PRENSA: Trabajadores de los centros de menores de Granada piden a la Fiscalía y la Junta que «actúen» frente a las agresiones que padecen

Desde septiembre ya se han denunciado ante la Policía un total de 15, de las que cinco han sido registradas como accidente de trabajo grave

Leer en Ideal, 31-01-2018

Los trabajadores de los centros de menores Ángel Ganivet y Bermúdez de Castro de Granada ha denunciado este miércoles la «situación de indefensión» que padecen en el desempeño de su labor ante las «constantes» agresiones que padecen por parte de estos jóvenes y han reclamado a la Fiscalía y a la Junta de Andalucía que «actúen».

Desde el comité de empresa de estos centros, dependientes de la Delegación de Salud, Igualdad y Políticas Sociales, han señalado en rueda de prensa que «el número de agresiones contra el personal va en constante aumento» y desde septiembre ya se han denunciado ante la Policía un total de 15, de las que cinco han sido registradas como accidente de trabajo grave».

Denuncian desde el comité que las agresiones se producen «hacia el personal y el resto de los menores, alteran la convivencia», y suponen que los trabajadores acudan a su puesto «cada día» con miedo.

Por este motivo, los representantes sindicales piden a la Fiscalía que actúe, y a la administración que atienda a los menores con trastornos mentales de forma específica.

Alegan que las medidas correctoras «no se aplican hasta el punto de que una trabajadora del centro Ángel Ganivet fue agredida por un menor que doce días más tarde volvió a agredir a tres trabajadores de este centro«.

De momento han creado grupos de trabajo con otros centros que presentan la misma problemática, «que califican de insostenible«, y están estudiando solicitar el amparo con el que cuentan los trabajadores de la Sanidad o la Educación cuando son agredidos.

Por otra parte, los trabajadores denuncian «la sobreocupación existente en ambos centros, con una capacidad de 25 plazas cada uno, pero que sobrepasan en el 90 por ciento de los días esta cantidad«.

Solicitan, así, que aquellos menores con conductas violentas y adicciones sean trasladados a centros específicos donde ser atendidos. También consideran que las pruebas óseas practicadas a los inmigrantes deben hacerse en origen, es decir, de forma inmediata, «porque en muchas ocasiones se trata de adultos que ocasionan problemáticas durante el tiempo que tarda la administración en llevar a cabo estas pruebas, mientras se encuentran internos en centros de menores».

Por todo ello, han anunciado una movilización ante la Delegación de Igualdad para denunciar los hechos el próximo día 15, así como concentraciones cada vez que se produzca una agresión.