La propia arquitecta municipal señaló en un informe que no existía ruina urbanística del inmueble
Álvaro Calleja
En cuestión de días, quizá semanas, Emilio Luzón y Miguel Vélez deberán desalojar sus viviendas de alquiler en el inmueble de la calle Álamo del Marqués número 13, después de que la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Granada haya revocado la sentencia de primera instancia que les daba la razón frente al propietario.
Emilio lo tiene más fácil porque dispone de otra vivienda donde refugiarse. Reconoce que su resistencia a abandonar la segunda planta del edificio que ha mantenido durante 28 años –los últimos de ellos pagando una renta de 54 euros al mes- obedecía al hecho de no dejar sola a Josefa Torres, conocida en el barrio como Pepa, y a su hijo Miguel.
Pepa, una vecina muy querida en el Albaicín, murió en noviembre de una grave enfermedad, atormentada ante la posibilidad de verse en la calle. En agosto hubiera cumplido 50 años en el piso del Álamo del Marqués. “Es duro decirlo pero casi ha sido mejor así porque esto [la sentencia] hubiera acabado con ella. Ya al final de su vida no hacía más que hablar de lo mismo, de su temor a ser desalojada”, reconoce Emilio y asiente Miguel.
El contrato de renta antigua -12 euros al mes- estaba a nombre de Pepa. Su hijo Miguel, que residía con ella desde hace dos años, asegura que tras la muerte de su madre realizó el papeleo para subrogarse en el contrato de alquiler pero no ha tenido respuesta.
Distintas varas de medir
La semana pasada tuvieron noticia del fallo de la Audiencia Provincial que echa por tierra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 17 de Granada, donde se desestimaba la demanda del propietario, quien en junio de 2012 adquirió la vivienda a sus anteriores dueños. Tras la operación de compra, acudió a la justicia para echar a los inquilinos alegando “ruina económica” del inmueble. Se amparaba para ello en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964.
Los vecinos afectados argumentaron que el deterioro que presentaba el edificio, con excelentes vistas de la Catedral y el centro de la ciudad, se debía al incumplimiento por la propiedad de la obligación de realizar las obras necesarias para mantener en condiciones los pisos arrendados. También puntualizaban que el actual propietario adquirió el inmueble conociendo su situación, “con la única finalidad de poner fin a dichos contratos de renta antigua, expulsar a sus arrendatarios y disponer del mismo libre de cargas, con claro abuso de derecho”.
Es cierto que el Ayuntamiento de Granada venía requiriendo al propietario desde tiempo atrás obras de cimentación y otras medidas ante el inminente peligro para sus ocupantes. Se notificaron varios decretos a la propiedad, el último de septiembre de 2013 donde se le imponía una multa coercitiva por no llevar a cabo los trabajos que se cuantificaron en 26.720 euros.
Finalmente la obra de emergencia se llevó a cabo y los inquilinos permanecieron durante cuatro meses fuera de las viviendas. Una vez acabada la intervención, regresaron.
El meollo del litigio judicial radicaba en la tasación del edificio y el coste de su reparación. Si el importe de la intervención supera el 50% del valor del edificio, el propietario puede forzar el desalojo.
La propia arquitecta municipal, integrante del servicio de conservación del edificio, emitió un informe en el que dictaminaba, tras su visita a las viviendas en mayo de 2013, la inexistencia de ruina urbanística del inmueble. Sostenía que el coste de la reparación total, incluida la parte ya realizada, ascendía a casi 44.000 euros, siendo el valor del edificio de 125.000 euros, por lo que no superaba el 50%. En base a dicho informe, el juez de Primera Instancia desestimó la demanda del propietario.
Sin embargo, los magistrados de la sección cuarta de la Audiencia Provincial tumbaron este argumento. En el fallo, al que ha tenido acceso GranadaiMedia, el tribunal entiende que dicho valor “es claramente excesivo al tratarse de una casa de más de 100 años de antigüedad sin que conste rehabilitación alguna”. El estado de deterioro, “no sólo estructural sino también de sus instalaciones”, hace insostenible dicha valoración”, argumenta.
“Estoy totalmente tirado”
Miguel, el hijo de Pepa, tiene 59 años y es diabético, una enfermedad que requiere de un tratamiento al que no puede hacer frente desde hace tres meses por falta de dinero. No trabaja desde hace años y la prestación por desempleo la tiene embargada por problemas familiares. Ni siquiera tiene para pagarse los 30 euros al mes que le cuesta la medicación. Asegura que ha perdido visión y no tiene reparos en mostrar las heridas infectadas de la planta del pie y en una de sus piernas. Teme que una subida del azúcar le cause un nuevo infarto, el cuarto en los últimos años.
“No tengo ni para las medicinas. Todas las puertas se cierran, es muy duro. Estoy totalmente tirado. Lo tengo muy mal, fatal”, reconoce. Con la paga de su madre vivían los dos pero desde que murió ella se ha visto obligado a solicitar ayuda.
Acude a Calor y Café cada dos semanas para recoger alimentos y también se ha dirigido a los servicios sociales del Ayuntamiento de Granada. “Me han dicho que me lo van a arreglar para que me quede algo con lo que pagar los gastos, pero hasta ahora todo son buenas palabras. Me conformaría con que me metieran en una residencia”, subraya.
Su vecino Emilio cree que detrás de todo hay una operación especulativa. Es consciente de que, más allá del valor de la casa, su ubicación en el bajo Albaicín, en pleno centro histórico, es privilegiada. “Lo que más vale de la casa es esto”, señala Emilio refiriéndose a las vistas estupendas de la Catedral y la ciudad que se ven desde su habitación.
En su momento solicitó precio por la vivienda a sus antiguos propietarios. “Me llegaron a pedir hasta 300.000 euros pero con los años me llamaron para decirme que me la dejaban en 10.000. Entonces ya no me interesaba”. Detrás suyo llegó un particular, el actual propietario, quien pudo haber adquirido la casa por 7.500 euros, según los comentarios que les han llegado a los vecinos.
Su caso es uno más de los muchos vecinos que han sido desahuciados de sus casas por distintos motivos. A escasos metros se encuentra la casa de la cuesta de Marañas de la que hace unos años fueron desalojados una madre y su hijo tras otra resolución judicial. Sus propietarios, una inmobiliaria, la han puesto a la venta, abandonada a su suerte. Muy cerca de allí, en la calle Zenete, resiste Manuel, el último inquilino de la Casa del Aire.
En vida, Pepa confesó a GranadaiMedia que el actual propietario le había ofrecido 3.000 euros por abandonar la casa. “Con ese dinero no voy a ninguna parte. Qué más quisiera tener yo posibles, un medio de vida para poder irme a otro sitio”.
