[PRENSA] Los nuevos pisos turísticos deberán ser autorizados por las comunidades de vecinos afectadas

La enmienda a la Ley de Propiedad Horizontal que permite a los propietarios de inmuebles vetar la actividad de alquiler turístico “no tendrá efectos retroactivos” ni afecta a los pisos turísticos ya registrados. Una vivienda turística para empezar a funcionar necesitara el voto afirmativo “de las tres quintas partes” de los propietarios

Granada Hoy y El Diario, 24-7-2024

El PSOE presenta una enmienda parlamentaria en la que fija que la persona que desee habilitar su vivienda para este fin debe pedir autorización a los vecinos y se requerirá una mayoría de tres quintos.

El PSOE aprovechará la tramitación de la ley orgánica de medidas de eficiencia en la justicia y de protección de los consumidores para introducir, vía enmienda, la posibilidad de que las comunidades de propietarios tengan capacidad para decidir si permiten o vetan el establecimiento de pisos turísticos en su bloque de edificios con carácter previo. En concreto, según ha señalado el ministro de Economía, el propietario que desee habilitar su vivienda como piso turístico deberá pedir permiso a la comunidad y se requerirá de una mayoría de tres quintos para que pueda ser autorizado.

También el presidente de la comunidad podrá instar al cese del uso turístico de una vivienda que no tenga el permiso de la comunidades de propietarios.

Esta nueva normativa “no tendrá efectos retroactivos” ni afectará a las viviendas del propietario “que se haya acogido previamente a la normativa sectorial turística”. Es decir, solo afectará a las nuevas viviendas turísticas que se pongan en marcha tras la aprobación de la enmienda y a aquellas que no estén inscritas en los respectivos registros autonómicos de viviendas turísticas.

La nueva normativa especifica que un propietario de una vivienda turística no registrada ni aprobada por el resto de los vecinos tendrá que parar la actividad si así se le requiere por parte de la comunidad de propietarios: “El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, requerirá a quien realice la actividad del apartado anterior sin que haya sido aprobada expresamente, la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes”.

En el caso de que la comunidad establezca que los propietarios deben contribuir con más dinero a los gastos de la comunidad, la enmienda señala que “esta misma mayoría [de tres quintos] se requerirá para el acuerdo por el que se establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20%”.

En la justificación de motivos de la enmienda se apunta que “el incremento de las viviendas de uso turístico ha provocado varios efectos no deseados: una grave situación de convivencia y molestias que vienen soportando muchas comunidades de propietarios y barrios en los que viviendas son utilizadas para un uso turístico, la reducción de vivienda para el alquiler residencial, el incremento de precios de los arrendamientos para vivienda habitual y en muchas ocasiones una progresiva gentrificación de muchos barrios”.

Por este motivo, “se hace necesario que desde el Estado se impulsen medidas para combatirlas y con ellas contribuir a las medidas que se están adoptando por otras administraciones locales y autonómicas. De esta manera una de estas acciones consiste en proponer esta modificación que permitirá dejar en mano de los propietarios como afectados directos la decisión sobre la aprobación o no de este tipo de actividad en el ámbito de sus comunidades”.

El socio minoritario del Gobierno, Sumar, considera que el plan del Ministerio de Vivienda aún era insuficiente y recientemente presentó una iniciativa para instar a subir su fiscalidad. Concretamente, demandan que los pisos turísticos tengan un IVA del 21% en los próximos Presupuestos Generales del Estado, para así hacer esta actividad menos rentable y favorecer, con ello, el alquiler para residencia habitual.