PRENSA: La Junta incumple su compromiso de darle protección BIC al Valle del Darro

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico llega al fin adelantado de legislatura con un importante compromiso con el patrimonio granadino pendiente.

El Independiente, 01-05-2022

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico llega a este fin de legislatura adelantado con un importante compromiso pendiente en Granada: la protección BIC del Valle del Darro. El pasado enero, cuando arreciaban las críticas por la decisión de la Junta de mantener el enclave sin ese plus de protección que aleja cualquier tentación especulativa en el entorno, y después del tirón de orejas que dieron instituciones como la UGR, el CSIC o la Real Academia de Bellas Artes, el delegado territorial de Cultura y Patrimonio Histórico se comprometió con la Plataforma en Defensa del Río Darro a tramitarlo de urgencia. 

«El Valle del Darro estará protegido por un BIC en menos de tres meses», fue lo que trasladó a la plataforma que reúne a vecinos de Albaicín y Sacromonte y organizaciones de acreditada trayectoria como el Ateneo de Granada o el Centro Artístico Literario y Científico, Ecologistas en Acción, así como Museos Cuevas del Sacromonte y Oppidum Eléberis, entre otras.

Ese plazo ya se ha cumplido sin que, hasta el momento, Cultura haya dado ese paso. 

Además de esa urgencia a la que se comprometió la propia Junta, el delegado Antonio Granados trasladó a la plataforma la intención de que la protección se extendiera a todo el enclave. Antes de esa reunión, públicamente la Junta había sugerido la posibilidad de revisar la extensión del BIC.

La protección BIC del Valle del Darro quedó anulada mediante sentencia del TSJA en 2020. Aunque públicamente la Junta transmitió la idea de que reactivaría el expediente de inmediato, en realidad la Administración autonómica se aferró a una interpretación legal, equiparando los efectos de esa anulación judicial con una caducidad del expediente. Esa equiparación le permitía esperar tres años antes de reforzar la protección de un espacio patrimonial único y de un valor paisajístico e histórico incalculable. 

Para evitarlo, la Universidad de Granada, los centros adscritos al CSIC, como al Escuela de Estudios Árabes y la Ademia de Bellas Artes se movilizaron y, amparándose en la misión que le encomienda la Ley de Patrimonio de Andalucía, la misma en la que se escudaba la Junta para no actuar, solicitaron que se tramitara de urgencia. Con esa petición, como recoge la ley, ya no cabían tres años de espera. 

El comité que asesora a la Unesco ha pedido mecanismos «suficientes» para garantizar la preservación del Valle

Sobre la importancia de darle la suficiente protección al Valle del río Darro se ha pronunciado también en estos meses el comité que asesora a la Unesco. A propósito de uno de los proyectos que se impulsan en las faldas de la Alhambra, la recuperación del Paseo de Romayla, Icomos ha solicitado «encarecidamente» que la futura protección patrimonial que se le dé, además del nuevo PGOU, «establezcan mecanismos suficientes para la preservación y defensa de dicho Valle» que, como recuerda en su alegación, «atesora una extraordinaria diversidad de valores patrimoniales, culturales y ambientales muy relevantes». Igualmente solicitó que se coordinaran las actuaciones «siempre en clave de protección».

La Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico ha expresado públicamente sus dudas respecto a la necesidad de aprobar este BIC, que quedó anulado al considerar el TSJA que había un defecto de forma en la notificación a uno de los propietarios. Según datos de la Junta, el expediente afecta a 1.600 parcelas. Alega la Junta que hay protección urbanística, la que otorgan planes como el general de ordenación urbana; o la presencia de la propia Alhambra.  Pese a ello y ante las críticas por no entender la dimensión del Valle del Darro, accedió a rectificar. 

La convocatoria electoral no impide las reuniones del Consejo de Gobierno por el que debe pasar el expediente. De hecho, tras convocar los comicios, se celebró una sesión ordinaria. 

Pese a todo, la mayor preocupación de los colectivos, partidos e instituciones que reclamaban este paso es que la convocatoria electoral se cruzara en el camino. Sospechaban que la Junta solo quería ganar tiempo para llegar al punto en el que estamos y ampararse ahora en las elecciones para retrasar la medida. 

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