[PRENSA] Se vende vivienda okupada en Granada: un problema social que se convierte en oportunidad inmobiliaria para inversores
Imagen de la okupación del edificio de la calle Azacayas este pasado lunes / Antonio L. Juárez / Photographerssports
Páginas de compraventa de viviendas ofrecen centenares de pisos y casas con «inquilinos no deseados» en todos los barrios de la capital mientras hay dudas sobre las empresas de recuperación.
El fenómeno de la okupación en Granada, un problema social de gran calado que afecta tanto a quienes no pueden permitirse una vivienda y optan por esta salida, como a quienes ven como su propiedad es habitada por «inquilinos no deseados», se está convirtiendo en una oportunidad para inversores. Estos compran los inmuebles afectados aún a sabiendas de que hay un tercero viviendo en ellos, y no tienen prisa. Se encargan de la situación a través de empresas externas de desokupación y, posteriormente, y lo utilizan para especular.
La situación vivida en la calle Azacayas de Granada esta semana, con un edificio de oficinas okupado y una empresa de recuperación de viviendas desplegándose para tratar de vaciarlo, ha vuelto a poner en boca de todos el fenómeno de la okupación, la legalidad o no de este tipo de empresas de desokupación, y las dudas jurídicas en torno a este fenómeno. Un hecho que, a pesar de producirse a menudo, no frena la vorágine del mercado inmobiliario, con propietarios, normalmente bancos, que ofertan los inmuebles con «inquilinos no deseados» para deshacerse del problema y no tener que hacer frente al desahucio. A veces incluso a precios de mercado o por encima de ellos, y aun así se venden, lo que denota que la falta de vivienda en la provincia sigue vigente.
El gerente del Grupo Torres, Javier López García-Torres, ha explicado a Granada Hoy que los propietarios de estos inmuebles son normalmente o entidades bancarias o fondos buitre, que alquilaron el inmueble y cuyos inquilinos no pagan la renta acordada, pasando a convertirse en okupas. «Ante esta situación, los bancos prefieren deshacerse de estas viviendas, por la cantidad que ellos estimen, y que otros se hagan cargo de ese problema. Es una forma de conseguir liquidez inmediata a un inmueble que no estaba dando rendimiento», ha valorado.
Muchas inmobiliarias en Granada prefieren no entrar en ese juego, ya que aseguran que eso puede afectar a la reputación, y prefieren que se encarguen este tipo de entidades. «A nosotros no nos agrada comerciar con este tipo de viviendas, primero porque son problemáticas tanto para quien compra como para quien está en este inmueble okupado, y que en ocasiones no tiene a donde ir. Además, no se conoce con exactitud el estado de esa vivienda, lo cual también son problemas a futuro», ha considerado.
Pisos baratos… pero con problemas
Con hacer una búsqueda rápida por los principales portales web de compraventa de inmuebles, es fácil localizar decenas de pisos, chalets, viviendas unifamiliares e inmuebles con precios bajos, que van en una horquilla de 20.000 a 40.000 euros, en los que se asegura que la propiedad está okupada. Son de carteras inmobiliarias de algunas entidades bancarias, que se han acabado quedando con ellos al no poder sus propietarios pagar la hipoteca. Principalmente, se ubican en barrios como La Chana, Almanjáyar, Albaicín o Haza Grande, pero al contrario de lo que pueda parecer, afecta a todos los barrios de la capital. Incluso aparecen en zonas como el Centro o el Zaidín si se hace una búsqueda con los términos «pisos okupados». Aunque en la mayoría de casos se ofertan bajo el concepto «sólo para inversores».
En las descripciones de los anuncios, los propietarios de estos, tanto fondos de inversión como inmobiliarias o particulares, alertan de la situación de forma más o menos clara. Algunos lo esconden bajo la premisa de que el inmueble «se encuentra alquilado sin tener conocimiento del tipo de contrato que tienen los inquilinos ni su solvencia» o avisando de que la oferta «es sólo para inversores, ya que no tenemos posesión del inmueble y puede estar ocupado por terceros». Otros son más claros, destacando que «el activo se encuentra ocupado por persona sin justo título» o que «el inmueble se encuentra ocupado ilegalmente por terceros y sin los suministros debidamente contratados». Incluso hay ofertas que avisan de que actualmente «el inmueble se encuentra ocupado y será responsabilidad del comprador llevar a cabo el proceso de desalojo correspondiente».
Curiosamente, en la búsqueda de estos anuncios de viviendas en venta que están okupadas, este periódico ha localizado a la venta una vivienda en la propia calle Azacayas, aunque este no tiene nada que ver con el edificio de oficinas que fue okupado hace casi dos meses por el grupo que protagonizó las escenas de tensión este lunes. Pero quizá fuera el «inquilino» de este piso el que diera el aviso de que había un inmueble disponible en el que montar ese «centro social para el barrio» que pedían. La portavoz del grupo de okupas aseguraba el martes a Granada Hoy que habían entrado a este inmueble pensando que era de propiedad pública, sin saber que el propietario lo había alquilado a la Junta de Andalucía.
La mayoría de los anuncios ofrecen la operación de compraventa muy barata, por no más de 40.000 euros. Sin embargo, los pisos que se ubican en el Centro de la ciudad van desde los 150.000 a los 300.000 euros, bastante más acordes a los precios del mercado habitual en esta zona. En Granada, el precio del metro cuadrado de media a cierre del año 2024 es de 2.290 euros. Haciendo una relación, un inmueble de 60 metros cuadrados costaría 137.400 euros, y una vivienda de 90 metros costaría 206.100 euros. El hecho de la okupación no frena en este caso la especulación inmobiliaria.
¿Es legal vender una casa okupada?
Vender una casa okupada ilegalmente está permitido y es una práctica habitual, sobre todo entre fondos de inversiones. Sin embargo, esta situación debe estar detallada en la escritura de compraventa, requiriendo el consentimiento del comprador. En caso de ser vendido por una entidad bancaria, esta no garantizará el estado de la vivienda. Además, la compra se debe hacer con fondos propios y sin la posibilidad de hipoteca, ante la imposibilidad de hacer una tasación a estas propiedades.
Al venderse tan barato, lo habitual es que quien compra no tenga prisa, y invierta en empresas de desokupación o en procedimientos legales para recuperar la vivienda. Posteriormente, y una vez el inmueble ha sido recuperado, ya valoran si invierten para arreglar y reformar los posibles desperfectos en el inmueble, o directamente vuelven a sacar a la oferta nuevamente para obtener beneficios tras el desalojo.
Generalmente, quien okupa estos inmuebles, según el portal web Idealista, son personas que, por situaciones económicas, optan por esta vía, manteniendo las casas en buen estado. «No obstante, también hay mafias que esperan recibir compensaciones económicas y que, en muchos casos, no habitan realmente la propiedad. Hablar con los okupas y ofrecer una compensación económica puede ser efectivo, evitando así procesos de desahucio. Si hay acuerdo, es probable que permitan inspeccionar el inmueble», aseguran.
Es complejo conocer el número exacto de viviendas okupadas en Granada, ya que no hay listados oficiales, y el fenómeno de las casas-cueva también está muy extendido. Una respuesta escrita del Gobierno a una pregunta del PP sobre el número de inmuebles ocupados en febrero de 2023 alertaba de que en la capital, de enero a noviembre de 2022, se produjeron 145 ocupaciones ilegales de inmuebles. El Gobierno recalcó entonces que bajo el término «ocupación de inmuebles», en ese número se incluían el allanamiento de morada y la usurpación de inmuebles, sea con violencia o no, y sean residenciales o no.
El pasado mes de noviembre, el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada había comenzado procedimientos de desahucio de 11 de 13 viviendas en la calle Poeta Gracián, en el Zaidín, correspondientes al área de reforma de Santa Adela y que recibieron subvenciones para ser rehabilitadas. En esos once inmuebles había «okupas o inquilinos con contratos antiguos de alquiler que se niegan a dejar», por lo que ya habían iniciado procedimientos de desahucio para que estas viviendas objeto de subvención para rehabilitación pudieran estar vacías y entrar a reformarlas.
¿Son legales las empresas de recuperación de vivienda?
Ante la situación de un inmueble okupado, y para no tener que pasar por el trago legal o personal de un desalojo, muchos particulares recurren a empresas que prometen una pronta recuperación de vivienda, las conocidas como desokupas, tal y como ocurrió esta semana con la situación vivida en la calle Azacayas. Estas emplean sus propias técnicas para «echar» a los inquilinos no deseados, y en este plano surgen dudas jurídicas.
Por lo general, las empresas de desokupación no son ilegales. Pero los métodos que cada una de ellas utilicen para recuperar la vivienda sí pueden sobrepasar el límite del marco legal. La mayoría de estas compañías se amparan en el artículo 18 de la Constitución Española, que afirma que el domicilio es inviolable y que la intromisión en el mismo no podrá darse sin el consentimiento del titular, para explicar su modelo de negocio. También alegan que la ley de Desahucio Exprés de okupas (Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con la ocupación ilegal de viviendas) es la que basa su actuación y justifica los métodos que ofrecen.
Estas compañías suelen realizar sus actuaciones en cuatro pasos: mediación amistosa, control de accesos, procedimiento judicial y desalojo final. En un primer momento, se opta por una comunicación con los okupas o inquilinos para tratar que abandonen la vivienda en el menor tiempo posible. Dependiendo del tipo de okupa, se usan unas técnicas de negociación u otras. Después comienza el despliegue sobre el terreno, buscando controlar desde el exterior que nadie entre a esa vivienda, y si salen poder recuperarla. Una táctica parecida al asedio. Este modelo fue el que se usó el pasado lunes en la calle Azacayas, y los momentos de tensión se vivieron cuando, desde fuera, se intentó acceder o enviar víveres a quienes estaban en el interior.
En el momento que estas técnicas no funcionan, ya se procede a interponer una demanda de desahucio y, por lo tanto, comenzar un procedimiento judicial. Normalmente, los profesionales de estas empresas se encargan de los trámites hasta conseguir recuperar la propiedad. Algunas incluso prometen no cobrar a los propietarios de los inmuebles hasta que se produzca la recuperación.
El rechazo a ‘Omnibús’ facilitará los desahucios
En medio de toda esta situación, el Gobierno central no conseguía aprobar esta semana el Real Decreto Ley conocido como Omnibús, que, además de ayudas a Valencia por la DANA, revalorización de pensiones y bonificación al transporte público, incluía la suspensión de los desahucios en los hogares considerados como vulnerables. O lo que es lo mismo, ahora judicialmente se pueden comenzar a ordenar más desalojos sin importar la situación de las personas que residan en estas viviendas.
Este decreto prorrogaba la paralización de los desahucios por impago de alquiler para hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2025. También para quienes vivan sin título en una vivienda y sean víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo. De no encontrarse una solución a esto, se podrán volver a vivir con más frecuencia escenas de desalojos como los ocurridos en el peor momento de la crisis económica. También ha quedado sin efecto la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas para consumidores vulnerables, cuya vigencia se había extendido también durante todo este año.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, abogaba este lunes por «tomarnos en serio la política de vivienda», un planteamiento que ha dirigido a todas las administraciones con la premisa de que se trata de una gestión que «no se debe meter en la trinchera ideológica«. Además, defendía la concepción de la vivienda como un bien que requiere de «una política integral que nos debe sumar a todos, ayuntamientos, Comunidad Autónoma y Estado».
Durante su intervención en el acto de colocación de la primera piedra de una promoción de 38 viviendas públicas en Sevilla, acto en el que también estuvo presente el delegado del Gobierno en Andalucía, el granadino Pedro Fernández, Moreno volvió a señalar «la falta de suelo» y la carestía este como problema de fondo que explica la falta de oferta de vivienda, y que acaba derivando en situaciones como las de la okupación.
Moreno también abogaba por «dar seguridad jurídica» para propiciar que los propietarios de vivienda carezcan de temores a la hora de poner un inmueble en alquiler ante prácticas actuales como inquilinos que permanecen en las viviendas una vez que dejan de abonar la mensualidad, además de otra práctica como «la patada en la puerta», en alusión a los okupas.
