[PRENSA] Crónica de los altercados por la okupación de un edificio en la calle Azacayas, entre Gran Vía y Elvira
Ocupan un edificio en el Centro de Granada para exigir que sea un centro social (Ahora Granada)
Un grupo de personas ha ocupado un edificio que llegó a ser una de las sedes de las delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía en el Centro de Granada para exigir que se convierta en un centro social.
Se trata de un inmueble ubicado en la calle Azacayas de la capital, una perpendicular a Gran Vía y en donde en el interior permanece un grupo de personas, que habría llegado hace unos días.
Entre las pancartas que rezan los carteles que cuelgan de los balcones se encuentran «centro social del barrio para el barrio», en un punto donde además de partidarios a esta iniciativa también se han vivido momentos de tensión.
Esta ha venido motivada por la presencia de integrantes de una empresa de ‘desokupa‘, con los que se han registrado empujones y gritos.
En la zona también han acudido agentes del Cuerpo Nacional de Policía provistos de material antidisturbios, que han intervenido para despejar la calle con algunos momentos también de tensión y cargas, llegando a llevarse a una persona.
Adelante Andalucía Granada ha denunciado por su parte en un comunicado que una veintena de miembros de la empresa AMA desokupa ha intentado desalojar, «sin orden judicial», el edificio, que lleva varios años sin uso y es la antigua sede de la Consejería de Presidencia de Igualdad de la Junta.
Acusan a la empresa AMA desokupa de estar generando momentos de tensión al enfrentarse a los activistas, lo que ha provocado que interviniera la Policía Nacional.
El secretario de Organización de Adelante Andalucía, Nèstor Salvador, ha planteado que «es responsabilidad del Gobierno» central acabar con estas empresas de desalojo.
Algunos de los momentos de tensión que se han vivido en la zona. Fotos: Fermín Rodríguez
Tensión okupa en Granada al ritmo del ‘Cara al Sol’ y Manolo Escobar (Granada Hoy)
Vecinos de la calle Azacayas han reproducido el himno nacional, la canción «Y viva España» y el himno de la Falange
El centro de Granada ha vivido una jornada de tensión este lunes en la calle Azacayas, paralela de Gran Vía, donde un grupo de jóvenes okupas, una empresa de recuperación de viviendas y agentes antidisturbios de la Policía Nacional han protagonizando un tenso episodio que no mengua a las puertas de la antigua Consejería de Presidencia e Igualdad. Una calle en la que caída la noche resuenan las notas del himno nacional, acompañado de Manolo Escobar con su «Y viva España», y también el inconfundible himno de la Falange, el «Cara al Sol», reproducidos a todo volumen por algunos de los vecinos de Azacayas.
Los furgones de la Policía Nacional protagonizan la escena pasadas las 22:30 horas en lo que parece ser el desenlace de esta ocupación. Las canciones mencionadas podrían acompañar una actuación policial que concluiría una jornada repleta de disputas, lanzamiento de objetos y cargas que se han saldado con al menos una persona detenida y otra herida trasladada un centro hospitalario.
El inmueble, antigua sede de la Consejería de Presidencia e Igualdad de la Junta y que también fue sede del Sercla, habría sido okupado con el objetivo de convertir el lugar en un «centro social del barrio para el barrio», tal y como se puede leer en una de las pancartas colocadas por los activistas durante la mañana.
Mientras tanto, en la puerta, personal de una empresa de seguridad privada y varios miembros de una empresa de recuperación de vivienda han custodiado la zona sin permitir el acceso al inmueble hasta que comenzaron los altercados durante la tarde. Se produjeron intentos de romper el perímetro marcado por esta empresa, lanzamiento de objetos e incluso «agua con jabón y orina» desde los balcones de recinto ocupado.
Cargas policiales frente al edificio okupado en Azacayas con al menos un detenido (El Independiente)
La presencia de una empresa dedicada a los desalojos ha provocado momentos de tensión que finalmente han derivado en las cargas.
El conflicto en torno al edificio okupado junto a Gran Vía, en la capital, ha derivado en cargas policiales durante la tarde de este lunes contra los manifestantes que han intentado romper el perímetro de seguridad desplegado en la zona y que se han saldado hasta el momento con al menos un detenido.
Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía han informado a Europa Press de que esta persona ha sido detenida por un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, estando pendiente que el cuerpo confirme el número total de detenidos en esta intervención junto al edificio okupado, en la calle Azacayas.
Varias decenas de personas han ocupado el inmueble y han desplegado desde los balcones telas blancas en las que pueden leerse mensajes contra el desalojo ilegal y en los que reclaman un «centro social para el barrio».
Fuera del edificio se encontraba personal de una empresa de desalojos y entre 60 y 70 personas se han concentrado en el entorno, donde se han vivido momentos de tensión entre el personal de la empresa y los manifestantes que defienden esta ocupación.
Fotos: Marta Iglesias
Adelante Andalucía ha denunciado por su parte en un comunicado que una veintena de miembros de la citada empresa, AMA desokupa, ha intentado desalojar, «sin orden judicial», el edificio, que lleva varios años sin uso y es la antigua sede de la Consejería de Presidencia de Igualdad de la Junta.
Acusan a la empresa de estar generando momentos de tensión al enfrentarse a los activistas, lo que ha provocado que interviniera la Policía Nacional.
El secretario de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, ha planteado que «es responsabilidad del Gobierno» central acabar con estas empresas de desalojo.
Los miembros de la empresa dedicada a desalojos han estado apostados a las puertas de un inmueble okupado desde bien temprano, impidiendo el acceso a otros integrantes del colectivo antifascista que se encuentra en el interior del edificio.
«Centro social del barrio para el barrio», se puede leer en una pancarta que cuelga del balcón exterior del inmueble, en el que los okupas han izado también banderas.
En la puerta, además de personal de una empresa de segurida privada, con sus correspondientes uniformes, permanecían otros con indumentaria de una empresa ‘desokupa’ y, a cierta distancia, un grupo alineado con el centro social.
Propietarios y ocupantes han acordado 60 días para desalojar el inmueble tras las cargas y la tensión vividas este lunes en la antigua sede de la Junta de Andalucía
La tranquilidad ha regresado a la calle Azacayas, una paralela de la Gran Vía de Colón de Granada, este martes tras los momentos de tensión vividos durante toda la jornada de ayer entre un grupo de okupas que permanecen desde hace dos meses en un edificio privado, y los miembros de una empresa de recuperación de la vivienda contratados por los propietarios para tratar de recuperarla. Una tensión en la que tuvo que intervenir la Policía Nacional por la tarde y que acabó con un arresto por desobediencia a la autoridad y varios heridos muy leves.
Los propios okupas han confirmado que apurarán el plazo de 60 días que acordaron a última hora de este lunes con los propietarios, y que buscarán un nuevo edificio en el que desarrollar las actividades previstas para este centro social del barrio que proyectaban y que habían planteado a los vecinos, con gran acogida según aseguraban hoy. En la fachada de la antigua sede de la Junta de Andalucía todavía aparece la pancarta con el lema «centro social del barrio para el barrio», que ayer fue vista en toda España tras los incidentes.
Esta mañana ya no había miembros de seguridad privada ni policía en la zona, y el tráfico rodado volvía a discurrir por la calle. La presencia de decenas de medios de comunicación, radio y televisiones sorprendía al grupo de okupas, que no se esperaban tanto interés mediático en un intento de desahucio frustrado. La portavoz de los okupados, Marion, se mostraba cansada tras atender a tantos compañeros de prensa, e incluso pedía un momento para buscar algo de agua antes de hablar con Granada Hoy desde detrás de la reja de una de las ventanas del inmueble.
Este edificio, de propiedad privada en la actualidad, fue alquilado y se usó como dependencias públicas. Fue sede de la antigua Consejería de Presidencia e Igualdad y también del Sercla. Según los datos catastrales, con más de 1.100 metros cuadrados, fue construido en 1930 y se dedicó a oficinas y almacenes. Está catalogado como un «edificio singular», y según los activistas fue okupado hace casi dos meses, sabiendo que estaba vacío y que no tenía viviendas. Por eso les sorprendió ayer que los dueños quisieran recuperarlo.
«Los dueños del edificio no se habían enterado hasta hace poco que estábamos aquí, y directamente llamaron a la empresa de recuperación de viviendas sin ni siquiera contactar con nosotros. Ayer, a última hora del día, nos sentamos las tres partes a negociar, y nuestra intención es cumplir con lo establecido», aseguraba la portavoz. «Nos quedamos durante estos dos meses, buscaremos otro edificio, y nos iremos cuando acabe el plazo. Todavía está por ver a donde, pero nos iremos», remarcaba.
Marion ha detallado que el grupo de okupas quería hacer de este edificio un centro social para el barrio, en el que artistas de Granada tuvieran su espacio para desarrollar sus creaciones. «Con la gentrificación, las subidas de los alquileres y la dedicación de los espacios a los turistas más que a los habitantes, están teniendo problemas para vivir en el centro. Vimos esta necesidad, y frente a ella decidimos usar este espacio, que es muy grande y tiene habitaciones de todo tamaño».
Tras la okupación, este grupo realizó un llamamiento a personas y colectivos que pudieran necesitar de este espacio y se comenzó a instalar «un taller de costura, dos estudios de música, otro de pintura y artes plásticas, otro de teatro, circo y danza…». Incluso han asegurado que tenían intención de crear un comedor social para gente de la calle y para personas con necesidades que diera servicio una vez por semana. «Había muchos proyectos que se estaban materializándose aquí. Ahora parece que todo esto no acabará de nacer aquí, pero tenemos la ilusión muy alta y el hecho de que nos vayamos en dos meses no va a parar este sueño y estas intenciones«, ha destacado la portavoz.
Preguntada por lo ocurrido ayer, ha asegurado que en este tiempo no habían tenido problemas con los vecinos. «Fuimos a hablar con ellos cuando llegamos, nos presentamos, y presentamos el proyecto, y recibimos una acogida muy cálida y mucho entusiasmo. El bar de enfrente también estaba encantado con nosotros, diciendo que mejor esta iniciativa que otro piso para turistas… estábamos muy sorprendidos de como nos habían acogido aquí», ha destacado.
Tensión, heridos y detenciones
El momento de mayor tensión se vivió con la presencia de los equipos de antidisturbios en el lugar. Alrededor de las 17:00 horas comenzaron las cargas entre quienes querían acceder al inmueble y la empresa que evitaba que nadie accediera. Los okupas en el interior respondieron lanzando todo tipo de objetos desde los balcones, e incluso usando «agua con jabón y orina» para mojar a quienes se encontraban bajo los balcones del inmueble. Uno de los testigos también señaló que uno de los componentes de la empresa de recuperación de viviendas fue trasladado al hospital tras recibir el impacto de uno de estos objetos, aunque fuentes oficiales afirman que la herida no reviste gravedad.
Momentos más tarde, la Policía Nacional detenía a uno de los activistas por un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad en el transcurso del altercado en el que se lanzaban objetos desde los balcones del piso ocupado. El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha confirmado este martes la detención y ha asegurado que pasará pronto a disposición judicial. «Será la autoridad judicial la que decida entonces si va a prisión o si queda en libertad y bajo qué condiciones».
«La Policía intervino desde el primer momento para evitar alteraciones del orden público. Se actuó de forma correcta y sólo cuando hubo enfrentamientos entre los dos grupos. No hubo cargas, sino la separación de los grupos en el momento de más tensión. Y esto fue lo que provocó la detención de esta persona por desobediencia y resistencia a la autoridad», ha valorado el subdelegado a preguntas de los periodistas.
Los activistas recibieron desde fuera el apoyo de numerosos simpatizantes, que permanecieron concentrados durante horas bajo la vigilancia de la Policía Nacional, que mantenía desplegado desde la mañana un operativo, pero de carácter preventivo, dado que no había delito porque la empresa contratada para el desalojo no había actuado y tampoco existía orden judicial para el lanzamiento, según las fuentes policiales.
Tras confirmarse la permanencia del grupo durante dos meses, durante la noche no ha faltado la música en la calle y los cánticos de celebración. En contra, algunos vecinos reproducían a todo volumen desde sus viviendas el himno nacional, la canción Viva España de Manolo Escobar, e incluso se ha podido escuchar el himno de la Falange, el Cara al Sol, mientras los furgones de la Policía Nacional se retiraban.
Tras conocerse estos hechos, el secretario de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, ha considerado que es responsabilidad del Gobierno acabar con estas empresas de recuperación de vivienda, algo que ya ha planteado esta formación, que defiende la ilegalización de estas empresas con una modificación de los artículos 510, 510 bis y 515 del Código Penal.
Esto permitiría, según ha indicado, sancionar con multas de seis a doce meses y prisión de uno a cuatro años a quienes, con ánimo de lucro y para la consecución de sus fines, «promuevan, inciten, fomenten o realicen directa o indirectamente actos de hostigamiento, discriminación, acoso, violencia o intimidación contra personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social o económica».
Se le investiga por un delito de atentado a la autoridad y tiene la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.
El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Granada ha decretado la puesta en libertad del hombre que fue detenido el pasado lunes durante el altercado que se produjo en el entorno del céntrico edificio de la ciudad que fue okupado por un grupo de activistas. El okupa tiene la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.
El hombre, que fue puesto a primeras horas de la tarde de esta martes a disposición del Juzgado, es investigado por un delito de atentado a la autoridad.
Tras los altercados que se produjeron el lunes, en los que tuvo que intervenir la Unidad de Intervención Policial, el entorno del edificio, en el calle Azacayas, junto a la Gran Vía, ha permanecido este martes tranquilo y sin presencia policial, después de que al filo de la pasada medianoche los activistas se comprometieran, con la empresa contratada para el desalojo, a abandonar en el plazo de dos meses el bloque, cuyo uso reivindican para uso social.
Aunque llevaban varias semanas okupando el edificio, fue el lunes cuando miembros de una empresa contratada por la familia propietaria del mismo se personaron en el lugar con la intención de que lo desalojaran, para lo que no contaban con orden judicial. Los activistas recibieron desde fuera el apoyo de numerosos simpatizantes, que permanecieron concentrados durante horas bajo la vigilancia de la Policía Nacional, que mantenía desplegado desde esa mañana un operativo pero de carácter preventivo, dado que no había delito porque la empresa contratada para el desalojo no había actuado y tampoco existía orden judicial para el lanzamiento, según fuentes policiales.
Fue avanzada la tarde cuando la tensión derivó en un enfrentamiento que se saldó con un detenido y al menos un herido de carácter leve debido al lanzamiento de objetos desde los balcones del edificio okupado.
El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha respaldado este martes la actuación de la Policía Nacional, que intervino, ha dicho a preguntas de los periodistas, para evitar alteraciones del orden público entre los okupas y los miembros de la empresa que se personaron como representantes de los titulares legítimos de la propiedad.
Adelante Andalucía ha pedido sin embargo su cese «inmediato» y ha acusado al PSOE de «alentar y amparar» el desalojo «ilegal», que causó, dice, cuatro activistas heridos y provocó a su juicio el «caos» en esta ciudad. Además, ha anunciado además que registrar una una pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que aclare «por qué consintió que un grupo de desokupacion de radicales de extrema derecha alterasen la convivencia de Granada, causando incidentes con la colaboración de la Policía Nacional para intentar el desalojo sin orden judicial de un centro social».
