[PRENSA-OPINIÓN] San Miguel Alto: el Albaicín dice no al pelotazo
La subasta desierta del antiguo Centro de Menores de San Miguel Alto no es una anécdota administrativa ni un simple fracaso comercial. Es la confirmación de que se ha sabido reaccionar ante una operación que pretendía abrir la puerta a la conversión de un inmueble público, situado en un enclave sensible del Albaicín, en una oportunidad privada al servicio de un modelo de negocio destructivo para Granada.
Según ha publicado, no se ha presentado ninguna oferta ni en primera ni en segunda subasta para adquirir el inmueble. El lote salía con una expectativa cuya clave no era únicamente la venta de un edificio cerrado desde hace años, sino su posible transformación en hotel dentro del Plan Especial ARR-01 Cerro de San Miguel, en pleno entorno del Albaicín y la Alhambra.
El gobierno de Moreno Bonilla, con el acuerdo de la alcaldesa de Granada, han intentado presentar la operación como una mera enajenación patrimonial. Sin embargo, los propios datos del expediente desmienten esa versión. La Dirección General de Patrimonio solicitó al Ayuntamiento de Granada el cambio de calificación de la parcela a uso terciario-hotelero, y la tasación utilizada para la subasta se apoyaba precisamente en esa hipótesis urbanística. Por tanto, no hablamos de una venta neutra: hablamos de una operación patrimonial conectada con una recalificación urbanística de enorme impacto social, vecinal, paisajístico y turístico.
La movilización ciudadana ha sido decisiva. Las asociaciones vecinales, los colectivos sociales y quienes defendemos un Albaicín habitable han logrado colocar esta operación bajo el foco público. A ello se sumaron las acciones jurídicas, que solicitaban dejar sin efecto la inclusión del inmueble en la subasta y, subsidiariamente, retrotraer el procedimiento para tramitar una declaración individualizada y motivada sobre la desafectación y alienabilidad del antiguo centro.
Esas acciones no eran un gesto simbólico. Advertían de graves defectos jurídicos, urbanísticos y patrimoniales, y anunciaba posibles acciones para depurar responsabilidades administrativas, contables, patrimoniales e incluso penales si se acreditaban arbitrariedad, perjuicio para el patrimonio público, falsedad, concertación o favorecimiento de intereses privados. Resulta razonable pensar que este escenario ha contribuido a que las empresas no acudieran a la subasta. A ningún inversor le gusta iniciar una operación inmobiliaria con impugnaciones vivas, contestación vecinal, riesgo reputacional y una eventual derivada penal.
Conviene decir también y con claridad que la responsabilidad política no es solo del Partido Popular, este lo que ha hecho es continuar y ejecutar la operación desde sus encargos “institucionales”, pero la tramitación urbanística que abrió la puerta a alterar la ordenación del Cerro de San Miguel arrancó bajo el gobierno municipal del PSOE, con la aprobación del primer Avance del Plan Especial ARR-01 el 19 de mayo de 2023. Tras ser inadmitido ambientalmente, el expediente fue retomado y continuado por el gobierno municipal del PP, que aprobó un nuevo avance el 24 de noviembre de 2023. Ya en esa fase posterior, el gobierno de Moreno Bonilla, solicitó el cambio de calificación del antiguo Centro de Menores de San Miguel Alto a uso terciario-hotelero. Por tanto, la responsabilidad política es compartida: el PSOE abrió la vía urbanística y el PP la continuó y la conectó con la operación de negocio conocida.
La inadmisión de los recursos presentados no convalida la operación ni elimina sus sombras. Se han inadmitido por razones formalistas, desdibujadas y contradictorias, aplicando de forma sesgada la doctrina jurisprudencial sobre la legitimación de los partidos políticos y obviando contra Derecho la acción pública urbanística pero, ha sido el fondo del asunto el que ha contribuido al desierto en la subasta, dada la relevancia material de lo planteado.
La subasta desierta demuestra que la movilización funciona. La presión vecinal y la denuncia pública han sido determinantes para paralizar un proyecto especulativo muy dañino para Granada. El Albaicín dice no al pelotazo.
Por otro lado, la excusa económica de Marifrán Carazo tampoco se sostiene. Reclamar San Miguel Alto para el Albaicín no exige que el Ayuntamiento compre el inmueble ni que asuma de golpe una rehabilitación millonaria, sino que active las vías legales de cesión gratuita, cesión de uso o convenio interadministrativo con la Junta de Andalucía para destinarlo a fines públicos.
La alcaldesa confunde deliberadamente dificultad presupuestaria con imposibilidad política, cuando el Ayuntamiento puede planificar una intervención por fases, redactar un proyecto técnico, captar financiación autonómica, estatal y/o europea y programar inversiones plurianuales. Lo que falta no es viabilidad económica, sino voluntad política. San Miguel Alto puede y debe convertirse en un espacio de dotaciones públicas, culturales, sociales, vecinales y comunitarias para el Albaicín, en lugar de seguir siendo tratado como una pieza inmobiliaria al servicio de especulaciones en manos de fondos buitre y/o empresas, todos con sede social fuera de Granada, de Andalucía, que se apoderan de forma extractiva de nuestros recursos públicos y las plusvalías cotizan fuera y todo, en un barrio ya muy tensionado por la turistificación, cuando cada edificio público debe ser una oportunidad para reforzar la vida cotidiana y productiva de Granada.
