La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy el convenio para firmar con el Arzobispado y que supondrá la inversión de 1,2 millones de euros
Siete iglesias de Granada contará con nueva iluminación artística. Esta intervención, con cargo al Plan Alhambra, será el punto de partida de la nueva gestión del Ayuntamiento de Granada de este plan que permite la intervención patrimonial en los barrios del Albaicín, Centro y Realejo de Granada con un convenio firmado entre Ayuntamiento y Patronato de la Alhambra en 2020 para invertir unos 15 millones de euros en la rehabilitación y mejora patrimonial de la ciudad. Otros cinco millones eran para proyectos de la Universidad y del Arzobispado de Granada.
Según ha informado este viernes el portavoz municipal, Jorge Saavedra, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el convenio que tendrán que rubricar ahora Ayuntamiento y el Arzobispado de Granada con los detalles concretos de esta intervención, que afectará a las iglesias de San Cristóbal, San Justo y Pastor, Santo Domingo, San Matías, San Nicolás, San Gregorio y El Salvador. El coste total superará el millón de euros.
Saavedra ha aprovechado para hacer una primera valoración de cómo han encontrado la ejecución del Plan Alhambra a su llegada al Ayuntamiento y ha dicho que ya reclamaron desde el PP que la ejecución de esos fondos «estaba siendo muy escasa». «El Ayuntamiento de Granada era la institución que peor los hacía funcionar«, ha denunciado, por lo que quieren que este convenio sea la un punto de partida para una nueva gestión » con «celeridad y rapidez». «Necesitamos darle un empujón a esos proyectos porque la ejecución ha sido muy baja», ha incidido. Saavedra ha insistido en que en algunos proyectos la ejecución del Plan no llegaba al 5%.
El Plan incluía inversiones por importe de 20 millones que había destinadas con el dinero que genera la Alhambra para la conservación de patrimonio de la ciudad. Un dinero, aclara Saavedra, que está en las cuentas del Ayuntamiento «desde el primer día» y que si no se gasta es por problemas de gestión.
Sobre estas acusaciones de falta de aplicación del Plan, el concejal del PSOE Juanjo Ibáñez ha respondido asegurando que el delegado de Cultura de la Junta, Fernando Egea, «durante la precampaña allanó el terreno taponando el trabajo que se hacía en Urbanismo en proyectos esenciales». «Egea sabe que la Comisión Provincial de Patrimonio obstaculizaba muchos proyectos», como el de la Plaza Rafael Guillén. Con todo, ha dicho que dejaron ya realizados proyectos, como este convenio con el arzobispado para la iluminación de iglesias, «que no creo que hayan preparado en dos semanas. Algo habremos hecho nosotros antes, como la firma del convenio con el Arzobispado antes de las elecciones» para la colaboración con el Ayuntamiento en temas urbanísticos.
Las discrepancias entre Junta y Ayuntamiento por el Plan Alhambra no son nuevas. Mientras el PP ha acusado desde hace tiempo al PSOE de no ejecutarlo, estos culpaban a los populares por obstaculizarlo. En enero de 2023 el entonces concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, denunció la falta de respuesta “sospechosa” de la Junta de Andalucía, a la que acusó de mantener «paralizados» siete proyectos para la rehabilitación y recuperación de espacios monumentales de la ciudad dentro del Plan Alhambra, y otros tres con cargo a los fondos europeos Edusi, por valor de casi dos millones de euros. Decían que Cultura mantenía “en carga y sin poder ejecutarse el 80% de los proyectos previstos por el Ayuntamiento con cargo al Plan Alhambra”, que finaliza a final de 2024. Estos proyectos, presentados a la espera de respuesta, eran la intervención en la muralla del Cuarto Real de Santo Domingo, con 150.000 euros; la rehabilitación en el Carmen del Negro, 174.000 euros; la intervención en el camino de la Fuente del Avellano, 234.865 euros; la retirada del cableado en calles del Albaicín, 100.000 euros; el alumbrado ornamental de edificios municipales, 600.000 euros; la restauración del Huerto del Carlos, 21.400 euros, y la urbanización de la plaza García de Paredes, con 15.572 euros. Los tres proyectos con cargo a los fondos Edusi eran la mejora de la biblioteca del Salón, por valor de 225.000 euros, la actuación en la Casa Consistorial, con un presupuesto de 430.000 euros, y la remodelación de la plaza Rafael Guillén, por 563.739 euros, «con plazo de ejecución de final de este año y que se pueden perder si no los ejecutan dentro del tiempo estipulado”.
A estas acusaciones respondió la Junta, asegurando que los ha tramitado de forma preferente precisamente por estar muchos de ellos financiados por la propia Junta. Egea dijo entonces que el retraso de los proyectos municipales se debe «en gran medida a los sucesivos requerimientos de documentación que los técnicos de Cultura han realizado al Ayuntamiento de Granada para subsanar deficiencias en la documentación presentada». «Estamos hablando de intervenciones en ámbitos patrimoniales, algunos de ellos como el Albaicín, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, por lo que hemos de garantizar el cumplimiento de las normas y una adecuada realización de los proyectos y del resultado final de los mismos en una ciudad que en gran medida vive del turismo y de la imagen que proyecta», afirmó.
De esos, ya están en marcha la reforma de la Biblioteca del Salón y se aprobó también la iluminación exterior de la Catedral o la reforma de la Casa Consistorial. Con todo, la Junta decía que mientras que Arzobispado y Universidad tenían todas sus actuaciones en marcha, «el Ayuntamiento no puede culpar a la Junta por retrasos que se deben a su lentitud en la redacción de los proyectos».
Alerta de morosidad del interventor
El portavoz del equipo de Gobierno ha hablado también de otros puntos de la Junta de Gobierno Local, como el informe, adelantado por este periódico, del interventor municipal sobre el retraso en el pago a proveedores y el exceso en los días marcados en el Plan de Ajuste. Un hecho que el anterior gobierno achaca a problemas en el procedimiento y discrepancias entre Intervención y Tesorería ya que aún habiendo dinero, es difícil reducir hasta 30 los días de pago a proveedores. Saavedra ha aprovechado para afear al anterior gobierno su gestión y asegurar que «no ha contado la verdad». «La bonanza económica no era así. La situación es delicada, ni mucho menos es buena y eso hipoteca el trabajo que queremos desarrollar en los próximos meses y años», ha dicho Saavedra, que lamenta que el retraso en los pagos cueste a los granadinos un 8% en intereses.
La Junta de Gobierno Local ha aprobado otros expedientes como la subvención de más de 100.000 euros a 28 asociaciones de vecinos para sus actividades culturales o las becas a madres jóvenes.
