[PRENSA] Los pisos turísticos tendrán que contar con la «aprobación expresa» del 60% de los vecinos desde este jueves
Instalar un piso turístico en un edificio de viviendas requerirá a partir de ahora contar previamente con el visto bueno de al menos tres quintas partes de la comunidad de propietarios. Este jueves entra en vigor una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal con la que se pretende «empoderar» a los vecinos y frenar la proliferación de viviendas de uso turístico en un momento de crisis habitacional en el que los precios no dejan de crecer y en el que, en algunas zonas, es más complicado encontrar una casa para vivir que para pasar unos días de vacaciones.
El cambio normativo exige que para poner un alquiler vacacional en un edificio sea necesaria la «aprobación expresa» del 60% de los vecinos. «El propietario de cada vivienda que quiera realizar el ejercicio de dicha actividad deberá obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad de propietarios», expresa el nuevo texto. En concreto, para dar la autorización se precisa el voto favorable de tres quintas partes de los propietarios, que a su vez representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. Esa misma mayoría puede acordar establecer cuotas especiales para la vivienda que se utilice como alojamiento turístico, siempre que no suponga un incremento de los gastos de más del 20%.
Desde las asociaciones vecinales valoran positivamente este cambio, que se traduce en una mayor capacidad de decisión por parte de los propietarios. «En cierta manera, esta medida desbloquea la posibilidad de que los propietarios puedan impedir la instalación de pisos turísticos en su comunidad», explican a 20minutos fuentes de la Confederación Española de Asociaciones Vecinales (CEAV), que ven «suficiente» la mayoría exigida para otorgar la autorización. «La mayoría de los propietarios no desean tener ese tipo de padecimiento en su edificio», argumentan.
Hasta ahora los vecinos ya podían vetar la apertura de pisos turísticos, tal y como el Tribunal Supremo ha respaldado en varias sentencias, pero era necesario recoger dicha prohibición en los estatutos de la comunidad. En cambio, a partir de este jueves el proceso es más sencillo, ya que basta con votar en una junta si se acepta o no la instalación del piso turístico en cuestión. Desde el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE), señalan que son muchas las comunidades de propietarios que ya en los últimos meses se han interesado por recoger la prohibición de este tipo de alojamientos en sus estatutos, aunque reconocen que ahora el proceso será menos costoso.
«Un cambio de estatutos requiere hacer una asamblea, tomar el acuerdo, elevarlo a público ante un notario, llevarlo al registro de la propiedad… Significa un coste para las comunidades», explica a este medio el tesorero del CGCAFE, Peio Mendia, que apunta que los gastos asociados a estas gestiones pueden alcanzar los 2.000 euros. «Ahora ya no se necesita hacer este trámite. Se puede seguir haciendo, porque así ya se ataja el asunto, pero no es necesario», añade, recalcando que las comunidades estarán a partir de estos momentos «más protegidas». «No se van a encontrar pisos turísticos de golpe. Podrán decidir si quieren regularlos, prohibirlos o permitirlos», subraya.
En caso de ponerse en marcha un alquiler vacacional en un edificio sin contar con el respaldo de los vecinos, la comunidad podrá requerir al propietario del inmueble el cese «inmediato» de la actividad antes de iniciar las correspondientes acciones legales. La obligación de contar con autorización previa no afecta a los pisos turísticos que ya estén funcionando legalmente, aunque los vecinos sí podrán denunciar a aquellos que no cuenten con licencia.
«Si hay una comunidad que está en contra de que haya un piso turístico ahí, la inspección tiene que funcionar», reclaman fuentes de CEAV. Las asociaciones vecinales piden más medidas restrictivas para combatir los pisos turísticos ilegales y tratar este tipo de actividades como un negocio. Desde su ámbito de acción, CEAV plantea poner en marcha observatorios en las zonas más afectadas que permitan hacer un seguimiento de este fenómeno y dotar de herramientas a los vecinos para combatirlos.
En esa línea, coincidiendo con el cambio normativo, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAV), que se reúne este jueves con el Ministerio de Consumo, puso en marcha este miércoles una red de oficinas y puntos de información denominada ‘Stop Viviendas de Uso Turístico’. El objetivo es dar a conocer las novedades introducidas en la normativa vigente entre las comunidades de vecinos y difundir documentos útiles, como, por ejemplo, modelos de escritos para dirigirse a la Administración.
Un 16,6% más en un año
La proliferación de pisos turísticos está siendo problemática especialmente en las grandes ciudades, donde se concentran las dificultades de acceso a la vivienda y donde este tipo de alojamientos está generando problemas de convivencia al desplazar a los vecinos. Según datos del INE, entre agosto de 2023 y el mismo mes de 2024, el número de alquileres vacacionales en España creció un 16,6%. En total se contabilizan 396.883 viviendas con este uso, de las cuales la mitad se concentran en Andalucía (88.435), Comunidad Valenciana (71.186) y Cataluña (58.708).
El problema se agrava por el hecho de que muchos de estos pisos no tienen licencia. En Madrid capital, por ejemplo, el propio Ayuntamiento reconoce que existen entre 13.000 y 14.000 que operan de forma ilegal y el Ministerio de Consumo ha detectado más de 15.000. El fenómeno es generalizado en todas las grandes ciudades y zonas turísticas. «Es como una mancha de aceite. La tensión es mayor en las grandes ciudades, pero incluso en zonas de interior también está llegando este problema», advierten desde CEAV. Este tipo de alojamientos se han multiplicado en los últimos años al calor del auge turístico y como una fórmula utilizada por los propietarios para lograr rentabilidades más altas de las que obtendrían si alquilasen ese mismo piso como residencia habitual.
Registro obligatorio
También el Ministerio de Vivienda celebra la entrada en vigor de la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, un cambio que recalcan que fue redactado en colaboración con los ayuntamientos y comunidades autónomas y en el que destacan el impulso del Gobierno. Desde el Ejecutivo reconocen que la proliferación de pisos turísticos está generando problemas de convivencia en algunas zonas y está haciendo crecer los precios, al reducir la oferta de inmuebles disponibles para alquilar como vivienda habitual.
Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, han defendido en los últimos meses que en España hacen falta «menos Airbnb y más vivienda». El Ejecutivo confía en que el «empoderamiento» de los vecinos permita poner coto a este tipo de alojamientos y señala también a la puesta en marcha a partir de julio de la Ventanilla Única Digital, una plataforma que exigirá a los propietarios con viviendas utilizadas como alquileres vacacionales contar con un número de identificación que verifique que el inmueble cumple con la normativa vigente para poder anunciarlo en plataformas online. Sin que sea todavía obligatorio, se han registrado ya en el sistema casi 9.000 pisos y hay cerca de 7.500 solicitudes en estudio, según el ministerio.
