PRENSA: Los problemas del alquiler turístico

Es necesaria una regulación efectiva y conjunta que recoja los intereses contrapuestos en esta selva del sector.

Leer en El Periódico, 07-07-2018

A raíz de la implantación de plataformas como Airbnb o Homeaway y, en parte, también por la exclusión de las viviendas turísticas de la ley de arrendamientos urbanos en el 2013, España se ha convertido en los últimos años en uno de los países con más oferta de este tipo, hasta llegar a una cifra que ronda las 450.000 y que, en muchas ciudades, es superior a la de los alojamientos reglados.

Ante este panorama se han sucedido las críticas y las quejas de los vecinos afectados por un fenómeno que ha representado un cambio de costumbres y la introducción de un nuevo tipo de turismo que ha contribuido de manera considerable al aumento de los precios de alquiler y a la gentrificación de muchos barrios, sin contar con desacuerdos vecinales por la utilización de unas viviendas con nuevos vecinos ocasionales que inciden en la vida cotidiana. Además, desde el sector hotelero y desde otros agentes turísticos se ha polemizado por la falta de una regulación efectiva y, en determinados momentos, por una competencia desleal.

Caos legal por falta de marco normativo

Uno de los problemas principales que generan las viviendas turísticas es la no existencia de una legislación global en todo el territorio que marque las pautas generales, como ocurre con los arrendamientos convencionales. Ello ha ocasionado un caos legal al que han hecho frente autonomías y ayuntamientos con normativas propias que van desde la restricción a la permisividad, en función de los casos.

Existen decisiones comunes, como por ejemplo la obligación de llevar a cabo una declaración responsable por parte de los propietarios y la inscripción de la vivienda en un registro, pero, a partir de aquí, hay muy diversas maneras de afrontar la casuística. Desde la prohibición casi total en Palma de Mallorca a la división de la ciudad por zonas, desde la denegación de nuevas licencias a la ampliación de las existentes, como ocurre en Barcelona, ciudad pionera en la regulación a través del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT). Asuntos como la determinación de una estancia máxima, la posibilidad o no de destinar una residencia permanente al negocio, la publicidad exterior en los pisos o la delegación de la responsabilidad en las comunidades de vecinos se tratan de forma distinta en toda España. Sería de desear en el futuro una regulación efectiva y conjunta que tuviera en cuenta intereses contrapuestos en esta auténtica selva del alquiler turístico.

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