PRENSA: El juez que investiga la cesión de la Casa Ágreda interrogará a tres nuevos investigados
Una de las personas que tendrá que comparecer ante el magistrado Ruiz Martínez, que seguirá siendo el instructor, es el exconcejal de Patrimonio.
El asunto de la Casa Ágreda, que fue investigado, archivado y luego reabierto en el Juzgado de Instrucción número 9 de la capital, se ha reactivado en los últimos días. Después de varios meses aguardando un pronunciamiento de la Audiencia de Granada sobre la recusación contra el juez José Luis Ruiz Martínez que presentó el empresario Ramón Arenas, que ejerce la acusación popular en la causa, ya hay resolución. Según informaron ayer fuentes del caso, el tribunal hay concluido que no hay razones que justifiquen apartar a este juez del asunto, de modo que seguirá siendo el instructor.
El efecto inmediato de la decisión de la Audiencia ha sido que el magistrado retome las riendas de la investigación y, según ha podido saber IDEAL de fuentes judiciales, ya ha acordado nuevas diligencias. Lo primero que hará será interrogar a tres nuevos investigados y a otros tres testigos el próximo mes de abril. En concreto se han reservado los días 3, 9 y 24 del mes que viene, y en cada fecha declarará un testigo y un investigado. Una de las personas que tendrán que comparecer «en calidad de investigados» ante el magistrado será el exconcejal de Patrimonio Eduardo Caracuel. Su declaración está prevista para el 3 de abril. Ese mismo día habrá de acudir al edificio judicial de La Caleta una testigo.
El 9 de abril, habrá de prestar declaración como investigado Gaspar Navarro (ya jubilado), que formaba parte de la cúpula de Urbanismo siendo alcalde José Torres Hurtado (PP) y concejala de Urbanismo Isabel Nieto. Estos últimos son los principales investigados y declararon con esa condición el 29 de septiembre y el 17 de octubre de 2016, respectivamente.
La misma mañana del próximo 9 de abril está previsto que se someta a las preguntas de su señoría como testigo María Isabel Rodríguez Hervías, que es la nueva jefa de Urbanismo del Consistorio. El 24 de abril, el juzgado tiene previsto interrogar a un nuevo testigo, así como al arquitecto del Ayuntamiento C.A.C., en su caso como investigado. Junto a ello, el órgano ha pedido que se elabore, por un perito judicial, una valoración del inmueble teniendo en cuenta su uso con fines institucionales.
El caso de la cesión frustrada de la Casa Ágreda a AIDE, la Federación Internacional para el Desarrollo, con sede en París, se inició en agosto de 2016 a raíz de una denuncia de la fiscalía. Hasta ahora había cinco investigados y se pretende determinar si se cometieron en esta adjudicación posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación.
El asunto fue archivado a finales de octubre de 2016 y la decisión fue recurrida ante la Audiencia, que ordenó en junio del año pasado que se reabriera para interrogar a nuevos investigados. Aunque el tribunal no dispuso expresamente que se hiciese la pericial planteada sobre la tasación, sí vino a sugerirlo. El caso ha estado parado debido a la recusación ya resuelta, a la que se adhirió Marta Gutiérrez (Vamos, Granada), que ejerce otra acusación popular en la causa, ya declarada compleja. La Audiencia ordenó reabrir la investigación, entre otros motivos, al entender que hay que esclarecer la competencia de la Concejalía de Urbanismo para tramitar este expediente. De hecho, cuando se convocó concurso para la enajenación del inmueble en 2008 lo tramitó Patrimonio. Para el tribunal, habría habido «un cambio en las competencias» que debía investigarse.
Diferentes tasaciones
Las diferencias entre las tasaciones efectuadas al palacete (la denuncia de la fiscalía revelaba que se tasó en 5 millones de euros en 2007, en casi un millón menos en 2012 y que finalmente iba a ser propiedad de AIDE por 1,6 millones de euros) también escamaron al tribunal, que instó a determinar «cómo o por qué» se entendió que AIDE tenía capacidad para contratar. En su día también prestaron declaración como investigados otros dos ex altos cargos de Urbanismo. El exdirector de obras Manuel Lorente fue uno de ellos. Por su parte, un intermediario de AIDE, que según las fuentes también está investigado, defendió en su día ante el juez la legalidad de la cesión.
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