IU de Granada critica que «la nueva Ordenanza Municipal sobre Tenencia de Animales está llena de incoherencias»

El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura Anllo, ha criticado «la nueva Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales, que el equipo de gobierno llevara a aprobación en el próximo pleno, por estar plagada de incoherencias, duplicidades innecesarias y abandonar todas las medidas concretas de protección animal en la ciudad». De este modo el edil de la formación de izquierdas rechaza un documento que «se contradice directamente con otras normativas municipales, aumenta la burocracia y además no establece medidas concretas para evitar animales abandonados y su protección».

Como ejemplo, Puentedura señala «la creación de un nuevo registro municipal cuando el Decreto 92/2005 que regula la identificación y los registros de animales de compañía, y potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía ya establece el Registro Andaluz de Identificación Animal, lo que implica una duplicidad y burocratización innecesaria pues la actuación de los servicios municipales debe dirigirse a este registro». Del mismo modo, el portavoz de IU indica que «la normativa municipal está llena de incoherencias entre unas ordenanzas y otras», como ejemplo pone que «el Reglamento Municipal de Usuarios de Transporte Público en la ciudad establece en su artículo 17 que se prohíbe el acceso de los animales domésticos en el transporte público, salvo a los perros guía, mientras que el artículo 131 de la ordenanza de la Convivencia del Ayuntamiento de Granada indica literalmente que se podrán trasladar animales domésticos por medio del transporte público siempre que su volumen permita el traslado en el interior de cestos y en condiciones de higiene y seguridad oportunas y con la documentación correspondiente».

«Situaciones parecidas se producen con la Nueva Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales y el capítulo IV de la Ordenanza Municipal de la Convivencia que regula este apartado, son numerosos los artículos que se contradicen entre una normativa y otra lo que genera una situación de inseguridad jurídica al ciudadano que no sabrá que normativa tendrá que cumplir y cual prevalece. También en el aspecto que regula las sanciones se generan discordancias y duplicidades graves, mientras la nueva Ordenanza establece hasta tres cuadros distintos de sanciones que rondan de 75 a 15.000 euros, la Ordenanza de la Convivencia para el mismo tipo de sanciones establece un cuadro de sanciones que ronda de los 75 a los 3.000 euros, lo cual supondrá un problema jurídico grave cuando se produzcan los expediente sancionadores», advierte Puentedura.