[PRENSA] Barrios y ciudades para vivir. Por Miguel Martín Velázquez
En economía una externalidad es un efecto secundario que ocurre cuando el impacto de una actividad económica afecta a terceras partes ajenas a esa actividad. Una externalidad negativa constituye un desequilibrio en el mercado porque se paga por alguien que esta fuera de la actividad económica y no se refleja en el costo de producción. Un ejemplo paradigmático es la contaminación. Pero también lo es el impacto de la excesiva turistificación en determinados barrios o ciudades. Efectos como el aumento del precio de la vivienda o la gentrificación-expulsión de la población residente en barrios históricos son sin duda externalidades negativas generadas por la industria turística.
Este fenómeno hace crecer el malestar de la población residente porque siente seriamente deteriorada su calidad de vida cotidiana.
El rechazo a este modelo de desarrollo turístico, que no al turismo, se ha ido extendiendo por muchas ciudades del mundo, de España, como sucede en Canarias, Barcelona, Baleares…, y de Andalucía, como ocurre en Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz…
Granada no es ajena a este serio problema. Siendo el turismo nuestra principal industria y contando con barrios históricos que atraen a miles de turistas que se agolpan día a día entre sus calles, no era extraño que más pronto que tarde surgiera un movimiento ciudadano que mostrara su descontento por los graves trastornos que el turismo masivo les provoca en sus vidas.
Ante este enfado creciente las administraciones están intentando reaccionar. La cuestión es si lo hacen con el suficiente reconocimiento de causa y de forma decidida o se trata más bien de una operación cosmética, más propagandística que real.
La respuesta normativa puesta en marcha por la Junta de Andalucía se centra en la regulación de las denominadas Viviendas de Uso Turístico (VUT), convirtiendo así a estos establecimientos en el foco del problema cuando realmente no lo son, o al menos no lo son en exclusiva. Ni siquiera constituyen la causa principal del problema. Por tanto será complicado que medidas parciales, que no atienden a las causas complejas del problema, puedan tener efectos reales satisfactorios.
En el debate público hay un primer error que consiste en confundir VUT y apartamentos turísticos. Son dos tipos de establecimientos diferentes aunque en el imaginario colectivo no se distingan. Así cuando desde las administraciones se habla de que se van a limitar los pisos turísticos la gente común entendemos que se incluye a ambos. Pero no es cierto. Las medidas que se están aprobando limitan, más o menos, las VUT pero en absoluto los apartamentos turísticos. Esta distinción es muy importante, porque mientras las VUT se corresponden en general con propiedades de particulares y familias que ponen en el mercado una segunda vivienda para obtener unos ingresos extras, los apartamentos ocupan edificios completos y suelen estar promovidos por grandes corporaciones económicas cuyas sedes sociales y su tributación suelen estar lejos de las ciudades en las que operan e incluso en paraísos fiscales. Por tanto el efecto de las medidas propuestas perjudican más a los pequeños propietarios, casi siempre asentados en la misma ciudad, y favorecen claramente a las grandes compañías de inversión. En consecuencia se trata de medidas que en poco o nada afectan al problema de la turistificación excesiva de los barrios históricos.
Plataformas ciudadanas como Albayzín Habitable o Realejo Habitable están canalizando el descontento ciudadano en sus respectivos barrios respecto al deterioro de su calidad de vida por culpa de la turistificación. Las personas residentes soportan los efectos de las externalidades negativas que provoca un determinado modelo de turismo. Denuncian que los barrios se convierten en invivibles porque su tranquilidad y su modo de vida se resienten gravemente.
Dichas plataformas han presentado alegaciones, apoyadas por más de 200 firmas, a la innovación del PGOU que el Ayuntamiento de Granada está tramitando en relación con las VUT, cuya única limitación real introducida es la de exigirles que tengan acceso separado del edificio principal, lo que significa que pueden instalarse en las plantas bajas y que en barrios donde predominan las viviendas unifamiliares su efecto limitador sea mínimo.
Los barrios históricos no pueden quedar despersonalizados y convertirse en meros parques temáticos para los turistas. Deben ser barrios vivos donde pueda residir la gente con un mínimo de normalidad. Por supuesto que el turismo es una industria importante para Granada, pero debe hacerse compatible con la vida de la gente. Esa es la cuestión principal y ahí es donde las administraciones, Junta y Ayuntamiento, deben actuar con decisión y claridad de objetivos.
Lo primero es detectar las VUT y apartamentos turísticos ilegales. Lo segundo, aprobar normas que regulen su distribución por la ciudad. En las alegaciones presentadas se reclama que se fije un máximo de VUT y apartamentos turísticos del 10% sobre el número de viviendas residenciales existentes en cada barrio. Esto significa que en esos barrios saturados no deberían autorizarse nuevos establecimientos, pero sería posible hacerlo en barrios donde ahora no existen o constituyen un porcentaje inferior. Esta medida contribuiría a equilibrar la ciudad e incluso podría ser positivo para determinados barrios.
Por supuesto que son necesarias otras medidas complementarias como el control de ruidos, la prevalencia de uso del transporte público para residentes, el control de la ocupación privada de los espacios públicos, la regulación del flujo de grupos guiados, la promoción del comercio de proximidad, la regulación de los accesos motorizados y los aparcamientos para residentes…
Por todo ello es preciso que el Ayuntamiento escuche a quienes residen en esos barrios, se reúna con estas plataformas y abra espacios de participación para la propuesta de soluciones. Porque los barrios y las ciudades son para vivir.
