas, de las vistas), o por la ocupación del suelo, debido a su escasez o bien por la utilización de determinados elementos constructivos u ornamentales. Conflicto no sólo entre vecinos, sino también entre administraciones, como ocurre con el empedrado, o entre vecinos y administración, ya sea por lo que esta última prohíbe, permite o ignora.
En algo parece que todo el mundo está de acuerdo: El Albaicín debe conservarse, protegerse, recibir inversiones, generar consenso. Y esto es así porque el Albaicín, la Alhambra y la Vega tal vez conforman la tríada más potente de la identidad de los granadinos.
Lo que ocurre es que no todos entendemos de igual forma el alcance y los límites que debe tener la conservación, la protección, la revitalización, y mucho menos todo a la vez.
En el ámbito institucional existen dos administraciones, la local y la autonómica, en permanente conflicto. El planeamiento de protección especial del Albaicín data del año 1991. Fue un documento necesario que estableció los límites a los que antes nos referíamos y que abrió las puertas para que la UNESCO declarara el barrio Patrimonio de la Humanidad. En el año 2008, el PP en el Ayuntamiento de Granada, en el ejercicio de su competencia, inició los trabajos para redactar un nuevo Plan Especial de Reforma Interior para el Albaicín, incorporando al Sacromonte. A día de hoy, estos trabajos no se sabe muy bien en qué situación se encuentran. Las hemerotecas recogen el peregrinar de este documento de planeamiento y el debate en el que se reparten culpas la administración que redacta, el Ayuntamiento de Granada, y la administración cuyo informe para la aprobación del Plan es vinculante, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Cultura.
Más allá de los titulares y de las razones esgrimidas, lo que está claro es el modelo de protección y revitalización que el PP propone desde el Ayuntamiento. Y la palabra que define este modelo es libertad. Si desde la oposición socialista lamentamos la proliferación del uso hotelero en la Carrera del Darro, el PP esgrime como argumento la libertad de los empresarios para invertir como quieran. Si lamentamos la pérdida de población, la respuesta es la libertad: ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento si un vecino decide no vivir en el Albaicín? Libertad, como principio rector, ideológico, frente al coñazo de la Consejería de Cultura que sólo viene a poner trabas, que sólo prohíbe.
Lo que ocurre es que la libertad del PP no es tal. Hay una evidente intervención pública desde el Ayuntamiento de Granada con el objetivo de potenciar usos turísticos frente a usos residenciales, cuya consecuencia es pérdida de población, su envejecimiento y el deterioro de una arquitectura popular que es lo que en realidad cualifica al barrio, lo que motivó la declaración del Albaicín como Patrimonio de la Humanidad. También es intervención pública si el excesivo uso hostelero de la calle Elvira no encuentra límite. Igualmente, en el documento del año 2008, la voluntad intervencionista del PP era evidente por más que ellos declaren una total libertad: como el fomento de nuevas urbanizaciones en el Cerro de San Miguel o una red de aparcamientos en Plaza Nueva o el Rey Chico, o la creación de nuevos viales que conecten con la Ronda Este.
Es decir, el PP en el Ayuntamiento de Granada no se corta a la hora de hablar de libertad cuando en realidad planifica un modelo de intervención que prima determinados usos frente a otros con una movilidad que, sin lugar a dudas, ponen en peligro la conservación del barrio y la permanencia de sus vecinos, desembocando todo en un gran parque temático. Un modelo que, más que libertario, podemos definir de intervencionista con el objetivo de generar un determinado tipo de modelo económico basado en el ladrillo del que esta crisis ya ha dado muestras más que suficientes.
Mientras tanto, la izquierda, también desde las instituciones, nos enfrentamos a este modelo con remilgos porque ha calado la falsa idea de que la conservación es prohibición, en lugar de límites a la acción del hombre, de la sociedad, sobre un territorio patrimonial. Es una tarea dura, pero o llevamos a gala la necesidad de intervenir en el Albaicín, desde la premisa de la conservación y la revitalización, donde haya un equilibrio entre los diferentes usos y potencialidades que el barrio ofrece, incluido el turístico, o no podremos poner freno a un modelo depredador del territorio basado en el principio de la libertad, pero que es intervencionismo puro y duro y que, además, atenta contra los valores de todo tipo que definen el Albaicín.
