PRENSA – OPINIÓN: Viviendas

Lo que ocurre en España con la ocupación y concretamente en Granada con la Casa del Aire parece el argumento de la película ‘Mad Max’, donde los supervivientes al cataclismo nuclear en la tierra se pelean por los últimos recursos disponibles: combustible, vehículos y viviendas. Asaltan casas, roban, trapichean con drogas, organizan fiestas de madrugada y lo mismo luego las queman, como temen en el barrio del Albaicín.

Ideal – La Cerradura por José María Pérez Zúñiga. 02-07-2022

Pero también hay quien busca chalés o pisos vacíos para ahorrarse el alquiler, e incluso hay quien firma contratos que luego no paga y deja tras de sí un rastro de deudas por muchas ciudades españolas. Hay empresarios que vendieron urbanizaciones que no terminaron de construir y que quedaron como esqueletos en las costas y una losa en la economía de algunas familias. Y ocupas que siguen estrictamente el protocolo para no ser expulsados: buscar inmuebles de entidades financieras, poner suministros a su nombre o pedir comida a domicilio. Se trata de evitar la intervención de la policía, que sólo efectúa el desalojo inmediato si hay delito flagrante, pues si no hay que esperar al proceso de desahucio y a la autorización judicial, que puede tardar hasta un año.

Mientras tanto, si los dueños cortan la electricidad para echar a los inquilinos no deseados, pueden ser acusados de un delito de coacciones. La confusión es múltiple porque, aunque se proteja el derecho constitucional a una vivienda digna, debería exigirse siempre un título legítimo para ejercerlo, no necesariamente la propiedad, puede ser un alquiler o una cesión por parte de las administraciones públicas, que deberían promover la vivienda protegida para las personas vulnerables o en riesgo de exclusión social, pero no trasladar esa responsabilidad ni esa carga patrimonial a los ciudadanos.

Al parecer, ése es el objetivo del proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, pero mientras se aprueba o no en el Congreso a los ciudadanos afectados sólo les cabe acudir a la vía civil o a la vía penal. Luego está la vía ‘Mad Max’, que es la que lamentablemente utilizan algunos ocupas con la complicidad de fuerzas políticas que confunden el Estado democrático con la desaparición de la propiedad privada. Hablar de los derechos sociales en España produce una sensación de ‘déjà vu’, porque resulta imposible llegar a acuerdos políticos en las cuestiones más básicas. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pide a los ciudadanos que se preparen «para cualquier escenario». Y, atrincherados en sus casas, los ciudadanos piensan: «Nosotros, preparados. Ahora, prepárate tú».