Categoría: Normativa

El BOJA publica hoy la nueva norma urbanística de Andalucía con el nombre «Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía»

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publica la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, «moderno» nombre para la regulación del urbanismo y el conjunto de planes como los especiales por los que está afectado el Albayzín.Seguir Leyendo

Cultura incoa el expediente para declarar el Valle del Darro como Bien de Interés Cultural con la tipología de Zona Patrimonial

Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Bienes Culturales y Museos, por la que se incoa el procedimiento para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Patrimonial, del Valle del Darro, en los términos municipales de Beas de Granada, Granada y Huétor Santillán (Granada).

Ver el BOJA del 18-04-2016

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Carta Europea de los Derechos Humanos en la Ciudad 2000

 CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD

 Dirigida a los hombres y las mujeres de la ciudad

 ¿Por qué, en el umbral del siglo xxi, una Carta Europea de los Derechos Humanos en la Ciudad? La Declaración de Derechos Humanos (1948) es universal. ¿No ha sido reforzada y completada por otros muchos compromisos que hacían hincapié en la protección de ciertos derechos de distinto alcance?. La Convención Europea (1950) ofrece lo que llamamos una garantía jurisdiccional. Y, sin embargo, existen muchos derechos que no son todavía “efectivos” y a los ciudadanos y ciudadanas les cuesta orientarse en el laberinto de los procedimientos administrativos y jurídicos.

 ¿Cómo garantizar mejor? ¿Cómo actuar mejor? ¿Cómo asegurar mejor las condiciones públicas para la felicidad privada de cada uno?

 Aquí es donde surge la Ciudad.

 Porque, en todas partes donde los habitantes de las áreas rurales prosiguen su largo caminohacia las ciudades y donde éstas acogen un gran número de ciudadanos y ciudadanas de paso, pero también y sobre todo, extranjeros en busca de libertad, trabajo e intercambio de los conocimientos, la ciudad se ha convertido en el futuro del ser humano.

 La ciudad es hoy el espacio de todos los encuentros y, por lo tanto, de todas las posibilidades. Asimismo es el terreno de todas las contradicciones y de todos los peligros: en el espacio urbano de fronteras inciertas aparecen todas las discriminaciones ancladas en el paro, la pobreza, el desprecio de las diferencias culturales, mientras que, al mismo tiempo, se esbozan y se multiplican prácticas cívicas y sociales de solidaridad.

 La vida en la ciudad impone hoy en día la obligación de precisar mejor ciertos derechos porque vivimos en ella, buscamos trabajo, nos desplazamos. Nos impone también el reconocimiento de nuevos derechos: el respeto por el medio ambiente, la garantía de una alimentación sana, de la tranquilidad, de las posibilidades de intercambio y de ocio, etc.

 Por último, frente a la crisis que azota la democracia delegada en el ámbito de los Estados nacionales y frente a la inquietud que suscitan las burocracias europeas, la ciudad surge como el recurso de un nuevo espacio político y social.

 Aquí es donde se abren las condiciones para una democracia de proximidad. Se presenta la ocasión para que todos los ciudadanos y ciudadanas participen en la ciudadanía: una ciudadanía de la ciudad. Si cada derecho definido pertenece a cada uno, cada ciudadano, libre y solidario, debe garantizarlo también a los demás.

 El compromiso que adoptamos aquí se dirige a mujeres y hombres de nuestro tiempo. No pretende ser exhaustivo y su alcance dependerá de cómo los habitantes de la ciudad lo harán suyo. Se presenta como un marco de respuesta a las expectativas de los ciudadanos y ciudadanas que las ciudades escenifican y revelan. Esta Carta se situará para ellos, al igual que para quienes les gobiernan, en el nivel de subsidiariedad que es el de la ciudad, conjunto de puntos de apoyo para reivindicar sus derechos, reconocer violaciones eventuales y ponerles fin.

 Estos puntos de apoyo son ofrecidos como otras tantas oportunidades para superar las dificultades y conciliar las lógicas a veces contradictorias que están implantadas en la propia vida de la ciudad.

 Una voluntad: integrar el vínculo social, de forma duradera, en el espacio público.

 Un principio: la igualdad.

 Un objetivo: el incremento de la conciencia política de todos sus habitantes.

 Las ciudades abajo firmantes:

 Reconociendo que la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Europeo para la Salvaguarda de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Carta Social Europea y los demás instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos, se aplican a los habitantes de las ciudades como a cualquier otra persona.

Recordando que los Derechos Humanos son universales, indivisibles e interdependientes, que todos los poderes públicos son responsables de su garantía, pero que su reconocimiento y los mecanismos que permiten su aplicación y su protección son todavía insuficientes, muy especialmente en lo que se refiere a los derechos sociales, económicos y culturales.

Persuadidas de que la buena administración de las ciudades exige el respeto y la garantía de los Derechos Humanos para todos los habitantes sin exclusión en aras de promover los valores de cohesión social y de protección de los más vulnerables;

Convencidas, por estos motivos de la necesidad de una Carta Europea de los Derechos Humanos en las Ciudades que proclame solemnemente y de forma comprensible las libertades públicas y los derechos fundamentales reconocidos a los habitantes de las ciudades y el compromiso de las autoridades municipales a garantizarlos en el respeto de las competencias y de los poderes legalmente detentados, según los términos de sus legislaciones nacionales respectivas.

Inspiradas en los valores de respeto de la dignidad del ser humano, de la democracia local y del derecho a una existencia que permita mejorar el bienestar y la calidad de vida de todas y todos.

Adoptando los postulados de la Carta Europea de Autonomía Local, que promueve hacer la administración municipal más eficaz y más próxima al ciudadano, y siguiendo las recomendaciones del Compromiso de Barcelona, firmado el 17 de octubre de 1998 por las ciudades participantes en la Conferencia Europea de las Ciudades por los Derechos Humanos, de mejorar el espacio público colectivo para todos los ciudadanos sin distinción de ninguna clase.

Han decidido, de común acuerdo, asumir los compromisos siguientes:

PARTE I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. I – DERECHO A LA CIUDAD

  1. La ciudad es un espacio colectivo que pertenece a todos sus habitantes que tienen derecho a encontrar las condiciones para su realización política, social y ecológica, asumiendo deberes de solidaridad.

  1. Las autoridades municipales fomentan, por todos los medios de que disponen, el respeto de la dignidad de todos y la calidad de vida de sus habitantes.

Art. II – PRINCIPIO DE IGUALDAD DE DERECHOS Y DE NO DISCRIMINACIÓN

  1. Los derechos enunciados en esta Carta se reconocen a todas las personas que viven en las ciudades signatarias, independientemente de su nacionalidad.

  1. Dichos derechos son garantizados por las autoridades municipales, sin discriminación alguna debida al color, la edad, el sexo o la opción sexual, la lengua, la religión, la opinión política, el origen nacional o social, o el nivel de ingresos.

Art. III – DERECHO A LA LIBERTAD CULTURAL, LINGÜÍSTICA Y RELIGIOSA

  1. Se reconoce el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a ejercer y desarrollar la libertad cultural.

  1. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ejercer su libertad lingüística y religiosa. Las autoridades municipales, en colaboración con las demás administraciones, actúan de modo que los niños y niñas pertenecientes a grupos lingüísticos minoritarios puedan estudiar su lengua materna.

  1. La libertad de conciencia y de religión individual y colectiva queda garantizada por las autoridades municipales a todos los ciudadanos y ciudadanas. Dentro de los límites de su legislación nacional, las autoridades municipales ejecutan todo lo necesario para asegurar dicho derecho velando por evitar la creación de guetos.

  1. En su respeto por el laicismo, las ciudades favorecen la tolerancia mutua entre creyentes y no creyentes, así como entre las distintas religiones.

  1. Las autoridades municipales cultivan la historia de su población y respetan la memoria de los difuntos, asegurando el respeto y la dignidad de los cementerios.

Art. IV-  PROTECCIÓN DE LOS COLECTIVOS Y  CIUDADANOS MÁS VULNERABLES

  1. Los colectivos y ciudadanos y ciudadanas más vulnerables tienen derecho a gozar de medidas específicas de protección.

  1. Las personas discapacitadas son objeto de una asistencia municipal específica. Las viviendas, los lugares de trabajo y de ocio deben estar adaptados para ellas. Los transportes públicos deben ser accesibles a todos.

  1. Las ciudades signatarias adoptan políticas activas de apoyo a la población más vulnerable garantizando a cada uno el derecho de ciudadanía.

  1. Las ciudades adoptan todas las medidas necesarias para facilitar la integración de todos los ciudadanos y ciudadanas cualquiera que sea la razón de su vulnerabilidad evitando los reagrupamientos discriminatorios.

Art. V – DEBER DE SOLIDARIDAD

  1. La comunidad local está unida por un deber de solidaridad recíproca. Las autoridades locales participan en dicho deber promoviendo el desarrollo y la calidad de los servicios públicos.

  1. Las autoridades municipales promueven la creación de redes y asociaciones de solidaridad entre los ciudadanos y ciudadanas, y controlarán la buena ejecución de los deberes públicos.

Art. VI – COOPERACIÓN MUNICIPAL INTERNACIONAL

  1. Las ciudades alientan el conocimiento mutuo de los pueblos y de sus culturas.

  1. Las ciudades signatarias se comprometen a cooperar con las colectividades locales de los países en vías de desarrollo en los sectores del equipamiento urbano, la protección del medio ambiente, la salud, la educación y la cultura, y a implicar el mayor número de ciudadanos y ciudadanas.

  1. Las ciudades instan particularmente a los actores económicos a participar en programas de cooperación y a hacer que toda la población se asocie a ellos, con el fin de desarrollar un sentimiento de solidaridad y de plena igualdad entre los pueblos que vaya más allá de las fronteras urbanas y nacionales.

Art. VII – PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD

  1. El principio de subsidiariedad que rige el reparto de competencias entre el Estado, las Regiones y las Ciudades, debe ser acordado permanentemente para evitar que el Estado central y las demás Administraciones competentes no se descarguen de sus propias responsabilidades en las ciudades.

  1. Dicha concertación tiene como objetivo garantizar que los servicios públicos dependan del nivel administrativo más cercano a la población para lograr su mayor eficacia.

PARTE II

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE LA CIUDADANÍA LOCAL

 

 

Art.VIII – DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

  1. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a participar en la vida política local mediante la elección libre y democrática de los representantes locales.

  1. Las ciudades signatarias promueven la extensión el derecho de sufragio activo y pasivo en el ámbito municipal a todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de edad no nacionales, después de un período de dos años de residencia en la ciudad.

  1. Fuera de las elecciones que se celebran periódicamente para renovar las instancias municipales, se fomenta la participación democrática. Con este fin, los ciudadanos y ciudadanas y sus asociaciones pueden acceder a los debates públicos, interpelar a las autoridades municipales sobre los desafíos que afectan al interés de la colectividad local y expresar sus opiniones, ya sea de forma directa mediante “referéndum municipal”, ya sea a través de las reuniones públicas y de la acción popular.

  1. Las ciudades, para salvaguardar el principio de transparencia y de acuerdo con la ordenación legislativa de los distintos países, organizan el sistema de gobierno y la estructura administrativa de forma que haga efectiva la responsabilidad de sus gobernantes ante los ciudadanos y ciudadanas, así como la responsabilidad de la administración municipal ante los órganos de gobierno.

Art. IX – DERECHO DE ASOCIACIÓN, DE REUNIÓN Y DE MANIFESTACIÓN

  1. Se garantizan a todos los ciudadanos y ciudadanas los derechos de asociación, reunión y manifestación.

  1. Las administraciones locales fomentan la vida asociativa como expresión de la ciudadanía, en el respeto de su autonomía.

  1. La ciudad ofrece espacios públicos para la organización de reuniones abiertas y encuentros informales. Asegura el libre acceso de todos a dichos espacios en el respeto de las normas.

Art. X – PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR

  1. La ciudad protege el derecho a la vida privada y familiar y reconoce que el respeto a las familias, en la diversidad de sus formas actuales, es un elemento esencial de la democracia local.

  1. La familia desde su formación, y sin intervenciones en su vida interna, disfruta de la protección de las autoridades municipales y de facilidades, en particular en el acceso a la vivienda. Las familias más necesitadas disponen a tal fin de incentivos financieros, y de estructuras y servicios para la asistencia a la infancia y a la vejez.

  1. Las autoridades municipales desarrollan políticas activas para velar por la integridad física de los miembros de las familias y fomentan la desaparición de los malos tratos en su seno.

  1. En el respeto de la libertad de elección en los ámbitos educativo, religioso, cultural y político, las autoridades locales adoptan todas las medidas necesarias para proteger la infancia y la juventud y fomentar la educación sobre bases de democracia, tolerancia y la posibilidad de plena participación en la vida de la ciudad.
  1. Las autoridades locales crean las condiciones para que los niños y niñas puedan disfrutar de la infancia

Art. XI – DERECHO A LA INFORMACIÓN

  1. Se reconoce el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a ser informados sobre todo lo relativo a la vida social, económica, cultural y administrativa local. Los únicos límites son el respeto a la intimidad de las personas, y la protección de la infancia y la juventud.

  1. Las autoridades municipales garantizan los medios para que la circulación de la información que afecte a la población sea accesible, eficaz y transparente. Para ello, impulsan el aprendizaje de tecnologías informáticas, su acceso y su actualización periódica.

 

 

PARTE III

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES DE PROXIMIDAD

 

 

Art. XII – DERECHO GENERAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE PROTECCIÓN SOCIAL

  1. Las ciudades signatarias consideran las políticas sociales como parte decisiva de las políticas de protección de los Derechos Humanos y se comprometen a garantizarlos en el marco de sus competencias.
  1. Se reconoce el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a acceder libremente a los servicios municipales de interés general. Para ello, las ciudades signatarias se oponen a la comercialización de los servicios personales de ayuda social y velan para que existan servicios fundamentales de calidad a precios aceptables en otros sectores de los servicios públicos.
  1. Las ciudades signatarias se comprometen a desarrollar políticas sociales, especialmente destinadas a los más desfavorecidos, como forma de rechazo a la exclusión y en la consecución de la dignidad humana y de la igualdad.

Art. XIII – DERECHO A LA EDUCACIÓN

  1. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a la educación. Las autoridades municipales facilitan el acceso a la educación elemental de los niños y niñas y de los jóvenes en edad escolar. Fomentan la formación de las personas adultas, en un marco de proximidad y de respeto de los valores democráticos.
  1. Las ciudades contribuyen a poner a disposición de todos los espacios y los centros escolares, educativos y culturales, en un contexto multicultural y de cohesión social.
  1. Las autoridades municipales contribuyen a aumentar el nivel de ciudadanía mediante pedagogías educativas, en especial en lo que se refiere a la lucha contra el sexismo, el racismo, la xenofobia y la discriminación, implantando principios de convivencia y hospitalidad.

Art. XIV – DERECHO AL TRABAJO

  1. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a disponer de recursos suficientes, mediante un empleo digno que garantice la calidad de vida.
  1. Las autoridades municipales contribuyen, en la medida de sus posibilidades, a alcanzar el pleno empleo. Para hacer efectivo el derecho al trabajo, las ciudades signatarias favorecen el equilibrio entre la oferta y la demanda laboral, y fomentan la puesta al día y el reciclaje de los trabajadores a través de la formación continua. Desarrollan actividades accesibles a las personas en paro.
  1. Las ciudades signatarias se comprometen a no firmar ningún contrato municipal que no incorpore una cláusula de rechazo al trabajo ilegal, tanto si se trata de trabajadores nacionales como de extranjeros, de personas en situación regular como irregular respecto a las leyes nacionales, así como cláusulas que rechacen el trabajo infantil.
  1. Las autoridades municipales desarrollan, en colaboración con las demás instituciones públicas y las empresas, mecanismos para garantizar la igualdad de todas las personas en el trabajo, para impedir toda discriminación por motivos de nacionalidad, sexo, opción sexual, edad o discapacitación en materia de salario, de condiciones laborales, de derecho de participación, de promoción profesional y protección contra el despido. Fomentan la igualdad de acceso de las mujeres al trabajo mediante la creación de guarderías y mediante otras medidas, y el de las personas discapacitadas mediante la implantación de equipamientos apropiados.
  1. Las autoridades municipales fomentan la creación de empleos protegidos para las personas que necesitan reinsertarse en la vida profesional. En particular, las autoridades municipales favorecen la creación de empleos relacionados con los nuevos yacimientos de empleo y con las actividades que tienen un beneficio social: servicios a las personas, medioambiente, prevención social y educación de personas adultas.

Art. XV – DERECHO A LA CULTURA

  1. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a la cultura en todas sus expresiones, manifestaciones y modalidades.
  1. Las autoridades locales, en cooperación con las asociaciones culturales y el sector privado, fomentan el desarrollo de la vida cultural urbana en el respeto a la diversidad. Se ponen a disposición de los ciudadanos y ciudadanas espacios públicos para actividades culturales y sociales en condiciones de igualdad para todos.

Art. XVI –  DERECHO A LA VIVIENDA

  1. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a una vivienda digna, segura y salubre.
  1. Las autoridades municipales velan por la existencia de una oferta adecuada de vivienda y equipamientos de barrio para todos sus ciudadanos y ciudadanas, sin distinción por razón del nivel de ingresos. Dichos equipamientos deben comprender estructuras de acogida para los sin techo que garanticen su seguridad y su dignidad, y estructuras para las mujeres víctimas de la violencia, en particular de la violencia doméstica, malos tratos, y para las que intentan salir de la prostitución.
  1. Las autoridades municipales garantizan el derecho de los nómadas a permanecer en la ciudad en condiciones compatibles con la dignidad humana.

Art. XVII – DERECHO A LA SALUD

  1. Las autoridades municipales favorecen el acceso igual para todos los ciudadanos y ciudadanas a la atención y prevención sanitaria.
  1. Las ciudades signatarias mediante sus acciones en los sectores económico, cultural, social y urbanístico contribuyen de manera global a promover la salud para todos sus habitantes con su participación activa.

Art. XVIII – DERECHO AL MEDIO AMBIENTE

  1. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a un medio ambiente sano que busque la compatibilidad entre el desarrollo económico y el equilibrio medioambiental.
  1. Para ello, las autoridades municipales adoptan, sobre la base del principio de precaución, políticas de prevención de la contaminación,incluyendo la contaminación acústica, de ahorro de energía, gestión, reciclaje, reutilización y recuperación de los residuos; amplían y protegen los espacios verdes de las ciudades.
  1. La autoridades municipales ponen en práctica todas las acciones necesarias para que los ciudadanos aprecien, sin degradarlo, el paisaje que rodea y configura la ciudad y para que sean consultados sobre las modificaciones que puedan alterarlo.
  1. Las autoridades municipales desarrollan una educación específicamente orientada al respeto de la naturaleza, en particular dirigida a la infancia.

Art. XIX – DERECHO A UN URBANISMO ARMONIOSO Y SOSTENIBLE

  1. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a un desarrollo urbanístico ordenado que asegure una relación armoniosa entre el hábitat, los servicios públicos, los equipamientos, los espacios verdes y las estructuras destinadas a los usos colectivos.
  1. Las autoridades municipales ejecutan, con la participación de los ciudadanos y ciudadanas, una planificación y una gestión urbanas que logran el equilibrio entre el urbanismo y el medio ambiente.
  1. En este marco, se comprometen a respetar el patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico de las ciudades y a promover la rehabilitación y la reutilización del patrimonio construido, para reducir las necesidades de nuevas construcciones y su impacto sobre el territorio.

Art. XX – DERECHO A LA CIRCULACIÓN Y A LA TRANQUILIDAD EN LA CIUDAD

  1. Las autoridades locales reconocen el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disponer de medios de transporte compatibles con la tranquilidad en la ciudad. Con este fin, favorecen transportes públicos accesibles a todas las personas siguiendo un plan de desplazamientos urbanos e interurbanos. Controlan el tránsito automovilístico y aseguran su fluidez respetando el medio ambiente.
  1. El municipio controla estrictamente la emisión de cualquier tipo de ruidos y vibraciones. Define las áreas reservadas a los peatones de manera permanente o en ciertos momentos del día y fomenta el uso de los vehículos no contaminantes.
  1. Las ciudades signatarias se comprometen a asignar los recursos necesarios para hacer efectivos dichos derechos, recurriendo, en caso de necesidad, a formas de colaboración económica entre entidades públicas, sociedades privadas y la sociedad civil.

Art.XXI- DERECHO AL OCIO

  1. Las autoridades municipales reconocen el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disponer de tiempo libre.
  1. Las autoridades municipales garantizan la existencia de espacios lúdicos de calidad abiertos a todos los niños y niñas sin discriminación alguna.
  1. Las autoridades municipales facilitan la participación activa en el deporte y hacen posible que las instalaciones necesarias para la práctica deportiva estén a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas.
  1. Les autoridades municipales fomentan un turismo sostenible y velan por el equilibrio entre la actividad y el rendimiento turístico de la ciudad y el bienestar social y medioambiental de los ciudadanos y ciudadanas.

Art. XX II- DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

Dentro de los límites de sus competencias, las ciudades velan por la protección de los consumidores. Para ello, y en lo que se refiere a los productos alimenticios, garantizan o hacen garantizar el control de los pesos y medidas, de la calidad, de la composición de los productos y la exactitud de las informaciones, así como los períodos de caducidad de los alimentos.

PARTE IV

DERECHOS RELATIVOS A LA ADMINISTRACIÓN DEMOCRÁTICA LOCAL

Art. XXIII – EFICACIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

  1. Las autoridades locales aseguran la eficacia de los servicios públicos y su adaptación a las necesidades de los usuarios y velan para evitar cualquier situación de discriminación o de abuso.
  1. Las administraciones locales se dotarán de instrumentos de evaluación de su acción municipal y tendrán en cuenta los resultados de dicha evaluación.

Art. XXIV- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

  1. Las ciudades signatarias garantizan la transparencia de la actividad administrativa. Los ciudadanos y ciudadanas deben poder conocer sus derechos y sus obligaciones políticas y administrativas a través de la publicidad de las normas municipales, las cuales deben ser comprensibles y actualizadas de forma periódica.
  1. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a tener una copia de los actos administrativos de la administración local que les conciernen, excepto si existen obstáculos de interés público o relacionados con el derecho a la intimidad de terceras personas.
  1. La obligación de transparencia, publicidad, imparcialidad y de no discriminación de la acción de los poderes municipales se aplica a:
  • la conclusión de los contratos municipales en aplicación de una gestión rigurosa del gasto municipal;
  • la selección de funcionarios, empleados y trabajadores municipales en el marco de los principios de mérito y competencia.
  1. Las autoridades locales garantizan la transparencia y el control riguroso del uso de los fondos públicos.

PARTE V

MECANISMOS DE GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE PROXIMIDAD

Art. XXV – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LOCAL

  1. Las ciudades signatarias desarrollan políticas destinadas a mejorar el acceso de los ciudadanos y ciudadanas al Derecho y a la Justicia.
  1. Las ciudades signatarias fomentan la solución extrajudicial de los conflictos civiles, penales, administrativos y laborales, mediante la implantación de mecanismos públicos de conciliación, transacción, mediación y arbitraje.
  1. En su caso, la justicia municipal, ejercida por jueces de paz independientes – hombres de bien – elegidos por los ciudadanos y ciudadanas o por los gobiernos locales, tiene competencia para resolver en equidad los conflictos que oponen a los ciudadanos y ciudadanas y la administración municipal y que presentan carácter de recurso.

Art. XXVI – POLICÍA DE PROXIMIDAD

Las ciudades signatarias fomentan el desarrollo de cuerpos de policía de proximidad altamente cualificados, con misiones de «agentes de seguridad y convivencia». Dichos agentes aplican políticas preventivas contra los delitos y actúan como una policía de educación cívica.

Art. XXVII – MECANISMOS DE PREVENCIÓN

  1. Las ciudades signatarias implantan en su territorio mecanismos preventivos:

–  mediadores sociales o de barrio, en particular en las zonas más vulnerables.

– Ombudsman municipal o Defensor del pueblo, como institución independiente e imparcial.

  1. Para facilitar el ejercicio de los derechos incluidos en esta Carta y someter al control de la población el estado de su concreción, cada ciudad signataria crea una comisión de alerta compuesta por ciudadanos y ciudadanas, encargada de la evaluación de la aplicación de la Carta.

Art. XXVIII – MECANISMOS FISCALES Y PRESUPUESTARIOS

  1. Las ciudades signatarias se comprometen a establecer sus presupuestos de manera que las previsiones de los ingresos y de los gastos permitan hacer efectivos los derechos enunciados en esta Carta. Para ello, pueden implantar un sistema de «presupuesto participativo». La comunidad de los ciudadanos y ciudadanas, organizada en asambleas por barrios o sectores, o incluso por asociaciones, podrá expresar de este modo su opinión sobre la financiación de las medidas necesarias para la realización de dichos derechos.
  1. Las ciudades signatarias se comprometen, en aras al respeto de la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas ante las cargas públicas, a no permitir que las zonas o las actividades que se hallan bajo su competencia escapen a la legalidad en materia social, fiscal, ambiental o de cualquier otra índole; y actúan de manera que las zonas de excepción a la legalidad desaparezcan allí donde existen.

DISPOSICIÓN FINAL

VALOR JURÍDICO DE LA CARTA Y MECANISMOS PARA SU APLICACIÓN

  1. Una vez adoptada, esta Carta quedará abierta a la firma individualizada de todas las ciudades que se adhieran a este compromiso.
  1. Las ciudades signatarias incorporán al ordenamiento local los principios y normas así como los mecanismos de garantía contemplados en esta Carta y la mencionan explícitamente en los fundamentos jurídicos de los actos municipales.
  1. Las ciudades signatarias reconocen el carácter de derecho imperativo general de los derechos enunciados en esta Carta y se comprometen a rechazar o a denunciar cualquier acto jurídico, y en particular todo contrato municipal, cuyas consecuencias fueran un obstáculo a los derechos reconocidos o fueran contrarias a su realización, y a actuar de tal modo que los demás sujetos de derecho reconozcan también el valor jurídico superior de dichos derechos.
  1. Las ciudades signatarias se comprometen a reconocer esta Carta mediante su mención expresa en todas las ordenanzas y reglamentos municipales, como primera regla jurídica vinculante de la ciudad.
  1. Las ciudades signatarias se comprometen a crear una comisión encargada de establecer, cada dos años, una evaluación de la aplicación de los derechos reconocidos por la presente Carta, y a hacer pública dicha evaluación.
  1. La Reunión de la Conferencia Ciudades por los Derechos Humanos, constituida como asamblea plenaria de las ciudades signatarias, decidirá implantar un mecanismo de seguimiento apropiado para verificar la recepción y el cumplimiento de esta Carta por las ciudades signatarias.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA

Las ciudades signatarias se comprometen a actuar ante sus Estados a fin de que las legislaciones nacionales de éstos permitan la participación de los ciudadanos y ciudadanas residentes no nacionales en las elecciones municipales, tal y como queda expresado en el Artículo VIII.2 de la presente Carta.

SEGUNDA

Con el fin de permitir el control jurisdiccional de los derechos contenidos en esta Carta, las ciudades signatarias se comprometen a solicitar a sus Estados y a la Unión Europea que completen las declaraciones constitucionales de los Derechos Humanos o la Convención Europea de Derechos Humanos.

TERCERA

Las ciudades signatarias elaborarán y ejecutarán Programas Agenda 21, en aplicación de los acuerdos adoptados en la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y  Desarrollo, que se celebró en Rio de Janeiro en 1992.

CUARTA

En caso de conflicto armado, las ciudades signatarias velarán por el mantenimiento del gobierno de la municipalidad en el respeto a los derechos proclamados en esta Carta.

QUINTA

La firma del representante de la ciudad presente el dieciocho de Mayo de 2000 en Saint-Denis está sujeta a su ratificación por el Pleno Municipal que podrá establecer las reservas al texto del articulado que considere adecuadas.

Hecho en la ciudad de Saint-Denis, a dieciocho de mayo de dos mil.

Saint Denis, Francia, 18 de Mayo de 2000.

ALGUNAS DE LAS CIUDADES FIRMANTES

Anvers – Antwerppen

Alcalá de Henares

Almeria

Alcobendas

Angers

Argentona

Aubervilliers

Badalona

Badía del Vallés

Bangor

Barcelona

Belfast

Bergen

Bobigny

Budapest

Caudebec  Lès  Elbeuf

Cerdanyola del Vallés

Charleroi

Chatellerault

Córdoba

Corvera de Asturias

Creteil

Cubelles

Donostia-San Sebastián

Esplugues de Llobregat

Evreux

Ginebra

Gernika-Lumo

Girona

Granollers

Grenoble

Irún

Ivry sur Seine

Korydalos

L’Hospitalet de Llobregat

La Courneuve

Las Cabezas  de San Juan

La Rochelle

Laviana

Lebrija

Liège

Lille

Ljubjana

Lyon

Lleida

Madrid

Mataró

Molins de Rei

Mollet del Vallés

Montauban

Móstoles

Nantes

Nüremberg

North Lanarkshire

Orleans

Pau

Poitiers

Quimper

Reus

Reze

Sabadell

Saint Denis

Sant Boi del  Llobregat

Santa Coloma de Gramenet

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Strasbourg

Terrassa

Torino

Tuzla

Utrera

Valencia

Venecia

Villeneuve le Roi

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre autorización de la incoación del expediente de información pública del proyecto de restauración hidrológico forestal de la cuenca vertiente del río Darro sobre el casco urbano de Granada

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre autorización de la incoación del expediente de información pública del proyecto de restauración hidrológico forestal de la cuenca vertiente del río Darro sobre el casco urbano de Granada. Término municipales: Granada, Huétor Santillán y Beas de Granada (Granada). Clave: GR(DT)-5336.

BOE, 10-08-2015

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Reglamento de Juntas Municipales de Distrito. 2015

Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento de Juntas Municipales de Distrito.

Habiendo transcurrido el plazo de presentación de alegaciones contra el acuerdo de aprobación inicial de la modificación del Reglamento de Juntas Municipales de Distrito, el Excmo. Ayuntamiento Pleno en su sesión ordinaria celebrada con fecha treinta de enero de dos mil quince, adoptó acuerdo núm. 65 en el que, una vez resueltas las alegaciones presentadas, se acordó por mayoría (14 votos a favor y 10 abstenciones) aprobar definitivamente la modificación del Reglamento de Juntas Municipales de Distrito, procediéndose en consecuencia a la publicación íntegra del texto del citado Reglamento, al objeto de su entrada en vigor, conforme al artículo 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local. 

REGLAMENTO DE JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO

Artículo 1. Las Juntas Municipales de Distrito se configuran como órganos de desconcentración administrativa municipal y de participación ciudadana en el que los vecinos/as integrados/as en el ámbito de un Distrito, podrán realizar propuestas, solicitar y recibir información y supervisar el control de la gestión municipal para la resolución de los problemas en el ámbito del mismo. Así como participar a través de los órganos creados al efecto en el presente Reglamento, en la gestión de las competencias delegadas en la Junta Municipal de Distrito.

Artículo 2. El Pleno del Ayuntamiento, mediante acuerdo ordinario, determinará el número de Juntas Municipales de Distrito y el ámbito territorial que corresponda a cada una de ellas, con independencia de los límites territoriales que cada Asociación de Vecinos establezca en sus Estatutos. El Pleno del Ayuntamiento de igual manera, establecerá unos límites de actuación administrativa con las Asociaciones de Vecinos, que serán los más aproximados a sus respectivos ámbitos territoriales.

Artículo 3. El proceso de desconcentración y participación ciudadana tiene por objeto un mayor acercamiento del Gobierno Municipal a la ciudadanía, un aumento cualitativo y cuantitativo de los Servicios Municipales, la reducción de las desigualdades y desequilibrios entre las diversas zonas del territorio municipal. Al objeto de coordinar, de manera eficaz y dinámica, el desarrollo de las competencias municipales y la gestión administrativa del término municipal de la ciudad de Granada, se constituirá, en cada uno de los distritos aprobados, una Junta Municipal de Distrito, cuyas competencias, composición y funciones se establecen en el presente Reglamento.

Artículo 4. Corresponden a la Junta Municipal de Distrito, sin perjuicio de aquellas que les sean delegadas, las siguientes funciones:
a) Fomentar las relaciones entre los vecinos/as del distrito y la Corporación Municipal, facilitando la participación de estos/as en la gestión municipal.
b) Informar y/o ser informados sobre los planes y proyectos de actuaciones municipales, así como de cualesquiera otros asuntos que afecten a su territorio.
c) Elaborar anualmente un estudio sobre las necesidades de mejora en el distrito.
d) Promover, a través de las fórmulas de comunicación que se estimen más convenientes, la máxima información a los/as vecinos/as de la gestión municipal, reivindicaciones vecinales y otros asuntos de interés que afecten, de forma especial, a su ámbito territorial.
e) Organizar e incentivar la animación sociocultural en el distrito.
f) Emitir los informes que se soliciten desde las distintas áreas municipales sobre las actuaciones que se vayan a ejecutar en el distrito.
g) Examinar las peticiones e iniciativas individuales y/o colectivas de los/as vecinos/as, entidades públicas y/o privadas, para su remisión a los órganos municipales correspondientes, a los que se acompañará el informe, no vinculante, emitido por el Pleno de la Junta Municipal de Distrito.
h) Organizar y promover, conjuntamente con otra u otras Juntas Municipales de Distrito, actuaciones que favorezcan la resolución de problemas o situaciones que se consideren comunes a las mismas.

Artículo 5. La Junta Municipal de Distrito tendrá competencias administrativas que permitan la tramitación de todos aquellos procedimientos administrativos municipales que se establezcan, sin detrimento del criterio de la unidad municipal correspondiente.

Artículo 6. En cada uno de los distritos se establecerá una oficina municipal, con dotación de los medios humanos y materiales necesarios para la ejecución de sus competencias.
La sede de esta oficina municipal acogerá, además, la Presidencia de la Junta Municipal de Distrito.

Artículo 7. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 128 de la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local, en las bases de ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento y/o de la Gerencia de Urbanismo, se establecerá un porcentaje mínimo de los recursos presupuestarios que deban gestionarse por el distrito. Asimismo, se incluirán las correspondientes dotaciones económicas para ayudas, subvenciones, convenios de colaboración, etc.

Artículo 8. La Junta Municipal de Distrito estará integrada por: El/la Presidente/a; el Pleno y las Comisiones de Trabajo.

Artículo 9. El/la Presidente/a de la Junta Municipal de Distrito será un/a Concejal/a del Ayuntamiento, designado por el/la Alcalde/sa. En caso de dimisión o cese, el/la Alcalde/sa, en el plazo de un mes, designará al/a nuevo/a Presidente/a. En el supuesto de ausencia por enfermedad, podrá ser sustituido, hasta su incorporación, por otro Concejal/a.

Artículo 10. Son funciones del Presidente/a de la Junta Municipal de Distrito, las siguientes:
a) Presidir el Pleno de la Junta Municipal y las Comisiones de Trabajo
b) Representar al Ayuntamiento y Corporación Municipal en el distrito
c) Dirigir el gobierno y la administración del distrito
d) Convocar y dirigir las Sesiones Plenarias de la Junta Municipal de Distrito y de las Comisiones de Trabajo
e) Ejecutar, supervisar e informar el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el Pleno de la Junta Municipal de Distrito
f) Velar por el cumplimiento del presente Reglamento y el buen funcionamiento de la Junta Municipal de Distrito
g) Fomentar la relación y comunicación entre todas las Asociaciones, Colectivos y Entidades del distrito
h) Coordinar las relaciones de la Junta Municipal de Distrito con las distintas áreas de trabajo del Ayuntamiento y otras administraciones públicas
i) Otras que puedan delegarle los distintos órganos municipales, tanto colegiados como unipersonales.

Artículo 11. El Pleno de la Junta Municipal de Distrito es un órgano colegiado de participación ciudadana, asesoramiento y consulta, cuyo ámbito de competencia es el distrito. Asimismo corresponde al Pleno de la Junta Municipal la representación colectiva del Distrito.

Artículo 12. El Pleno del Distrito estará integrado por los/las siguientes miembros:
a) El/la Presidente/a
b) Cinco vocales, que representarán a los grupos políticos municipales, preferentemente con residencia en el Distrito, y que serán nombrados por el/la Alcalde/sa a propuesta de sus respectivos grupos municipales y se distribuirán proporcionalmente a su representación en el Ayuntamiento.
c) Un vocal, representante de cada una de las asociaciones de vecinos inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, y cuya sede social se encuentre en el ámbito territorial del distrito. Dicho/a vocal será nombrado/a por la Alcaldía a propuesta de la respectiva asociación de vecinos.
d) Dos vocales representantes de las entidades en que se encuadran las diferentes organizaciones ciudadanas (asociaciones culturales, deportivas, juveniles, mayores, mujeres, recreativas, etc.) que defiendan los intereses sectoriales de los/las ciudadanos/as, que tengan sede social en el distrito y estén inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. Serán nombrados por la Alcaldía conforme al procedimiento previsto en el presente Reglamento
e) El/la Secretario/a General o funcionario/a designado por el mismo, con voz y sin voto.

De todos/as y cada uno de los/as vocales que integran el Pleno se designará un/a suplente.

Artículo 12 bis. Procedimiento para la elección de los/las vocales en representación de las organizaciones ciudadanas.
El procedimiento para la elección de los/las vocales a que se refiere el artículo 12 d) del presente Reglamento será el siguiente:
a) Una vez celebrada la sesión del Pleno de organización de la Corporación, se abrirá un plazo de diez días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de su anuncio de apertura, para la presentación de candidaturas de las entidades que estén inscritas, a la fecha de publicación del referido anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, excluidas en todo caso las asociaciones de vecinos previstas en el artículo 12 c) del presente Reglamento.
La presentación de candidaturas se realizará mediante escrito o instancia en el Registro General Municipal de Entrada de Documentos, así como por cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En dicho escrito o instancia se consignará Participación Ciudadana como área de tramitación, y contendrá, además de los requisitos previstos en el artículo 70 de la precitada Ley 30/1992, el nombre completo de la entidad candidata que figura en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.
b) Finalizado el plazo para la presentación de candidaturas, se resolverá, mediante Decreto de Alcaldía, su proclamación. Dicha proclamación será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, con indicación expresa de la fecha, horario y lugar de votación, disponiendo mientras tanto las candidaturas proclamadas de un periodo para la difusión de las mismas. 
En cualquier caso, de las candidaturas presentadas y del día de la votación se dará publicidad en la web institucional del Ayuntamiento de Granada.
c) Llegado el día de la votación, se constituirá una Mesa electoral, formada por:
• Un Presidente/a: el Illmo. Sr. Concejal-Delegado de Participación Ciudadana o persona en quien haya delegado.
• Dos Secretarios/as, que asumirán las funciones de Secretaría respecto de las Juntas Municipales de Distrito que tengan asignadas.
• Dos vocales, designados/as de entre personal funcionario adscrito a la Concejalía de Participación Ciudadana.
d) Ante dicha Mesa Electoral, podrán ejercer el derecho de voto quien ostente la presidencia o representación legal de cada entidad ciudadana inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, hayan o no presentado candidatura, excluidas las asociaciones de vecinos. El derecho a ejercer el voto se acreditará, en el momento de la votación: en el caso de que lo ejerza la presidencia, mediante presentación de su Documento Nacional de Identidad; en otro caso, mediante la presentación de escrito de apoderamiento notarial o certificado del acuerdo del órgano interno que atribuya tal representación.
e) Cerrada la votación, se procederá al recuento de los votos emitidos, de lo que se extenderá Acta de escrutinio por el/la Secretario/a, que contendrá mención expresa del número de electores que haya en la Mesa, de votantes, de los votos obtenidos por cada candidatura, de los votos en blanco y de los votos nulos, así como de todas las incidencias acaecidas durante el escrutinio. El acta de escrutinio será firmada por la Presidencia, los Vocales y los/las Secretarios/as.
f) A la vista del Acta de escrutinio, la Presidencia de la Mesa Electoral elaborará propuesta de nombramiento de candidaturas electas, que será elevada a Alcaldía para su nombramiento por Decreto. Dicho Decreto será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia

Artículo 13. Sesión constitutiva de la Junta Municipal de Distrito.
La sesión constitutiva de la Junta Municipal de Distrito será convocada en el plazo máximo de dos meses a contar desde el día siguiente al de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del Decreto de nombramiento de candidaturas electas

Artículo 14. La duración del cargo de vocal de la Junta Municipal de Distrito se corresponderá con el mandato de la Corporación Municipal.
La baja como vocal se extinguirá por las siguientes causas:
a) Finalización del mandato corporativo para el que fue nombrado/a.
b) Renuncia expresa presentada ante el Area de Participación Ciudadana o presidente/a de la respectiva Junta Municipal de Distrito.
c) Fallecimiento.
d) Cese por el órgano que propuso el nombramiento.

Artículo 15. Los grupos municipales, asociaciones de vecinos/as y organizaciones ciudadanas representadas en el Pleno de la Junta Municipal de Distrito, podrán retirar su confianza en el vocal o vocales que los representan en dicha Junta. La propuesta de cese y nuevo nombramiento, deberá ser dirigida al Área de Participación Ciudadana, quien la tramitará ante el/la Alcalde/sa, para que en el plazo máximo de un mes proceda a formalizar dicho nombramiento.

Artículo 16. Corresponden al Pleno de la Junta Municipal de Distrito, las siguientes funciones:
1) Conocer, debatir e informar el Presupuesto Municipal.
2) Proponer actuaciones e inversiones en el distrito a través del presupuesto municipal y/o de la Gerencia de Urbanismo.
3) Conocer e informar de las actuaciones y planes urbanísticos que afecten al distrito.
4) Conocer y debatir de cuantas actuaciones sean llevadas cabo por las distintas áreas municipales en el ámbito del distrito.
5) Debatir las peticiones, propuestas y sugerencias presentadas por los vocales de la Junta, así como de aquellas que, debidamente razonadas, se presenten de manera individual o colectiva por los vecinos y/o vecinas, organizaciones y colectivos pertenecientes al distrito.
6) Proponer a los órganos municipales de gobierno asuntos para su inclusión en el orden del día de las sesiones.
Igualmente, podrán presentarse propuestas de acuerdo, resoluciones e interpelaciones a los órganos municipales colegiados e individuales.
7) Celebrar anualmente el debate del estado del Distrito.

Artículo 17. El Pleno de la Junta Municipal de Distrito se reunirá mensualmente, con carácter ordinario, y con carácter extraordinario previa declaración de urgencia por el/la Alcalde/sa, a propuesta de:
a) El/la Presidente/a de la Junta Municipal de Distrito.
b) La mitad de los vocales representados/as en la Junta Municipal de Distrito.
Recibida la petición para celebrar sesión extraordinaria del Pleno de la Junta, y declarada la urgencia de dicha convocatoria, el/la Presidente/a de la misma, procederá, formalmente, a convocar dicha sesión en el plazo máximo de cinco días hábiles.

Artículo 18. La convocatoria del Pleno de la Junta Municipal de Distrito, junto con el orden del día y el acta de la sesión anterior, será entregada a los/as vocales miembros del pleno con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas. Para las sesiones extraordinarias el plazo de entrega de documentación será de veinticuatro horas de antelación.

Artículo 19. Las sesiones del Pleno de la Junta Municipal de Distrito serán públicas y se celebrarán habitualmente en la sede de dicha Junta Municipal de Distrito. Si por algún motivo, debidamente justificado, no se pudiera realizar la sesión en la sede de la Junta Municipal, ello se hará constar, de forma expresa, en la convocatoria.

Artículo 20. El Pleno de la Junta Municipal de Distrito se considerará válidamente constituido, en primera convocatoria, con la asistencia de un tercio del número legal de miembros que lo componen y en segunda convocatoria con los miembros presentes en ese momento.
En ambos casos, para iniciar la sesión, será obligatoria la presencia de al menos el/la Presidente/a y el/la Secretario/a de la Junta Municipal de Distrito.

Artículo 21. Para adoptar acuerdos validamente, el Pleno de la Junta Municipal de Distrito deberá estar constituido conforme a lo establecido en el artículo anterior.
Los acuerdos serán válidos una vez aprobados por la mayoría simple de los miembros asistentes al Pleno.
Se entiende que es mayoría simple cuando los votos positivos superan los negativos o los de propuestas alternativas, sin contar las abstenciones, los votos en blanco y los nulos. En caso de empate, el/la Presidente/a dirimirá con el voto de calidad.
Se entenderán aprobadas por asentimiento las propuestas que haga el/la Presidente/a cuando, una vez anunciadas, no susciten objeción u oposición.
El voto de los miembros del Pleno es personal e indelegable.

Artículo 22. El orden de intervención en el Pleno de los vocales miembros, será el de petición de palabra. Ningún miembro del Pleno podrá intervenir sin haber pedido y obtenido del Presidente/a la palabra. Existirá un máximo de hasta dos turnos de palabra y el cierre de una discusión sobre los puntos del orden del día, lo acordará el/la Presidente/a, previa convocatoria de un turno cerrado.
En cualquier caso el/la Presidente/a de la Junta Municipal de Distrito deberá ordenar y/o podrá modificar lo establecido en el presente artículo.
El resto de asistentes a la Junta Municipal de Distrito que no formen parte de la misma no podrán intervenir, salvo decisión de la presidencia, en los puntos ordinarios del Orden del Día.

Artículo 23. Finalizada la sesión plenaria, el/la Presidente/a de la Junta Municipal de Distrito, podrá establecer un turno cerrado de ruegos y preguntas para el público asistente, sobre asuntos concretos de interés en el distrito. El tiempo para formular el ruego o pregunta será distribuido por el/la Presidente/a, en función de las intervenciones solicitadas. El público asistente a las sesiones del Pleno de la Junta Municipal deberá mantener siempre silencio y orden.
Las personas o entidades ciudadanas no representadas oficialmente en la Junta Municipal de Distrito podrán solicitar de la presidencia de ésta y a través del Área de Participación Ciudadana, la intervención en la sesiones plenarias, para temas que afecten de forma directa al ámbito del Distrito, solicitándolo y justificándolo por escrito con una antelación no inferior a los diez días hábiles anteriores a la convocatoria de la sesión y haciendo constar en la misma el sentido literal de su intervención, a la que deberá atenerse en caso de ser aceptada. 
Una vez aceptada dicha intervención, esta será incorporada en la convocatoria del Pleno de la Junta Municipal de Distrito, aclarando la condición de intervenciones del público.
Una vez finalizado el Orden del Día de la sesión Plenaria, se procederá a dar respuesta, si fuese necesario, a la/s intervenciones del público.

Artículo 24. Asistencia de miembros de la Corporación Municipal que no ostenten la condición de vocales a las sesiones de la Junta Municipal de Distrito.
La asistencia a las sesiones del Pleno de la Junta Municipal de Distrito de miembros de la Corporación municipal que no ostenten la condición de vocales se regirá por lo previsto para el público asistente en el artículo 23 del presente Reglamento.

Artículo 24bis. Difusión de las sesiones.
En todo caso, las personas asistentes a las sesiones plenarias podrán realizar la grabación de las mismas por sus propios medios, respetando el funcionamiento ordinario de la institución

Artículo 25. El/la Secretario/a del Pleno y de la Junta Municipal de Distrito levantará acta de cada sesión y enviará copia de la misma a los vocales miembros de la Junta, y a la Concejalía de Participación Ciudadana.

Artículo 26. En todos los distritos deberán constituirse Comisiones de Trabajo que podrán ser de carácter permanente o temporal, según las necesidades del propio distrito y dentro de su ámbito de competencias. Tendrán carácter permanente las de: Urbanismo y Cultura.
Las Comisiones de Trabajo serán aprobadas por el Pleno de la Junta Municipal de Distrito.

Artículo 27. Los miembros que formen parte de las Comisiones de Trabajo lo deberán ser también del Pleno de la Junta Municipal. El número de miembros que compondrán cada una de las Comisiones de Trabajo será aprobado por el Pleno de la Junta, respetando los criterios de representación establecidos en el artículo 12 de este Reglamento. Podrán participar como invitados a estas Comisiones de Trabajo, todas aquellas organizaciones ciudadanas o colectivos que lo soliciten y justifiquen su interés en la temática objeto de la Comisión de Trabajo.
Igualmente, podrán participar en las sesiones de la Comisiones de Trabajo, los restantes miembros de la Corporación Municipal cuando por los asuntos a tratar se requiera. Será de aplicación lo anterior para los técnicos municipales.
El Coordinador de cada Comisión de Trabajo será el Presidente de la Junta Municipal de Distrito o persona en quien delegue.
El Secretario de las Comisiones de Trabajo será elegido por los miembros de las mismas.

Artículo 28. Las sesiones de las Comisiones de Trabajo tendrán, preferentemente, una periodicidad mensual.

Artículo 29.- Las propuestas, dictámenes, etc., que sean aprobados por las Comisiones de Trabajo serán elevados al Pleno de la Junta Municipal de Distrito para su estudio y toma en consideración.

Artículo 30.Por razones de carácter específico y de interés general para dos o más Juntas Municipales de Distrito, podrán crearse Comisiones de Trabajo mixtas que tendrán carácter paritario. La Coordinación de las mismas se llevará a cabo por los/as Presidentes/as de las Juntas Municipales de Distrito implicadas.

Artículo 31.Por los servicios centrales del Ayuntamiento se prestará, en el ámbito propio y en la medida que fuera posible, apoyo y asesoramiento a la Junta Municipal de Distrito.

Artículo 32. Para lo no previsto en este Reglamento, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Participación Ciudadana, en el Reglamento Orgánico Municipal y en defecto propondrá el Pleno del Consejo de Participación Vecinal y dictaminará el Ayuntamiento Pleno.

Granada, 9 de febrero de 2.015
LA SECRETARIA GENERAL
Fdo.: Mercedes López Domech

Ordenanza de canalizaciones y redes de servicios

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE CANALIZACIONES Y REDES DE SERVICIOS 
BOP de 10-09-2014


CAPITULO I 

Artículo 1. Objeto. 
1. La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de las condiciones de planificación y ejecución de las distintas redes de servicios que discurren tanto por el subsuelo, suelo y vuelo de las vías y espacios públicos, así como en fincas particulares para establecer, conservar, ampliar, renovar y reparar conducciones y conexiones de agua, gas, electricidad, vapor, aire a presión, líneas de telecomunicaciones y demás servicios análogos.Seguir Leyendo