|
"No entendemos de igual
forma el alcance y los límites que debe tener la conservación,
protección y revitalización" del histórico barrio de la ciudad
HAY territorios que, por diferentes
motivos, (culturales, históricos, sociales, económicos...), se
convierten en un escenario donde el conflicto puede llegar a definir
buena parte de su identidad. Este es el caso del barrio del Albaicín. En
el pasado hubo conflictos por el derecho y el uso del agua, como
atestiguan los numerosos documentos de carácter judicial que se
conservan. Hoy, como ayer, existen conflicto -a veces verdaderos
enconamientos- por la altura de los edificios, (la contemplación del
paisaje natural o monumental a través de las ventanas, de las vistas), o
por la ocupación del suelo, debido a su escasez o bien por la
utilización de determinados elementos constructivos u ornamentales.
Conflicto no sólo entre vecinos, sino también entre administraciones,
como ocurre con el empedrado, o entre vecinos y administración, ya sea
por lo que esta última prohíbe, permite o ignora.
En algo parece que todo el mundo está de acuerdo: El Albaicín debe
conservarse, protegerse, recibir inversiones, generar consenso. Y esto
es así porque el Albaicín, la Alhambra y la Vega tal vez conforman la
tríada más potente de la identidad de los granadinos.
Lo que ocurre es que no todos entendemos de igual forma el alcance y los
límites que debe tener la conservación, la protección, la
revitalización, y mucho menos todo a la vez.
En el ámbito institucional existen dos administraciones, la local y la
autonómica, en permanente conflicto. El planeamiento de protección
especial del Albaicín data del año 1991. Fue un documento necesario que
estableció los límites a los que antes nos referíamos y que abrió las
puertas para que la UNESCO declarara el barrio Patrimonio de la
Humanidad. En el año 2008, el PP en el Ayuntamiento de Granada, en el
ejercicio de su competencia, inició los trabajos para redactar un nuevo
Plan Especial de Reforma Interior para el Albaicín, incorporando al
Sacromonte. A día de hoy, estos trabajos no se sabe muy bien en qué
situación se encuentran. Las hemerotecas recogen el peregrinar de este
documento de planeamiento y el debate en el que se reparten culpas la
administración que redacta, el Ayuntamiento de Granada, y la
administración cuyo informe para la aprobación del Plan es vinculante,
la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Cultura.
Más allá de los titulares y de las razones esgrimidas, lo que está claro
es el modelo de protección y revitalización que el PP propone desde el
Ayuntamiento. Y la palabra que define este modelo es libertad. Si desde
la oposición socialista lamentamos la proliferación del uso hotelero en
la Carrera del Darro, el PP esgrime como argumento la libertad de los
empresarios para invertir como quieran. Si lamentamos la pérdida de
población, la respuesta es la libertad: ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento
si un vecino decide no vivir en el Albaicín? Libertad, como principio
rector, ideológico, frente al coñazo de la Consejería de Cultura que
sólo viene a poner trabas, que sólo prohíbe.
Lo que ocurre es que la libertad del PP no es tal. Hay una evidente
intervención pública desde el Ayuntamiento de Granada con el objetivo de
potenciar usos turísticos frente a usos residenciales, cuya consecuencia
es pérdida de población, su envejecimiento y el deterioro de una
arquitectura popular que es lo que en realidad cualifica al barrio, lo
que motivó la declaración del Albaicín como Patrimonio de la Humanidad.
También es intervención pública si el excesivo uso hostelero de la calle
Elvira no encuentra límite. Igualmente, en el documento del año 2008, la
voluntad intervencionista del PP era evidente por más que ellos declaren
una total libertad: como el fomento de nuevas urbanizaciones en el Cerro
de San Miguel o una red de aparcamientos en Plaza Nueva o el Rey Chico,
o la creación de nuevos viales que conecten con la Ronda Este.
Es decir, el PP en el Ayuntamiento de Granada no se corta a la hora de
hablar de libertad cuando en realidad planifica un modelo de
intervención que prima determinados usos frente a otros con una
movilidad que, sin lugar a dudas, ponen en peligro la conservación del
barrio y la permanencia de sus vecinos, desembocando todo en un gran
parque temático. Un modelo que, más que libertario, podemos definir de
intervencionista con el objetivo de generar un determinado tipo de
modelo económico basado en el ladrillo del que esta crisis ya ha dado
muestras más que suficientes.
Mientras tanto, la izquierda, también desde las instituciones, nos
enfrentamos a este modelo con remilgos porque ha calado la falsa idea de
que la conservación es prohibición, en lugar de límites a la acción del
hombre, de la sociedad, sobre un territorio patrimonial. Es una tarea
dura, pero o llevamos a gala la necesidad de intervenir en el Albaicín,
desde la premisa de la conservación y la revitalización, donde haya un
equilibrio entre los diferentes usos y potencialidades que el barrio
ofrece, incluido el turístico, o no podremos poner freno a un modelo
depredador del territorio basado en el principio de la libertad, pero
que es intervencionismo puro y duro y que, además, atenta contra los
valores de todo tipo que definen el Albaicín. |