La Asociación Bajo Albayzín y otras asociaciones de centros históricos exigen al Congreso la comparecencia de la CNMC por su informe a favor de las viviendas de uso turístico

SOLICITUD DE LAS ASOCIACIONES VECINALES DE LOS CENTROS HISTÓRICOS A L@S DIPUTAD@S DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD PARA QUE SOLICITEN LA COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA CNMC – JOSÉ MARÍA MARÍN QUEMADA – PARA EXPLICACIONES SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN INFORME Y POSTERIOR DENUNCIA A AYUNTAMIENTOS EN RELACIÓN CON LA REGULACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE USOS TURÍSTICOS POR PARTE DE ESTE ORGANISMO.

Los abajo firmantes, todos ellos Asociaciones Vecinales de los Centros Históricos de España, queremos manifestar nuestra preocupación por el creciente fenómeno de las viviendas de uso turístico que, de una manera vertiginosa, han colonizado los edificios residenciales de nuestras ciudades, sin que las administraciones competentes hayan actuado de una manera eficaz para resolver el problema.

Entendemos que, en un Estado como el español, la toma de decisiones administrativas puede llegar a resultar compleja a la hora de afrontar los problemas de los ciudadanos. Pero lo que no entendemos es la inacción administrativa. Por eso, entendiendo el papel central que debe tener la administración estatal, pedimos la máxima coordinación y consenso posibles, para de manera urgente dar una solución a la problemática surgida alrededor de este fenómeno. No es aceptable que, como consecuencia de una innovación tecnológica, se tolere que un negocio está vaciando de residentes muchos barrios de nuestras ciudades, con la consiguiente pérdida irreparable de tejido social y vecinal.

Las Viviendas de Uso Turístico no son queridas por la mayoría de las comunidades de propietarios. Con una población flotante que cambia día a día es imposible establecer relaciones de vecindad, los usos y costumbres de los residentes temporales no coinciden con los de los vecinos habituales, además de los problemas de seguridad que conlleva la presencia constante de personas ajenas a la comunidad, que disponen temporalmente de una llave de acceso a las zonas comunes. Cada vez son más las personas que se resisten a ver su portal lleno de maletas, convertido en algo parecido a una recepción de un hotel, a compartir las zonas comunes con personas desconocidas, a convertirse en extraños para aquellos con quienes se cruzan diariamente. “Nadie puede criar a sus hijos en un hotel”.

La pérdida de valor residencial y el vaciamiento de nuestros centros históricos es un proceso que directamente MATA la ciudad, forzando a los residentes a un éxodo involuntario: a los inquilinos, porque no pueden afrontar las subidas de los alquileres y a los propietarios por la pérdida progresiva de calidad de vida derivada de la ‘hotelización’ del edificio en el que viven.

Todos estos problemas parecen no existir para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Los minimiza o da para ellos unas soluciones imposibles o directamente absurdas, a pesar de las evidentes «externalidades negativas», como se llama en la jerga neoliberal a aquellos daños que la libertad de unos pocos causa al resto. Y que, como tal, requieren de una mínima reflexión.

Nos preocupa muchísimo que la CNMC, un organismo pagado con dinero público, proceda con tanta falta de rigor y se emplee abiertamente en hacer lobbying a determinadas empresas que obtienen un beneficio directo del incumplimiento del marco legal por parte de muchos de sus denominados «anfitriones». Una empresa que obtiene lucro de la ‘ilegalidad’ nunca debería ser considerada un interlocutor válido.

Nos parece que servirse de la ilegalidad para lucrarse, que es lo que hacen empresas como AirBnB, es una razón más que suficiente como para que un organismo público como es la CNMC se mantenga al margen de la cuestión; y dedique todos sus esfuerzos por ejemplo, a averiguar por qué los españoles pagamos el recibo de luz más alto de Europa en vez de ocuparse en promover el mismo argumentario de AirBnB. Sobre todo, porque la cuestión que nos atañe tiene una enorme dimensión social que extralimita el ámbito de las competencias propias de la CNMC.

Con su postura, la CNMC no solo promueve los intereses de las grandes empresas, sino que va más allá al impugnar normas urbanísticas que han sido aprobadas de manera democrática, poniendo en marcha una enorme maquinaria de dinero público en gastos jurídicos (tanto por parte de la CNMC como por parte de los ayuntamientos demandados).

La toma de decisiones en un ayuntamiento es democrática y transparente: cuando se aprueba una norma urbanística, se ha de cumplimentar el trámite de información pública, en el que cualquier ciudadano puede presentar alegaciones. Pero no sabemos cómo se conforma una decisión en la CNMC, no sabemos a quién escuchan sus directivos. Sabemos muy poco de con quién se reúnen y mucho menos aún sabemos de qué hablan.

La CNMC está sometida al control parlamentario, porque estamos en una democracia y tiene que rendir cuentas a la ciudadanía.

Por eso consideramos que las llamativas coincidencias entre los postulados de la CNMC (que se plasman, por ejemplo en el «Estudio sobre la Regulación de las Viviendas de Uso Turístico en España») y la posición de AirBnB, reclaman una investigación que aclare cómo ha sido el proceso de elaboración de este informe y si ha habido reuniones, llamadas telefónicas, visitas, etc., de qué se habló en todas estas reuniones, y quiénes asistieron.

Creemos qué para el buen funcionamiento de las instituciones, el Congreso de los Diputados debe esclarecer cómo ha sido el proceso de toma de decisiones en la CNMC y de sus conclusiones debe rendir cuentas a la ciudadanía.

Por eso, pedimos a todos los diputadas y diputados de la Comisión de Economía que soliciten la comparecencia de José María Marín Quemada a fin de rendir cuentas y dar explicaciones a la ciudadanía.