[PRENSA] «Son incompatibles con la vivienda», Por Andalucía promete en Granada prohibir los pisos turísticos en zonas saturadas
O pisos turísticos o familias viviendo. Es la elección que ha dado este martes Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía durante un acto en Granada, en el que ha defendido este martes la aprobación de una ley que prohíba nuevos pisos turísticos en zonas tensionadas y que plantee una reversión de los actuales a uso residencial. «Los pisos turísticos son incompatibles con la vivienda. Que nadie se llame a engaño», ha argumentado.
Maíllo ha hecho estas declaraciones a las puertas del antiguo centro de menores de San Miguel, envuelto recientemente en la polémica tras el anuncio de la Junta de Andalucía de sacarlo a subasta para convertirlo en hotel. Tras esto, el candidato ha visitado otros puntos calientes del barrio, que desde el partido consideran ejemplos de enajenación o autorización de enajenación del patrimonio para uso turístico, como el Convento de Santa Inés y el Carmen de las Maravillas.
Para él, el Albaicín es un ejemplo más de lo que ocurre en barrios tensionados, «donde se está produciendo una expulsión de sus vecinos» y el caso del centro de menores es un ejemplo de la política que, a su juicio, caracteriza al actual Gobierno autonómico, cuyo modelo de ciudad es «que cada uno se busque la vivienda como pueda», lo que ha definido como «la pura ley de la selva».
Frente a ello, Maíllo ha comprometido la aprobación de una ley que prohíba nuevos pisos turísticos en zonas tensionadas y que plantee una reversión de los actuales a uso residencial.
«Regularemos pisos turísticos sin problema, estos no pueden ser los que establezcan una limitación en el mercado y en la posibilidad de un derecho (el de la vivienda) que está por encima del negocio», ha afirmado.
Mientras, ha dicho, lo que hay que hacer es atender con «medidas firmes de impacto inmediato», como la liberación de un gran número de viviendas para alquiler porque lo que ocurre actualmente es una situación de «emergencia social».
La decisión de la formación podría chocar contra la sentencia del TSJA que anula el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de la capital para regular los usos turísticos de las viviendas, al entender que no se ajusta a derecho y hace una lectura interpretativa del planeamiento urbanístico. Este decreto municipal, al que se han sumado otras innovaciones urbanísticas posteriores, sirvió de base par paralizar la concesión de licencias de este tipo de alojamientos en el término municipal de la capital.
La sentencia de la Sección Cuarta del alto tribunal andaluz atiende el recurso presentado por la Asociación de Viviendas Turísticas y Alojamientos Rurales de Granada (AvitarGranada) contra la regulación del sector instada por el Ayuntamiento. Aunque en su momento esta asociación pidió medidas cautelares para frenar su aplicación, el TSJA las denegó.
La sentencia del TSJA anula el decreto municipal al considerar que el Ayuntamiento no estaba haciendo una interpretación del PGOU, sino alterándolo para poder imponer restricciones a las viviendas de uso turístico, con exigencias propias del alojamiento hotelero. El documento también avisa de que cualquier futura regulación «deberá respetar la normativa europea» y no podrá mantener una doble vara de medir entre pequeños propietarios y grandes fondos.
La Sala recuerda que las facultades interpretativas del planeamiento son limitadas y que, cuando una supuesta interpretación añade, restringe o redefine obligaciones, usos o aprovechamientos, ya no se realiza ante una interpretación, sino una modificación o revisión del plan, a la que deben seguir las garantías procedimentales correspondientes.
