Los imputados de este caso, que investiga la supuesta venta fraudulenta del edificio municipal, alegan que «no es plausible» que Cultura autorice ese cambio en el Albaicín.
Leer en Granada Hoy, 10-09-2018
Las consideraciones previas esbozadas por la perito judicial, que ha renunciado formalmente a completar el trabajo de tasación de la casa Agreda para el juzgado que investiga le venta de este edificio municipal, han provocado un enorme malestar entre algunos investigados de este caso. La especialista en Inmuebles del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía advirtió al juez de que una parte del inmueble podría convertirse en el futuro en «un hotel o apartamentos», lo que podría suponer una revalorización sustancial de ese suelo a tener en cuenta para su venta.
El Ayuntamiento de Granada, durante el gobierno del popular José Torres Hurtado, vendió a una asociación privada (AIDE) este edificio municipal ubicado en el Albaicín, bajo las condiciones y precio esbozados en el informe de uno de los técnicos de Urbanismo investigados, Manuel Lorente.
Esa operación dio lugar a la apertura de una investigación judicial contra vendedores y compradores, al denunciar la Fiscalía un supuesto proceso fraudulento para que el edificio cambiara de manos en condiciones ventajosas para el adquiriente privado. Una de las acusaciones populares ha ido más allá y ha pedido que se investigue un supuesto delito de blanqueo de capitales y la presunta venta a un tercero desconocido a través de una organización «pantalla».
Por el momento el juez se ha negado a indagar sobre esa última hipótesis, pero sí encargó un informe pericial para establecer el precio real del inmueble y si éste sería acorde al que calcularon los técnicos y responsables políticos del Ayuntamiento para vender el edificio municipal a la parte privada.
Pero meses después de ese encargo, la perito asignada ha renunciado al trabajo. Según explicó el propio juez de Instrucción 9, esta profesional había hecho una serie de averiguaciones previas y de ellas dedujo que era necesaria la intervención de especialistas en distintas materias, para atender a las dos partes diferenciadas de la casa Agreda.
En el acuerdo de venta entraron dos partes, un palacete del XVI y una edificación de los años 50. Para el primero considera la perito que debería de opinar un experto en valoraciones histórico-artísticas, debido al «valor monumental» del inmueble, con «numerosos elementos arquitectónicos de gran valor», según se había informado a través de expertos en arte.
Y respecto al resto del edificio, más reciente, «se podría edificar en parte de él hasta un hotel o apartamentos, según consultas realizadas con técnicos de información urbanística del Ayuntamiento». De ahí que la perito proponga la intervención de un experto en tasaciones inmobiliarias para valorar la venta, alquiler u opción a compra, así como comprobar el presupuesto y la corrección de la valoración realizada por el técnico municipal en la operación llevada a cabo en 2014.
Algunos de los investigados en esta causa, como la exconcejal Isabel Nieto y el técnico de Urbanismo Manuel Lorente, han presentado un escrito al Juzgado con alegaciones y duras críticas a la perito del TSJA que se expresó ante el juez con esos argumentos.
A su juicio, esa consideración sobre la cabida de un hotel o apartamentos en esa parcela es «discutible», porque «no es plausible que Cultura permitiese la demolición del inmueble». También recuerda el letrado de los investigados que la organización compradora se había comprometido a rehabilitar el edificio para hacer allí una residencia para mujeres con hijos.
En el escrito califican las conclusiones de la perito como algo «improcedente» y «falto de objetividad», porque «si entiende que no está cualificada para hacer la valoración, tampoco ha de estarlo para indicar cómo hay que hacerla y los elementos a tener en cuenta». Acusan a la experta de haber dilatado su respuesta varios meses (antes de decir que no podía hacer el trabajo) porque «no se atreve a valorar» la casa Agreda. A su juicio, «es muy posible que el valor sea negativo».
No es la primera vez que esta parte de las defensas insiste en la dificultad que tendrían los nuevos propietarios para cambiar el uso permitido de la parcela y convertirla en un negocio lucrativo. Lo llegaron a comparar con la Catedral y lo descabellado que podría ser pensar en un cambio de uso del edificio histórico.
