La enajenación del histórico inmueble municipal ha llegado al Juzgado, donde se ha desvelado que fue revendido en la misma visita a la Notaría. Ahora se utiliza para espectáculos flamencos.

Leer en Granada Hoy, 6-10-2018

La venta del edificio renacentista que el Ayuntamiento de Granada tenía en el número 6 de la Cuesta de Santa Inés (en el Albaicín), conocido más recientemente como el Palacio de los Olvidados, ha llegado a un juzgado de Granada, donde se investiga la legalidad de esa operación formalizada entre diciembre y enero del año pasado. En el desarrollo del pleito ha quedado al descubierto que el bien fue revendido e hipotecado el mismo día y en la misma notaría en la que el alcalde, Francisco Cuenca, firmó la escritura de la operación. Además, el inmueble está alquilado ahora por una tercera empresa para celebrar espectáculos flamencos nocturnos.

La casa palacio, un equipamiento donde el Ayuntamiento tuvo sus dependencias de Cultura y la sede de la Fundación Albaicín años atrás, está explotada ahora por una tercera empresa que, en régimen de alquiler, la explota para espectáculos flamencos. Con dos pases diarios de una hora, un aforo de 65 personas y entradas a 18 euros, la empresa Flamenco Los Olvidados organiza una actividad de la que han de ser conscientes los responsables municipales, porque se promociona en la página web turística del Ayuntamiento.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 5 de Granada mantiene abierto un procedimiento para examinar la legalidad del proceso de venta del bien inmueble municipal, a raíz de un recurso presentado por la concejal de Vamos Granada Marta Gutiérrez, quien ya puso de manifiesto en el mismo Ayuntamiento su desacuerdo con aquella operación. A su juicio, se han incumplido los pliegos del concurso adjudicado en 2013 y esto ha podido perjudicar a los intereses municipales. El gobierno local rechazó su recurso en febrero pasado y la edil se dirigió al juzgado, que recientemente ha ordenado medidas cautelares para evitar más transmisiones.

En 2013 el gobierno del PP decidió sacar a licitación el alquiler con opción a compra de la casa palacio de Santa Inés. La empresa Ciudad de los Cerros SL fue la adjudicataria de aquel contrato, con un proyecto presentado para ubicar en aquel inmueble histórico del Albaicín un Centro de interpretación de las culturas sefarditas y moriscas con el nombre de Palacio de los Olvidados. El Ayuntamiento valoró la iniciativa por la interesante propuesta cultural que proponía. El museo se creó y ha funcionado estos años; pero ahora, según la documentación que ha llegado al juzgado, está en manos de otra empresa propietaria, que mantiene la instalación, pero ha decidido alquilar parcialmente el inmueble para introducir un negocio de espectáculos flamencos.

En los pliegos de aquel concurso se establecieron una serie de condiciones tasadas, como la asignación de un plazo de 4 años para que la empresa comunicara por escrito al Ayuntamiento su interés de ejercer la opción de compra. Según el recurso de la edil de la oposición, esa comunicación se produjo fuera de plazo, de modo que el municipio tendría que haber convocado un nuevo concurso en el que ya no se descontaran las cuotas de alquiler abonadas con anterioridad y, por tanto, el Ayuntamiento podría haber ingresado más dinero. La concejal de Cultura, María de Leyva, aseguró en un escrito enviado al juez que la empresa manifestó su interés por vía oral el 12 de septiembre de 2017, dentro del plazo de los 4 años. Por eso no habría constancia documental en el expediente.

El juzgado inició el procedimiento para aclarar los detalles del proceso de venta en abril de este año y reclamó al Ayuntamiento el expediente completo. Marta Gutiérrez también solicitó al juez como medida cautelar que impidiera la posible reventa del inmueble a terceros, por si finalmente queda anulada la operación, dado que hasta esa fecha no era conocido que el edificio había cambiado de manos en el mismo acto de la venta municipal.

Es en el desarrollo de los trámites iniciados por el juzgado cuando apareció una segunda empresa que comunicó al Juzgado que el edificio ya era de su propiedad. Aportó la escritura de compra que se formalizó el mismo día (el 29 de diciembre de 2017) y ante el mismo notario que la de venta por parte del Ayuntamiento a la primera empresa, en la que consta la comparecencia del alcalde.

También se dirigió al juzgado un representante del Banco de Castilla-La Mancha para informar de que el edificio fue hipotecado por una cantidad similar a la de la venta en un acto celebrado en Bargas (Toledo), también el mismo día en que se hicieron las otras transmisiones en Granada.

Entre la documentación aportada aparece una tasación previa encargada para la hipoteca de la segunda empresa que se hizo mientras el Ayuntamiento era aún propietario del palacio.

Con toda esta documentación en mano, el juez, en un auto del pasado 17 de julio, accedió a ordenar como medida cautelar la anotación preventiva del pleito en el Registro del inmueble, dado que la prohibición de vender, que era la petición original, ya «carece de sentido» al haberse «consumado» una segunda compraventa y constituido una hipoteca a favor del banco.

Los 845.690 euros ya están gastados

Un perito externo tasó el edificio cuando aún era municipal en 1,2 millones, a petición del banco y de la empresa que iba a recomprar el palacio en diciembre

El precio final de venta del Palacio de Santa Inés ha supuesto para el Ayuntamiento de Granada el ingreso de 845.690 euros, de los cuales una parte ya la había ido recibiendo en los 4 años anteriores mediante las cuotas de alquiler y una prima inicial. Una vez deducida esa parte, el último pago para formalizar la operación, mediante un cheque que entregó el notario en mano al alcalde en enero de 2018, fue de 754.489 euros. En un escrito de mayo pasado, el Ayuntamiento advierte al juez de que ese dinero ya está invertido.

«El ingreso materializado en el ejercicio de opción de compra» del edificio número 6 de la calle Santa Inés ha sido utilizado por el Ayuntamiento de Granada para financiar el proyecto de regeneración de Santa Adela (en el Zaídín) y para cubrir el 20% necesario de aportación municipal a los fondos europeos Edusi, que es la bolsa económica que está utilizando el Ayuntamiento para casi todos los proyectos de inversión emprendidos.

Todo estas explicaciones dirigidas al juez y firmadas por la concejal de Cultura y Patrimonio, María de Leyva, tienen como fin argumentar los perjuicios para la ciudad que, a su juicio, podría generar una decisión judicial que dejara el proceso de venta en el aire o incluso fuera anulado.

«La suspensión de la ejecución del acto (de la venta) sí originaría perjuicios para el interés público al impedir financiar los proyectos de interés público reseñados y comprometidos por la Administración municipal», exponía la edil en su escrito del 11 de mayo.

Esta alusión de la representante del gobierno local a los «perjuicios» para el Ayuntamiento está relacionada con los argumentos aportados por la denunciante para pedir la nulidad del acuerdo de venta. «Las condiciones de este negocio jurídico podrían ser más beneficiosas para la Administración de haberse seguido el procedimiento establecido legalmente». Es decir, si se hubiera anulado la opción de compra, la empresa interesada tendría que haber pagado el importe íntegro de la venta, sin descontar las cuotas de alquiler anteriores. Y además, expone la edil, se podría haber puesto un precio de venta no sujeto a las cláusulas de un pliego aprobado en 2013, en plena crisis económica.

Un indicador sobre el valor real que podría tener ahora ese edificio (sin estar sujetos al acuerdo alcanzado en 2013), es la tasación realizada por un perito externo para permitir la operación hipotecaria del inmueble que facilitó el proceso de reventa a la empresa que es actual propietaria.

Esa tasación de Aesval Logística de Valoraciones SL, requerida por la empresa Plabana España (la que iba a recomprar el palacio), se hizo el 20 de diciembre de 2017 (días antes de la firma del alcalde en Notaría) y concluye que el edificio tiene un valor de 1.217.091 euros.

Ese valor fijado por la tasación para la hipoteca del Banco de Castilla La Mancha, supone un incremento de 370.000 euros sobre el precio por el que el Ayuntamiento formalizó la venta días después a la empresa Ciudad de los Cerros SL, que sólo debió de ser propietaria del inmueble unos minutos el día 29 de diciembre de 2017, pues su representante en aquel acto con el alcalde firmó allí mismo la reventa al administrador de Plabana España SL por un precio casi idéntico. Esta sociedad, dedicada al comercio y distribución de ropas de vestir, con domicilio social en Granada, compró el palacio por 850.000 euros.

El préstamo hipotecario que otro representante de la mercantil estaba firmando a la vez en un pueblo de Toledo fue de 762.300 euros, una operación avalada por una larga lista de fiadores.